Presidente de la Corte Suprema pide al Gobierno Petro respetar y acatar los fallos. Le envía fuerte mensaje: “Nadie está por encima de la ley”

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Castillo, respondió vehementemente a las publicaciones emitidas recientemente en las que se cuestionan las decisiones tomadas por las altas cortes y se lanzan, incluso, amenazas.

“La independencia judicial garantiza que nadie está por encima de la ley independientemente del nivel del poder que pueda ostentar”, manifestó el magistrado Castillo en medio de la Gran Cumbre de la Justicia, convocada por la Corporación Excelencia en la Justicia.

En este sentido, señaló que “es deber del Estado proteger a los jueces; atacarlos causa fisuras en los pilares y valores que sostienen su actuación. No pueden los jueces, fiscales, investigadores y magistrados actuar si en la palestra pública se está cuestionando su actuación, que no es otra que aplicar las leyes consignadas en la Constitución y en los códigos en los que se basan sus decisiones”.

En su intervención, recordó que la misma ley otorga una serie de mecanismos cuando el ciudadano no está de acuerdo o no compare los alcances de la decisión judicial. “Si existe alguna duda sobre la actuación de un miembro de la Rama Judicial deben seguirse los procesos adecuados para que se investiguen con pruebas y argumentos cualquier hecho que pueda poner en tela de juicio la credibilidad, la confianza e integridad de quienes representan la justicia”.

En su discurso, el presidente de la Corte Suprema fue claro y contundente. “La independencia judicial protege a la sociedad del despotismo y el autoritarismo, la concentración de poder y la arbitrariedad. Para pensarlo bien el déficit institucional y los ataques a la justicia ponen en riesgo la independencia judicial”.

De esta forma, hizo referencia a las recientes publicaciones del presidente Gustavo Petro y otros integrantes del Gobierno en el que cuestionaron la decisión de la Corte Constitucional que tumbó la norma de la reforma tributaria con la cual el Ejecutivo buscaba recolectar de dos a cinco billones de pesos al año.

“Anunciar un recorte en el presupuesto de la Rama Judicial como consecuencia de una decisión de una alta corte es inaceptable. Prefiero pensar que el Gobierno nacional está muy pendiente de la expedición de la de la ley orgánica y nos empiece a dar las garantías para comenzar a subir el presupuesto al 3 %, que es muy importante para la Rama Judicial”, agregó.

Para el presidente del alto tribunal, estos recursos son clave para garantizar la presencia de la Rama Judicial en todo el país. “Tiene que llegar de manera certera. Los jueces tienen que estar en las regiones, necesitamos jueces en todo el territorio nacional. Los poderes Ejecutivo y Legislativo deben dar ejemplo de confianza en el Poder Judicial y respeto por sus decisiones. Lo contrario atenta contra la autonomía y debilita la confianza del ciudadano en la administración de justicia. Lo contrario es un actuar antidemocrático”.

Por su parte, el presidente del Consejo Superior de la Judicatura, Aurelio Enrique Rodríguez Guzmán se sumó a los cuestionamientos por la amenaza de recorte de presupuesto.

“Es nefasta para la Rama Judicial, necesitamos mayores recursos para poder garantizar un mayor acceso a la administración de justicia a nivel de distritos y juzgados en todo el país. Sería una pésima noticia para el Estado Social de Derecho”, aclaró el magistrado.

En su concepto, si se presenta un recorte no se podrán realizar los planes de expansión y proyección de la Rama Judicial para cumplir con la resolución de conflictos. “El Gobierno nos apropió a través del Congreso 1.2 billones de pesos para la vigencia 2024”.