Presidente del Congreso le recuerda a Gustavo Petro su pasado guerrillero

La semana pasada, los presidentes del Senado, Juan Diego Gómez, y de la Cámara, Jennifer Arias, le enviaron una carta a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para fijar su postura por la presunta intromisión de la Corte IDH en asuntos soberanos de Colombia en el caso de Gustavo Petro.

Esa misiva generó el rechazo de Gustavo Petro y varios integrantes de la oposición, quienes manifestaron que los presidentes de Senado y Cámara no representan a todo el Legislativo y estaban fijando posturas personales.

“La carta del presidente del Senado y de la Cámara de representantes a la Corte Interamericana es una confesión. No se trata de opinar sobre una sentencia, el Congreso estaba obligado a cumplirla porque es una sentencia judicial de máximo nivel en el país”, dijo Petro.

Por eso, el tema no quedó ahí y el líder de la Colombia Humana acusó a quienes votaron a favor del Código Disciplinario de apoyar una facultad dictatorial para la Procuraduría General de la Nación y pidió investigaciones en su contra.

El presidente del Congreso escribió en sus redes que, “muy a pesar de algunos opinadores de izquierda y congresistas de oposición, el congreso es una rama autónoma de poder público, legitimada en su representación popular y nadie puede poner en tela de juicio las leyes aprobadas en sus trámites y su rigor legislativo”.

Como toda esta pelea se generó en las redes sociales, Petro le escribió un mensaje a Juan Diego Gómez en el que lo acusó de desacato. “Mi querido senador Juan Diego, desacataste la justicia, al burlarte de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y claro que en democracia las leyes se ponen en tela de juicio, por los tribunales de justicia constitucional y por la ciudadanía misma”.

Gómez no quiso esperar y le respondió de inmediato a Petro; de paso, sin mencionar el M-19, le lanzó una pregunta para recordarle su pasado guerrillero. “Defender la institucionalidad es políticamente correcto cuando se protege una ley aprobada por el Congreso, del cual soy presidente. ¿No estar de acuerdo, en el marco legal, es desacatar? Los argumentos, senador, son mis armas para defender la democracia. ¿Cuáles fueron las suyas?”, escribió Gómez.

Todo este proceso por el que están peleando los congresistas inició cuando Petro, cuando era alcalde de la capital, fue destituido por el entonces procurador Alejandro Ordóñez. El caso llegó a la Corte IDH, tribunal que falló a favor de Petro y aseguró que un funcionario solo puede ser destituido por una autoridad con facultades penales y la Procuraduría tiene solo facultades disciplinarias.

Esta sentencia obligó a Colombia a hacer una reforma a la Procuraduría, en la que se estableció una especie de doble instancia al interior del Ministerio Público, en donde un funcionario es el que investiga y otro distinto es el que juzga. Esta reforma resultó polémica debido a que llevó a la creación de más de 1.200 cargos en la Procuraduría.

Precisamente, la Corte IDH emitió un pronunciamiento frente a esta norma y aseguró que esta no constituye “una medida de cumplimiento a la sentencia”, puesto que se sigue permitiendo que un juez penal restrinja los derechos políticos de los funcionarios elegidos popularmente.