Presionar la reforma a la salud en las calles: la agresiva campaña con carteles y guerra reputacional contra las EPS

La semana pasada, mientras la ministra de Salud, Carolina Corcho, decía que la reforma a la salud era la más discutida de la “historia republicana”, un escuadrón de afiches comenzó a inundar las ciudades con mensajes para incentivar la movilización en las calles y presionar así la aprobación del temido y desconocido texto.

El presidente, por su parte, ya había lanzado ese grito para que la protesta social impulsara sus reformas, en medio del cada vez más creciente rechazo de los sectores impactados. En el caso de la salud, el pánico ronda desde hace meses, pues se propone implosionar el modelo actual (que llegó a lograr la cobertura universal en salud), pero que aún no da detalles sobre cómo se reemplazaría.

“La juventud no nació en Colombia para ser encarcelada o morir en una trocha, sino que nació para el estudio, el arte, la libertad y la vida. Porque la sociedad debe discutir las reformas, los invito a acompañarme en la plaza pública este 14 de febrero y el primero de mayo”, dijo Petro.

El mandatario agregó que “hemos convocado al gran diálogo social para cambiar a Colombia. Hemos estado dispuestos a concertar las reformas. Defendemos el agua por encima de la codicia porque es la vida, defendemos no subirles a peajes y el diésel para defender la canasta alimenticia de la gente pobre”.

Tras conocerse el mensaje del jefe de Estado, los congresistas del Pacto Histórico también se unieron a la convocatoria y mostraron que ya están manos a la obra: en diálogo con las comunidades para convocar a las calles.

“Querido @petrogustavo, precisamente en eso estamos en Cali con @AlfreMondragon, en este período: en pedagogía para la movilización por las reformas. Todos a la calle por el siguiente ciclo reformista”, indicó el senador del Pacto Histórico Wilson Arias.

En el sector de la salud, ese llamado genera temor. Los líderes del sector consideran que viven desde hace rato una “guerra reputacional”. SEMANA habló con los directivos de las EPS para su última edición. La molestia, las presiones y las afugias económicas los tienen cercados. “Las EPS estamos acostumbradas a soportar escenarios complejos. Somos jugadores de largo plazo, pero ante este desasosiego ya no damos más. Incluso, hemos dicho que no queremos ser EPS así: somos el patico feo, los ladrones, los parias”.

Ante esa presión que han vivido, la circulación de los carteles no parece casual. El primero que lo denunció así fue el exministro de salud Fernando Ruiz. “Si lleva tres meses esperando la autorización de la EPS, pregunte a @MinSaludCol cuándo paga los 1,6 billones que debe @AdresCol de servicios prestados por EPS en 2021 y 2022 por presupuestos máximos. Si no fuera por las EPS, esos servicios no se hubieran prestado. El resto es cuento”.

El exfuncionario se refiere a la negativa del Gobierno a pagar los recursos que se adeudan por los llamados presupuestos máximos y que son los que cubren en su mayoría los tratamientos de las enfermedades más costosas, o más raras, que no están incluidas en los planes de salud. Por cuenta de ese no pago, la atención y la entrega de medicamentos se ha visto afectada.

El abogado Daniel Briceño también hizo hincapié en la agresividad de los carteles de cara a las movilizaciones sociales. “Definitivamente empezó la campaña de Carolina Corcho para impulsar su reforma a la salud. Ya mintieron sobre las deudas de las EPS y ahora hacen este tipo de cosas en las calles. Mucho cuidado”, dijo.

La mayoría de esta campaña se ha hecho en Cali. Los líderes del sector han recibido información de que allí será una de las movilizaciones más grandes. Hay temor de que en estas convocatorias esté la primera línea, que tuvo un papel tan grande en la capital del Valle.

En Bogotá, por su parte, el reconocido activista de derecha Josías Fiesco estuvo en el sector del Portal de las Américas de la ciudad e hizo una transmisión en directo para denunciar que la primera línea aprovecharía estas marchas para reactivar las afectaciones a la ciudadanía.

“Hay preocupación en el Portal de las Américas por las marchas que se harían para apoyar las protestas del Gobierno Petro. El terrorismo sigue con secuelas en ese sector de la ciudad, la gente está preocupada por eso”.

A juicio del activista, ese sector del occidente de la ciudad se convirtió en “un laboratorio de la criminalidad en Bogotá” que no ha sido controlado por el Distrito. Por esa razón, hizo la transmisión y habló con habitantes del sector que se mostraron preocupados por los anuncios de las marchas.

