Santos no cumplió la promesa a los pensionados

Casi un mes después de que el Congreso se rebelara al gobierno, y aprobara la ley que reducía el pago de los aportes al sistema de salud por parte de los pensionados, en contra de la petición del Ministerio de Hacienda, el presidente Juan Manuel Santos decidió objetar la ley. De esa forma selló el incumplimiento a una promesa de campaña, la que se comprometió con los pensionados a solo dos semanas de las elecciones del 2014, donde resultó reelecto.

El proyecto objetado, de autoría del representante del Polo Alirio Uribe, reducía al 4% el pago que de los pensionados al sistema de salud. Con la decisión del presidente esta población seguirá pagando, cada mes, el 12% de su mesada.

El Gobierno argumentó razones de “inconstitucionalidad e inconveniencia” para no sancionar la iniciativa, y en un comunicado expedido desde la Casa de Nariño, se asegura que la decisión protege, entre otras, “la garantía del derecho a la salud de 4,4 millones de afiliados y el esquema de subsidios cruzados que hoy beneficia a una buena parte de la población”.

En el informe de objeciones señaló que la exención tributaria contemplada en la ley no tiene aval del Gobierno, y lo calificó de “violatorio”  de los principios de equidad y progresividad en materia tributaria, así como de los de solidaridad y progresividad de la seguridad social.

“El proyecto propone una modificación a la carga impositiva de un grupo específico de contribuyentes, omitiendo analizar su capacidad contributiva, la progresividad del sistema de salud, y la capacidad contributiva del resto de contribuyentes que pertenecen al sistema”, se lee en el informe.

“Se violan los principios de solidaridad y progresividad en la seguridad social en la medida en que la iniciativa disminuye las fuentes de recursos en beneficio de un grupo específico de aportantes, lo que dificulta la ampliación de cobertura de servicios, la prestación del servicio de salud de afiliados y rompe con el esquema de subsidios cruzados que sustenta el sistema de salud”, agrega.

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El Gobierno también califica de regresivo al proyecto de ley porque “priva al sistema de saluda de una importante fuente de financiamiento, sin establecer cómo se va a sustituir”.

Incluso asegura que esta legislación pone en riesgo la garantía del derecho fundamental a la salud de una gran parte de la población, estimada en cerca de 4,4 millones de afiliados.

En el documento que Presidencia envió al Congreso se indica que la iniciativa compromete la financiación del Sistema de Salud pues genera un impacto fiscal promedio anual de $3,7 billones, entre el 2017 y el 2022.

“En un horizonte de 20 años, el valor presente neto del impacto ascendería a $100 billones a precios del 2017, entre el 2017 y el 2035”.

También se recogen los argumentos que el Ministerio de Hacienda expuso hace un mes en el Congreso, en el sentido de que el legislativo “no puede tomar la decisión de bajar las tarifas de los tributos”, al tiempo que indicó que el Gobierno fue consistente a lo largo de todo el debate en que no la avalaba, por lo que hay un vicio en la constitucionalidad.

De la misma forma, se relata que en la votación del informe de conciliación en la Plenaria del Senado se hicieron cerca de 5 votaciones, algunas de ellas sin el quórum suficiente.

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Aparte del trámite, una de las consecuencias del proyecto, según el Gobierno, es que le baja cotización a salud tanto al pensionado del salario mínimo como al pensionado que recibe una pensión de 18 millones de pesos, por ejemplo.

Hace tres años, cuando Santos estaba en campaña por la reelección, no existían estos argumentos. Por el contrario, en la recta final de la campaña, el entonces presidente candidato se comprometió a respaldar un proyecto para reducir el aporte a la salud por parte de los pensionados.

“Sé que un anhelo de todos los pensionados es que se reduzca la contribución a la salud. Hay un proyecto de ley en el Congreso de la República y yo voy a apoyar ese proyecto de ley”, dijo Santos el 6 de junio de 2014.

 Alirio Uribe, autor de la ley, rechazó la decisión del Gobierno y anunció que el Congreso rechazaría las objeciones. “Me parece grave y preocupante que el presidente Santos les incumpla a los pensionados una promesa que realizó cuando éste era candidato presidencial, argumentando que hay vicios de inconstitucionalidad.   

“Vamos a rechazar las objeciones y que sea la Corte Constitucional la que defina quién tiene la razón, agregó Uribe.