Nación
Presidente Duque anuncia extinción de dominio a propiedades que se usen para la trata de personas
“No vamos a permitir un solo inmueble en Colombia que se preste para ese tipo de abusos”, señaló el mandatario.
Las propiedades que sean usadas para cometer el delito de trata de personas serán objeto de extinción de dominio, advirtió el presidente Iván Duque quien anunció además que se reforzarán las medidas que permitan la judicialización efectiva y el desmantelamiento de estas redes criminales.
El anuncio fue hecho por el primer mandatario durante el acto de firma de una alianza con el sector turístico de Cartagena para implementar el Plan Nacional de Prevención Cero Complicidad, una estrategia del gobierno que busca mitigar los factores asociados al delito de trata de personas.
“La propiedad que se preste para esos delitos, se le aplicará la extinción de dominio. No vamos a permitir un solo inmueble en Colombia que se preste para ese tipo de abusos”, dijo el jefe de Estadio durante el encuentro celebrado en el marco de la conmemoración del Día Mundial de Lucha contra la Trata de Personas.
Agregó que “las medidas que hemos anunciado, las que aplicamos, las que seguiremos aplicando, son solamente una parte fundamental de un compromiso, y es que Colombia quiere ser líder regional para abolir este delito cruel, que le ha causado tanto dolor a la comunidad de nuestro planeta”.
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“En la medida en que apliquemos la extinción de dominio, la judicialización y desmantelemos las redes de tráfico, nosotros seguiremos avanzando hacia una cultura de legalidad, y ese es el derrotero de nuestro Gobierno”, insistió.
De otra parte, el presidente Duque se refirió a situaciones como la de Necoclí, en el Urabá antioqueño, donde a lo largo de muchos años se ha registrado el tráfico de migrantes que utilizan ese territorio como paso para llegar a la frontera sur de los Estados Unidos.
En ese sentido, el mandatario aseguró que es una forma del tráfico de personas que es aprovechada por delincuentes para abusar de quienes pretenden llegar a los puntos fronterizos con Panamá, en las entradas del Darién y, también, en otros puntos de Centroamérica.
“Enfrentar este fenómeno no es exclusivo de un solo país y no puede manejarse solamente con el criterio del país originador y el país receptor. Tenemos que generar una mayor conciencia colectiva en los países de América Latina no solamente para prevenir y anticipar, sino también detectar este fenómeno y que quienes están cobrando dinero por esos cruces ilegales de frontera también tienen que ser capturados y judicializados”, señaló.
En relación con la firma de una alianza con el sector turístico de Cartagena, el jefe de Estado destacó “el liderazgo que ha tenido en esto el Ministerio del Interior y el ministro Daniel Palacios, porque aquí se juntan industrias y sectores para proteger la dignidad humana y aquí tenemos todo el compromiso del sector hotelero y turístico de nuestro país”.
“La lucha contra el tráfico de personas es un deber moral, es un deber ético, es un deber de todas las autoridades y es, también, donde nos encontramos en la colaboración armónica, Procuradora, Defensor; es donde trabajamos todos para proteger nuestra niñez, nuestra adolescencia, nuestra juventud y donde nosotros también respetamos la dignidad de nuestro país”, puntualizó.
Alcalde de Necoclí advierte sobre situación de migrantes
Desde hace varios días esa población del Urabá registra una difícil situación debido a la permanencia de más de 100 migrantes que se agolpan en las calles —duermen en la playa, en parques, en andenes— por la imposibilidad de cruzar el mar.
El alcalde de Necoclí, Jorge Tobón Castro, en diálogo con SEMANA, advirtió que se trata de un hecho sin precedentes y explicó que la llegada aumentó desde hace cuatro meses con una gran cantidad de migrantes que estaban inmovilizados en Chile, Brasil y Ecuador por cuenta de las medidas sanitarias por el coronavirus.
“Nos llegan 800 migrantes diarios y la única empresa que tiene Necoclí para transporte marítimo hasta el Chocó cuenta solamente con 12 embarcaciones, que están para prestarle servicio a los turistas y a la población de Chocó que compra mercancía en el Urabá. Entonces, por mucho que nosotros queramos despachar a los migrantes, siempre nos está quedando un remanente, no hay forma de controlarlos porque no les gusta hacer fila, no se dejan censar”, aseguró.
Además de los problemas con la cantidad de migrantes que llegan y que son imposibles de transportar por cuanto no hay suficientes lanchas, es evidente desde hace muchos años el trato que se les brinda a estos viajeros que buscan un futuro mejor, pues son transportados sin ningún tipo de seguridad, cargados de maletas y amotinados en bancas pequeñas, lo que en otros tiempos ya ha significado tragedias atroces.
Según el alcalde Tobón “la situación se está tornando delicada porque muchos migrantes tienen dos meses y no han podido conseguir un tiquete, están con niños, mujeres embarazadas, algunos adultos y eso nos está agudizando la problemática”.
La situación es tan compleja que el lunes 26 se declaró la emergencia sanitaria porque colapsaron los servicio de acueducto y alcantarillado, el sistema de salud y empiezan a escasear de manera severa los productos de canasta familiar. Y es que Necoclí tiene 22.000 habitantes a los que ahora se suman los más de 10.000 migrantes.
“No hay cómo sostenerlos. No se consigue una sola habitación para hospedarlos, incluso los dueños de inmuebles les piden a los locales las casas y los apartamentos para alquilárselos a los migrantes porque pagan dólares, la moneda principal hoy en Necoclí es el dólar”, indicó.
Agregó que “hemos pedido al Gobierno nacional que nos visite pero no ha escuchado. Pedimos que Migración Colombia nos instale un punto permanente en Necoclí para que se apersone de la situación de los migrantes. Necesitamos un documento Conpes para tener recursos en los momentos en que se presente una emergencia sanitaria como la que tenemos ahora. Finalmente, hay que dar un salvoconducto para que esta gente no sea presa de los coyotes, como antes de la pandemia”.
“Hoy transportar a los migrantes por el transporte regular es un delito y los empresarios se están exponiendo a que les inmovilicen los vehículos, es una situación compleja, por eso aprovecho el espacio par pedir que el Gobierno nacional nos visite y mire que está pasando y le demos una solución pronta a esto, porque yo presiento que esto es una bomba de tiempo”, puntualizó.