“Los comerciantes estamos muy preocupados; esos anuncios de marchas lo único que generan es incertidumbre. Las casas y el sector se desvalorizaron por el paro nacional”, dijo un pequeño empresario de la zona.

Según esta persona, si vuelven las movilizaciones, habrá más afectaciones para el comercio que todavía se está recuperando del paro nacional de 2021 y de las secuelas de la pandemia del coronavirus.

Mientras tanto, la ministra de Salud nada que invita a los líderes del sector a participar de la discusión de la reforma. Tuvo una reunión con las embajadas de algunos países europeos para hablar de sus proyectos, pero ante quienes se verían afectados aún no se abren espacios.

Lea la historia de SEMANA sobre las EPS.

Las EPS, arrinconadas y asfixiadas económicamente

En las EPS sabían que 2023 comenzaría con una estocada. A fin de cuentas, el eje de la reforma a la salud que lleva meses anunciando el Gobierno Petro, por medio de las destempladas y agresivas declaraciones de la ministra Carolina Corcho contra esas entidades, tiene un objetivo central: ponerles un inri encima. Pero la forma de concretar esa eliminación, a juicio de quienes tienen desde este lado las riendas del sector salud, no es el proyecto de ley, que reposa ya en el despacho del presidente de la República, sino una vía más expedita y más brutal: la plata.

SEMANA habló con varios presidentes y altos directivos de las EPS, que prefieren guardar en reserva sus nombres por miedo a las retaliaciones del Gobierno y para evitar el pánico entre sus usuarios, empleados y contratistas. “No creo ni siquiera que lleguemos a la reforma”, dice uno, que advierte sobre el inminente colapso económico de algunas compañías en los próximos meses. “Estamos ahogados financieramente”, complementa otro. “Ya superamos nuestro límite de pérdidas y estamos usando las reservas”, sostiene uno más.

Los ejecutivos tienen la misión de dirigir compañías que cuidan la salud de millones de afiliados con una sentencia de muerte sobre sus hombros. “¿Quién puede trabajar así? Es como si anunciaran que van a cerrar los bancos: todo el mundo quiere ir a sacar su plata”.

Desde hace meses se decía que la ministra Corcho quería provocar un caos en el sistema para ambientar su reforma. Ella misma lo había sostenido en un encuentro con el médico italiano Federico Gelli, quien atendió al presidente en Italia cuando se contagió de covid. “Debe haber una crisis explícita clara que le permita a la sociedad entender que se necesita el cambio. Y que en medio de la crisis surja una alternativa”, dijo.

“Nunca quise creer que el Gobierno quisiera colapsar la salud. Hoy sí lo creo”, asegura, atónito, uno de los presidentes. La realidad es que lejos de lo que ha dicho la ministra, que pinta a las grandes EPS con millonarias utilidades, la situación financiera en algunas de estas entidades era ya crítica con la pandemia, pero se volvió inviable con su llegada.

Vea a la ministra de Salud, Carolina Corcho, diciendo que se necesita una crisis para cambiar el sistema.

En términos de plata, han sido dos grandes estocadas. Según ellos, la herida es casi mortal. La última fue la negativa del Gobierno de pagar las deudas que tienen con las EPS, que ascienden a 1,6 billones de pesos. El plazo era esta semana, pero tampoco se cumplió, pese a que, según las entidades, todo está listo en el Ministerio de Hacienda para hacer este giro.

La historia de esas deudas es compleja, pero importante. Como se sabe, los colombianos tienen un plan de salud que cubre miles de procedimientos y medicamentos, y que se maneja a través del pago de una prima por usuario llamada UPC (unidad de pago por capitación). Los que no están dentro de este plan los paga el Gobierno por algo que se llama los presupuestos máximos. A las EPS les deben dinero desde el año 2020. “Estamos entre la espada y la pared. Cada día crecen más los beneficios, pero nadie responde por esos pagos”, dice uno de los presidentes.

Las EPS sostienen que han tenido que pagar en estos años esos rubros con presupuestos propios, pero que ya no dan más. “No hemos podido pagarles a hospitales, clínicas ni a los proveedores de medicamentos. Y va a llegar un día en que simplemente ellos decidan no atender más a nuestros pacientes. El gran causante de esa crisis es el Gobierno”, asevera uno.

La angustia por este no pago es enorme, pero creció a niveles intolerables cuando, en vez de anunciar el giro de recursos, el Gobierno se fue contra las EPS. “Tras de ladrones, bufones. En vez de pagarnos, salieron a difamarnos”, explica otro directivo.

