Presidente Duque defendió a capa y espada el Plan Colombia, ante críticas de EE. UU.

Poco después de conocerse que el grupo designado por el Congreso de Estados Unidos para evaluar la políticas antinarcóticos de su país en la región de las Américas, concluyó que el Plan Colombia fracasó en su lucha contra el tráfico de drogas, el presidente Iván Duque defendió el trabajo realizado en torno a ese a acuerdo bilateral concebido en 1999.

“Hay que analizar las cosas positivas que han ocurrido en Colombia a lo largo de estos 20 años. Nosotros hemos venido llevando una taza de homicidios en descendente (...) esos son aspectos de la institucionalidad que hay que valorar”, dijo el mandatario en entrevista con El Tiempo. Según él, “que el reporte no toca con otros temas que son los detonantes”, que para él son “las cosas que se dejaron de hacer en la política integral”.

Según el mandatario, los cultivos ilícitos y el narcotráfico son como la maleza y si “usted no la está cortando todos los días se crece y se vuelve aún peor”, argumento que aprovechó para ratificar su postura frente a la aspersión aérea con glifosato, diciendo que “de la lección del 2015 al 2018 es absolutamente evidente que el haber puesto fin a la aspersión como una de las herramientas (…) nos ha pasado una cuenta de cobro”.

Asimismo, sostuvo que este año habrá 130 mil hectáreas de coca erradicadas manualmente, aunque con un riesgo de resiembra, y resaltó que durante 2020 las autoridades lograron las mayores incautaciones de droga que ha hecho Colombia desde que está luchando contra el narcotráfico.

¿Qué dice la Comisión Política de Drogas de Estados Unidos?

A pesar de la defensa a capa y espada de Iván Duque del desempeño del país en el Plan Colombia, el duro informe publicado en EE.UU. dice que la estrategia fracasó en la lucha contra las drogas, aunque fue un éxito para combatir la insurgencia.

En su informe publicado el 1.° de diciembre, la Comisión estudia el panorama de diferentes países de la región, entre ellos Colombia, y realiza una serie de recomendaciones al Gobierno de Estados Unidos. Con respecto al país, señala que desde el año 2000 Washington ha aprobado 11,6 mil millones de dólares en asistencia, de los cuales 10 mil millones fueron destinados al Plan Colombia.

A pesar de las inversiones multimillonarias y las acciones de ambos gobiernos, Colombia se mantiene como el mayor productor de cocaína del mundo. Según el informe, en 2019 el país alcanzó el récord de 212.000 hectáreas cultivadas, por encima de las 160.000 que registró en 1999 cuando entró en vigencia el programa.

Al respecto, advierte que la erradicación masiva por medio de fumigaciones aéreas fracasó, pues “a menos que el Estado proporcione seguridad física y económica (…) los cultivadores volverán a la coca, a menudo con la protección de guerrillas y otros grupos traficantes”. También señala que a este fracaso se suman los recientes retrocesos en seguridad reflejados en las múltiples masacres perpetradas durante el año.

Frente a este panorama, el grupo de expertos afirma que los programas de erradicación deben ir acompañados de iniciativas para el desarrollo de las zonas más afectadas por la pobreza, la violencia y el narcotráfico. Por ello, hace una lista de prioridades para la política antidroga del gobierno de Estados Unidos.

Inicialmente, sugiere que los programas de cooperación entre Washington y Bogotá incluyan en los diálogos a otras naciones contribuyentes, organizaciones multilaterales y al sector privado, con el objetivo de lograr una mejor coordinación y “el uso eficiente de recursos limitados”.

También recomienda que el gobierno de Estados Unidos apoye la asistencia a guerrilleros desmovilizados en zonas de posconflicto. Para ello, la comisión invita a la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), encargada de sancionar financieramente a individuos u organizaciones no estadounidenses, a autorizar los programas de desmovilización y reintegración en Colombia, pues las restricciones vigentes no le han permitido al Gobierno apoyar los programas PDET.

Asimismo, destacan que los programas para la construcción de vías terciarias deberían ser prioritarios en la política antidrogas por su capacidad de generar empleo y facilitar a los campesinos la comercialización de sus productos. “Las carreteras afectan negativamente la producción de coca porque hacen más fácil el acceso a las fuerzas de seguridad y los servicios públicos. Además, ayudan a los campesinos a sacar sus bienes al mercado”, señalan.

Otras de sus recomendaciones tienen que ver con los procesos de titulación de tierras y los agronegocios. La comisión recomienda a Estados Unidos apoyar el programa nacional de catastro e incentivar los proyectos productivos agrícolas facilitando su comercialización en los mercados nacionales e internacionales. También propone que en el mercado estadounidense se traten preferencialmente a los productos que provienen de áreas de posconflicto.

Por último, invita a Washington a apoyar al Gobierno colombiano en la puesta en marcha de programas de protección para líderes sociales y defensores de derechos humanos. Además, señala que se debe presionar al gobierno de la Casa de Nariño a cumplir sus obligaciones en este sentido.

En cuanto a la erradicación, la comisión afirma que actualmente es imposible emprender un plan masivo de fumigación aérea de cultivos de coca como se hizo en el pasado. Esto debido a leyes que lo prohíben o restringen en zonas de reserva ambiental, en territorios habitados por comunidades indígenas o afro y en zonas fronterizas. A ello se suman la percepción negativa de las fumigaciones en las comunidades y las preocupaciones por sus efectos en la salud.

Por ello, recomienda enfocar la erradicación, sea manual o aérea, a los cultivos de grandes proporciones o aquellos seleccionados en conjunto con los líderes locales.