NACIÓN
Presidente Duque planteó una reparación “express” para las víctimas del conflicto
El Gobierno nacional busca agilidad en los trámites de reparación económica.
El presidente de la República, Iván Duque, ante el objetivo de acelerar el proceso de indemnización de las víctimas del conflicto armado en Colombia, planteó un trámite “express”, al reconocer que ese tipo de trámites podrían demorarse.
El jefe de Estado, en la presentación de la plataforma Observa, la cual estará enfocada en el Sistema Nacional de Derechos Humanos, para robustecer el seguimiento y protección de los líderes sociales, señaló que se debe poner acelerador a la reparación.
“Dejar sentada la política para que podamos hacer reparaciones express y en lugar de estar demorándonos con reparaciones de a $40.000.000 por víctima que nos puede tardar décadas enteras empezar a hacer unos pagos mensuales a través de una renta proyectada en el tiempo para las víctimas que si una forma tal vez más ágil y que sembraría más esperanza”, manifestó Duque.
La reparación a las víctimas del conflicto está consagrada en los acuerdos de paz que fueron firmados por el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos con la extinta guerrilla de las Farc.
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El observatorio que hoy nace, será un referente para que otros países utilicen esa metodología de datos abiertos para hacer una integración sobre los DDHH; permitiéndonos tener una visión de debate sano sobre indicadores que jueguen un papel protagónico en la toma de decisiones. pic.twitter.com/vw4YFf8IMW
— Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) May 18, 2022
Cabe recordar, que hace varios días la Procuraduría General de la Nación le solicitó a la Sección Tercera del Consejo de Estado confirmar la reparación administrativa y patrimonial, ordenada por los tribunales administrativos de Atlántico y Cundinamarca, respecto a la responsabilidad de la nación por omitir sus funciones y permitir la ejecución de actos delictivos de grupos al margen de la ley.
Tiene que ver con dos casos en los que, a juicio del Ministerio Público, el Estado colombiano faltó a su deber de proteger a dos personas que habían denunciado amenazas en su contra dadas sus condiciones. Uno es el caso de un concejal y otro un militante de un grupo político, el cual era objeto de acciones de exterminio.
¿Qué pasa con los bienes de la Exfarc?
En otro caso, el Consejo de Estado tomó la decisión histórica tras estudiar la demanda presentada por el vocero del Partido Comunes, Pastor Alape, para la entrega material de los bienes de los integrantes de las extintas Farc, punto que quedó definido en el Acuerdo de Paz firmado entre dicho grupo guerrillero y el Gobierno nacional.
Sobre ese escenario, en julio de 2021, Alape —quien hizo parte del Secretariado de ese grupo armado ilegal durante muchos años— presentó la acción judicial indicando que se habían cambiado las reglas del juego para la presentación de los bienes que tienen como fin la reparación de las víctimas acreditadas.
Los magistrados del alto tribunal negaron la solicitud de suspensión provisional de las reglas que impuso el Gobierno para la elaboración del inventario de los bienes de las Farc que serían utilizados para reparar a las víctimas.
Los apartes de los actos administrativos obligan a la extinta organización insurgente a garantizar la entrega material y el cuidado de los bienes hasta el momento en que se adelante dicha entrega.
La decisión de la alta corte obedece, señala: “A una demanda de nulidad contra algunos apartes de tres decretos por medio de los cuales el Gobierno reglamentó las obligaciones contraídas por los desmovilizados responsables del inventario, en los términos de los mandatos constitucionales transitorios”, que comprenden la materialización del acuerdo para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera.
A ese proceso se anexó una solicitud para suspender estas directrices, mientras se hacía el juicio de fondo sobre su juridicidad.
La demanda solicitaba revisar el artículo 4 del decreto 1407 de 2017 que fija que los desmovilizados que suscribieron el acuerdo de paz debían “garantizar la entrega material de cada bien incluido” en el inventario y responder “por su cuidado e integridad hasta el momento en que se realice dicha entrega. Para el efecto, deberán designar unos delegados que se encarguen de este proceso”.