En respuesta a una entrevista de la presidenta de Acemi, Paula Acosta, a SEMANA, en la que advertía el tema, la ministra Corcho aseguró que, por el contrario, eran las EPS las que debían 50 billones de pesos. “La sola cifra era absurda. Todo el presupuesto son 70 billones. Si debiéramos 50, el sistema no funcionaría”, explica uno de los ejecutivos. La alta funcionaria, en vez de rectificar, se reafirmó en decir –el pasado sábado– en un encuentro en Villavicencio que las EPS no solo “son inviables”, sino que “quiebran a los hospitales”.

Sin embargo, ya de manera discreta, la Superintendencia de Salud mandó por escrito un comunicado en el que reconocía que la información era falsa. “La SuperSalud ha llevado a cabo en los últimos días un análisis y seguimiento a las acreencias de más de 100 EPS que fueron liquidadas entre los años 2003 y 2015. La evaluación de los datos arrojó que las entidades promotoras de salud en el país tienen deudas por más de 23,3 billones de pesos”.

Escuche a María Isabel Rueda hablar de la reforma a la salud.

La entidad agregó que se discriminan así esos valores: 16,6 billones corresponden a las EPS activas en el sector; 1,7 billones, a las EPS liquidadas; y cinco billones, a las EPS en liquidación. El exministro Fernando Ruiz explica que esos 16 billones corresponden en su mayoría a las deudas corrientes del manejo del sistema, que se pagan en 60 días.

“O la ministra no entiende las cifras, o de mala fe entrega información incorrecta como parte de una campaña de desprestigio contra nosotros”, se pregunta, preocupado, uno de los directores de las EPS. Hasta el momento, la alta funcionaria no ha rectificado por su cuenta.

Las EPS también se quejan de que los recursos de la UPC no les alcanzan. La ministra, por su parte, pidió el año pasado al Congreso entregarle al sector menos presupuesto, con lo cual se perdió cualquier posibilidad de hablar de un reajuste de esa prima. La UPC es un elemento neurálgico del sistema. Como ha sucedido en todos los frentes, en la salud se vive una disparada enorme de precios. Las EPS calculan que para ajustar esto se debía subir la UPC a 27 %, la ministra sostenía que 12 % y al final se transó en 16 %.

Lo que vive el sector salud no tiene que ver con el Gobierno, pero es apremiante. “Tenemos una inflación perversa, la peor en décadas”, explica uno de los presidentes, que cuenta cómo hoy paga alrededor de una tercera parte más por cada bien que utiliza en el servicio.

Y a eso se suma la trepada del precio del dólar, moneda que impacta al sector, pues muchos insumos y medicamentos son importados. “Hemos demostrado que el déficit que existe entre los recursos de la salud que nos apropia el Gobierno y lo que se consume es muy grande. ¿Quién corre con esos gastos?”, se pregunta otro.

No es la única coyuntura que afecta al sistema. Mundialmente, pasan cosas muy similares que han aumentado la presión frente a los servicios de salud. Lo primero es el impacto tan grande de la pandemia que hizo que durante años de confinamientos y restricciones muchas enfermedades no se atendieran debidamente.

Esto ha volcado a miles a los consultorios para programar servicios atrasados o ha hecho que los pacientes lleguen con complejidades que habrían podido evitarse con una atención a tiempo y que hoy son costosas de atender. Temas como las atenciones por salud mental están disparadas. A eso se suma que el miedo de algunos colombianos frente a la reforma también los ha hecho intentar hacerse procedimientos pendientes por la idea de que su EPS se acabará y después quién sabe qué pase.

Además de las preocupaciones financieras, las EPS se quejan de no tener ninguna comunicación con el Gobierno. “Se han sentado con los criminales, han ido a las cárceles, pero a nosotros no nos han abierto un espacio”, dice uno de ellos. A pesar de que pocos conocen el texto de la reforma, la ministra dice que es “la más socializada de la historia republicana”.

Vea el video:

Cuentan, con dolor, que hoy no hay ningún tipo de interlocución, pues los funcionarios técnicos que llevaban más de 20 años en la entidad fueron despedidos en la barrida que hizo la ministra, denunciada por SEMANA en la anterior edición. “Se perdió toda la memoria y en este momento allá nadie sabe nada”.

Ante este panorama, las EPS advierten que entregarán números rojos en sus reportes del año pasado y temen por su futuro inmediato. Según explican, las pérdidas en una compañía como esta se traducen en que se pierde la capacidad de responder, que se conoce como habilitación financiera, y quedarían expuestas a que la Superintendencia las intervenga o las liquide.

