Presidente Petro sancionó ley que sustituye penas de prisión para 5 mil mujeres; podrán reencontrarse con sus hijos

El miércoles 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, el presidente Gustavo Petro sancionó la ley que sustituye, con enfoque de género, las penas de prisión de cerca de cinco mil mujeres condenadas que son cabeza de hogar y están en condición de marginalidad.

“Este es el proyecto de ley que yo voté siendo congresista en la Comisión Primera del Senado y que ahora, qué paradoja, no lo sabía en ese momento, como presidente de la República, firmo para que se convierta en ley”, expresó el mandatario desde Quibdó, capital del departamento del Chocó.

La ley pasó a sanción presidencial en julio de 2021, pero fue objetada. Por lo tanto, pasó a examen de la Corte Constitucional, que se pronunció por medio de la sentencia C-256 del 6 de julio de 2022, rechazando las objeciones y devolviendo el texto del proyecto de ley a la Cámara de Representantes, que la remitió nuevamente a la Presidencia de la República para la respectiva sanción presidencial.

El presidente Petro explicó que el objetivo de la ley es el de evitar que “si ellas siguen presas y los niños sin su madre, esos niños crezcan sin afecto y muchos, en el futuro, se conviertan en criminales”.

“Esa es la lógica de la violencia y de la exclusión, una especie de sifón suicida. Pues aquí cortamos esa cadena y que esos niños tengan a su mamá”, comentó el jefe de Estado.

En su cuenta de Twitter, el mandatario compartió la noticia y expresó: “Con esta ley que hoy firmo y por la cual voté afirmativamente como senador, se liberan 5.000 presas madres cabeza de familia para cuidar a sus hijos durante cinco días cada semana. Se mejoran sus beneficios jurídicos con el trabajo y entran a la renta ciudadana”.

“La mujer presa es la más excluida de todas”

El mandatario de los colombianos resaltó que, desde el Gobierno, quisieron firmar la ley en el marco del Día Internacional de la Mujer. Además, sostuvo que “quizás, la mujer presa es la más excluida de todas”, pues “sufre todas las exclusiones juntas que sufren todas las mujeres”.

En tal virtud, el presidente Gustavo Petro agregó que es necesario “conducir a la sociedad a mayores niveles de libertad”. “No es encarcelando a las sociedades como nos salvamos de la violencia”; por lo tanto, “es en la libertad donde se construyen las sociedades”, dijo.

De la misma manera, resaltó la importancia de que “las presas se junten con sus hijos, liberadas, que el amor se pueda producir y no sea interrumpido por las cadenas; quitar esas cadenas entre el amor es lo que nos permite ser una mejor sociedad, que se pueda empezar a construir la igualdad entre la mujer y el hombre si liberamos a la mujer de la cárcel”.

¿Para quiénes aplica la norma?

Durante el acto de sanción también estuvo presente el ministro de Justicia, Néstor Osuna, quien precisó que la norma se aplicará solo a mujeres que tengan condenas inferiores a ocho años.

En esa línea, el alto funcionario apostilló que, a cambio, las beneficiadas deberán prestar servicios de utilidad pública no remunerados que favorezcan a la comunidad y reconstruyan el tejido social que se afectó por la comisión del delito.

El objetivo de la norma, recalcó el ministro Osuna, es el bienestar de los niños, niñas y adolescentes, de las familias vulnerables y pretende propiciar la inclusión social de mujeres cabeza de hogar en estado de marginalidad. Además, da respuesta al histórico estado de cosas inconstitucional del sistema penitenciario.

“Las medidas alternativas a la prisión que contempla la ley favorecen la reducción de la reincidencia y evitan el rompimiento de vínculos sociales, familiares, y la generación de estigmas y discriminación”, concluyó el comunicado de la Presidencia de la República.

Humanización penitenciaria

Esta nueva ley va en la misma vía de la humanización del sistema penitenciario que ha venido buscando el Gobierno.

De hecho, el pasado 6 de febrero Osuna radicó un proyecto de ley que busca humanizar la política criminal y penitenciaria.

Se trata del Proyecto de Ley 336 “por el cual se humaniza la política criminal y penitenciaria para contribuir a la superación del estado de cosas institucional y se dictan otras disposiciones”. El ministro Osuna ya le puso su firma para que sea empezado a discutir por los parlamentarios. La iniciativa fue recibida por el secretario de la Cámara, Jaime Luis Lacouture, y el presidente de la Cámara, David Racero.

Según dijo Osuna: “El proyecto de ley intenta dar un paso para la construcción de una política penal y penitenciaria distinta a la que hemos tenido. La respuesta que iluminó el articulado que sometimos al Congreso es pensar en unas cárceles que tengan una finalidad resocializadora”.

El proyecto, no obstante, contiene algunas disposiciones polémicas, se habla, por ejemplo, de eliminar el delito de injuria y calumnia, y deja solamente la injuria por vía de hecho, es decir, cuando se atente contra la integridad física o haya ataques verbales. Igualmente, elimina el delito de incesto del Código Penal.

En el caso de las protestas y hechos de vandalismo hay otras polémicas, porque busca eliminar el concierto para delinquir de situaciones de protesta, tanto en la modalidad simple como agravada. Tampoco se contempla el terrorismo en estos casos.

El proyecto también ha recibido críticas del fiscal general, Francisco Barbosa, quien señaló que el texto tendría un mico que suspendería las penas de grandes narcotraficantes.

“Al país no se le puede hacer trampa, hay que jugar de frente. En el artículo 8 se establece un beneficio de suspensión de ejecución de penas a todos aquellos pequeños cultivadores y yo en ese estoy de acuerdo, no tengo problema con eso, pero no podemos tolerar es que nos digan que se va a beneficiar narcotraficantes de otro nivel conforme a las disposiciones que involucraron en la redacción”, apuntó Barbosa durante una audiencia pública en el Congreso.

“En ningún momento se entenderá que las conductas que se desarrollan en el marco de la protesta social pacífica, el ejercicio de la libertad de la reunión, asociación o manifestación, pueden dar lugar a la configuración del delito de terrorismo”, se propone en la iniciativa.

El proyecto del Ministerio de Justicia tiene un enfoque de resocialización de los privados de la libertad. Se habla de que en los centros penitenciarios se deberá garantizar la dignidad humana, las garantías constitucionales y los derechos humanos.

También se creará una oficina de Derechos Humanos que estará presente en cada uno de los centros de reclusión. De ser aprobado el proyecto, en los siguientes 6 meses de su promulgación el director del Inpec, en apoyo del Ministerio de Justicia, deberá reglamentar el funcionamiento de estas oficinas.