Presidente de la JEP pide al Gobierno respetar la independencia judicial: “No les está permitido emitir órdenes ni orientaciones sobre el sentido de las decisiones”

El presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Roberto Carlos Vidal, respondió fuerte y directamente a los cuestionamientos que se han presentado en los últimos días sobre los avances de las investigaciones y las decisiones judiciales que se han tomado por las acciones que se registraron durante el conflicto armado interno.

En una misiva de cinco párrafos, el magistrado Vidal manifestó que se debe respetar la independencia de las ramas del poder establecida en la Constitución Política, que ha sido protegida y blindada con el pasar de los años. Pese a que es el tribunal más nuevo, el principio de autonomía también los cobija y debe ser respetado.

“Por lo tanto, al Gobierno y a las extintas Farc-EP no les está permitido emitir órdenes ni orientaciones sobre el sentido de las decisiones de la JEP”, precisó el presidente de la JEP, al recordar que el hecho de que dicho tribunal haya sido creado tras la firma el Acuerdo de Paz en el 2016. Los intervinientes en dicha negociación no cuentan con las facultades para ejercer presiones sobre las decisiones que se emitan.

“Los ciudadanos, las instituciones y las personas sometidas a la JEP tienen distintos mecanismos para controvertir las decisiones de la jurisdicción, tal como lo contemplan las normas que regulan a la Jurisdicción Especial para la Paz y el ordenamiento constitucional colombiano”, aclaró.

Este viernes se conoció la carta enviada por el presidente Gustavo Petro a la ONU, en la que, además de manifestar su apoyo al cumplimiento del Acuerdo de Paz, hizo mención sobre las labores de la JEP. Estas palabras, al parecer, no cayeron muy bien.

En uno de los apartes finales de su comunicación, el jefe de Estado manifestó: “Habrá un empeño adicional para que la Jurisdicción Especial para Paz (JEP) se consolide como modelo, referente, para y de todas las naciones del mundo. De allí que ponga el suscrito de presente que la JEP habrá de cumplir, sin dubitación alguna, con las normas que la crearon para garantizar la justicia”.

Igualmente, sostuvo que “la JEP tendrá que tener en cuenta toda la Competencia Personal a ella asignada. Esta no podrá ser limitada ni condicionada”.

Esto se suma a lo mencionado hace pocos días por el canciller Álvaro Leyva Durán, que manifestó ante el Consejo de Seguridad de la ONU que la JEP se estaba “descarrilando” frente a lo “plasmado con enorme esfuerzo, al estar dejando de lado normas que deben ser aplicadas con todo rigor a favor de las víctimas, teniendo como eje central la verdad, la reparación y la no repetición”.

Por esto, planteó la necesidad de que se revisara la actuación de la JEP para poder así “perfeccionarla”. Las críticas no pararon ahí, pues el Canciller cuestionó la falta de avances. “Se ha limitado la comparecencia de quienes tienen derecho a esta justicia especial (...), se ha condicionado el relato de la verdad, cerrando e impidiendo el paso a que esta, la verdad, llegue plenamente a la JEP y a conocimiento de las víctimas y de la opinión pública en general”.

Estas son las declaraciones del magistrado

El ‘Acuerdo final para la construcción de una paz estable y duradera’ creó un órgano judicial, la Jurisdicción Especial para La Paz (JEP), independiente de todos los poderes públicos. La JEP está encargada de investigar, juzgar y sancionar las graves violaciones a los derechos humanos y las graves infracciones al derecho internacional humanitario cometidas con ocasión del conflicto armado y ocurridas hasta el 1 de diciembre de 2016.

Desde sus inicios, la JEP ha tomado decisiones con absoluta independencia de todos los poderes públicos, únicamente sometida a los mandatos de la Constitución Política y a las normas que rigen el Estado de derecho.

El hecho de que la JEP haya sido creada en virtud del Acuerdo Final de Paz no les confiere tutoría alguna sobre su gestión a las partes firmantes del mismo. Por lo tanto, al Gobierno y a las extintas Farc-EP no les está permitido emitir órdenes y orientaciones sobre el sentido de las decisiones de la JEP.

Los ciudadanos, las instituciones y las personas sometidas a la JEP tienen distintos mecanismos para controvertir las decisiones de la jurisdicción, tal como lo contemplan las normas que regulan a la Jurisdicción Especial para la Paz y el ordenamiento constitucional colombiano.

Esas opciones siempre han estado abiertas. Esto es muy distinto a que una persona o institución ejerza tutoría sobre las decisiones y el funcionamiento de la Jurisdicción. Respetar el ‘Acuerdo final de paz’ es también respetar la autonomía de la JEP.

*Bogotá, 20 de octubre de 2023.