“Las EPS estamos acostumbradas a soportar escenarios complejos. Somos jugadores de largo plazo, pero ante este desasosiego ya no damos más. Incluso, hemos dicho que no queremos ser EPS así: somos el patico feo, los ladrones, los parias. Pero la verdad es que estamos reventados. Llegamos ya al punto de ser inviables”.

SEMANA había advertido la situación en una reciente portada, publicada en septiembre del año pasado.

Pánico en la salud

Por todo lado se anticipa una hecatombe. Una “implosión”. Un apague y vámonos. Y esa situación ha generado pánico. En las últimas semanas, en clínicas, hospitales y EPS del país no se habla de otra cosa: el revolcón de la salud que se avecina. Nadie conoce los detalles, pero algo está claro: se eliminará el sistema actual y uno de sus estandartes, las EPS. Aún no se sabe cómo se reemplazarían esos componentes vitales, pero desde ya muchos anticipan un caos sin antecedentes.

La ministra de Salud, Carolina Corcho, decidió convocar esta semana a una rueda de prensa y reconoció que se vive un ambiente de “zozobra”, “ansiedad” e “incertidumbre”. Pero llegó con los taches puestos y calificó los miedos de los “expertos” como “mentiras, tergiversaciones e infundios”. Acusó incluso a un “partido de la oposición” de estar detrás. Dijo que estas intervenciones (que hicieron gremios y médicos) “envilecen” el debate y que no considera que se hagan con altura. Su intervención, aseguró, tenía como objetivo dar “tranquilidad”, pero en el sector salud generó todo lo contrario.

El pánico está presente. No dio tranquilidad, a tal punto que la ministra tuvo que salir de nuevo el viernes para hablar de su anunciada reforma. SEMANA habló con médicos, directores de hospitales, gremios de la salud y asociaciones de pacientes. Estos son los principales temores frente a lo que podría incluir el proyecto que alista la ministra Corcho, bajo un ambiente tenso y de absoluta prevención.

Una ministra antisistema

Antes de que Gustavo Petro ganara la Presidencia, el nombre de la psiquiatra Corcho ya causaba escozor. La entonces miembro de la Federación Médica Colombiana había sacado de casillas a los más conciliadores. A Alejandro Gaviria, hoy su compañero de gabinete, lo desencajó. Corcho, quien tenía una virulenta cuenta de Twitter, aseguró que en el país habían “fallecido por mortalidad evitable un millón trescientos mil colombianos entre 1998 y 2010″.

Gaviria le reviró duramente y la acusó de tener mala fe. “Resultan increíble las estupideces que se dicen en los debates sobre el sistema de salud. La falta de cualquier intención de honradez intelectual es inquietante. La mentira como principio”, le escribió enfadado. El entonces ministro de Salud, Fernando Ruiz, salió a desmentir las cifras.

Los trinos de Corcho fueron noticia, pues la acusaron de difundir información falsa y tergiversar datos. Dijo, por ejemplo, que Estados Unidos había excluido a Colombia del suministro de vacunas, que los colombianos se vacunarían solo hasta 2023 y que las EPS no trataban el cáncer.

Como ministra, su tono no se ha moderado, por el contrario, se ha agudizado. Ella ha dicho que el modelo de salud, al que califica de “neoliberal”, realmente “no funcionó” y que “hay una crisis evidente”, que “el sistema se desmoronó” y que es “perverso”. Y ha ofendido al sector al decir cosas como que “el sistema invita a robar”.

En la salud, han visto con desconfianza su papel y resienten que en sus intervenciones se les trate de ladrones. Sin embargo, el mayor SOS fue lanzado esta semana por el Consejo Gremial, que reúne a casi todo el sector empresarial del país, incluidas las entidades de salud. El poderoso organismo aseguró que no es “recomendable experimentar” y que “un paso en falso afectaría a todos los hogares del país”.

La Andi, por su parte, rechazó de frente las insinuaciones “sistemáticas y generalizadas” en el sentido de que las EPS desvían recursos públicos y aseguró que ese clima de zozobra “irradia entre todos los agentes del sistema y ha llegado hasta los usuarios”. Por el tamaño de la propuesta, genera incertidumbre que los espacios de discusión han sido casi inexistentes. La ministra Corcho es una de las funcionarias más herméticas del Gobierno de Gustavo Petro, incluso con los medios. La alta funcionaria anticipó esta semana que no dará entrevistas: “Tengo 1.300 solicitudes... entenderán”.

Atrás quedaron las épocas elocuentes de Corcho. ”El Gobierno Petro se ha reunido con delincuentes, hampones, reincidentes, pero no ha habido espacio para que la ministra de Salud se reúna con las EPS ni asista a los eventos donde están todos los actores”, se quejó un alto directivo del sector. Generar esos espacios es el principal clamor del sistema y lo recuerda el Consejo Gremial. “El mayor temor es el desconocimiento.

“Un sistema que atiende dos millones de personas al día debe tener claridades”, advirtió Mauricio Rubio, presidente ejecutivo del hospital Méderi. “Hay incertidumbre de que se hagan cambios en el sistema de salud sin consultar primero”, agregó el neurocirujano Remberto Burgos. En Colombia, al año se prestan casi 800 millones de atenciones, 2,2 millones diarias, 91.116 atenciones por hora y 1.500 atenciones por minuto. La ministra ha dicho que el borrador de propuesta que ha circulado no es el que están trabajando y que lo entregará a finales de octubre y será construido con la sociedad civil. El Gobierno ya señaló que se presentará al Congreso el año entrante.

El presidente de la Federación Médica Colombiana, el pediatra Sergio Isaza, asegura que han participado en las discusiones, y que estas se vienen realizando desde 2021. Este gremio, que respalda a la ministra, ha trabajado en un borrador en reuniones mensuales, pero no sabe si será el acogido.

Crear una crisis

En campaña, el presidente Petro dijo que no creía en el modelo actual del sistema de salud y anticipó la muerte de las EPS. En un debate presidencial de SEMANA y El Tiempo, el entonces candidato explicó que la salud se organizaría con centros de atención primaria cada 20.000 habitantes.

“Los médicos van al barrio sin necesidad de carné de EPS”, agregó. Y habló de que quería que “no se necesiten intermediarios que se roben su dinero, que son las entidades EPS, que hoy están en su mayoría quebradas”. A pesar de que se sabía a dónde apuntaría una reforma, el miedo se disparó por el financiamiento. En una salida sin antecedentes, la ministra Corcho pidió al Congreso disminuir el presupuesto del sector. El asunto es el siguiente. El sector salud, como un todo, tendrá un presupuesto de 50,2 billones de pesos en 2023, de 41 billones que se aprobaron para 2021.

El gobierno Duque había pedido 8,1 billones de pesos adicionales para el aseguramiento, con el cual se contemplaba aumentar el valor de la UPC (Unidad de Pago por Capitación), que es lo que gira el Estado a las EPS por cada afiliado. La ministra Corcho explicó que para ella esa cifra no era “lógica”, pues había recibido un déficit de 5,5 billones de pesos del gobierno anterior, y eso implicaría pedir un aumento casi de 15 billones, que es media reforma tributaria. El asunto prendió las alarmas en las EPS, pues por ahora recibirán una UPC inferior a la que, según ellos, cuesta la atención de cada colombiano, luego de una inflación que superará el 10 % al cierre del año.

De hecho, la ministra dijo que para el aseguramiento solo se necesitarán 3,8 billones de pesos, lo que deja a las aseguradoras con cuatro billones menos de lo que dicen que se requiere. El balón está en la cancha del Congreso de la República, donde se tramita el Presupuesto General de la Nación, al cual le queda solo un debate en plenarias de Cámara y Senado.

Esta puja tuvo una lectura: que le apuesta a generar una crisis que justifique su revolcón. No es una idea traída de los cabellos. Ella misma lo dijo en una conversación pública con el médico italiano Federico Gelli, quien atendió al presidente en Italia cuando se contagió de covid. La ministra dijo: “Debe haber una crisis explícita clara que le permita a la sociedad entender que se necesita el cambio. Y que en medio de la crisis surja una alternativa”.

Ricardo Ávila, exdirector de Portafolio, en un artículo en El Tiempo, lo planteó en los siguientes términos al mostrar los impactos del desfinanciamiento: “¿Fue tal afirmación un preaviso de la intención del Gobierno de crear de manera deliberada una debacle para demostrar que la estructura vigente no funciona? Los hechos recientes no desdicen esa interpretación”.

La ministra respondió a esa tesis: “Han dicho que vamos a inducir una crisis, pero la salud ya está en crisis”. En contraste, el exministro Fernando Ruiz, del gobierno Duque, dijo a este medio: “Colombia ha tenido muy buenas EPS y las sigue teniendo. Hemos venido con un proceso de depuración con acuerdos de punto final y pagando las deudas. Hemos venido eliminando las empresas que no funcionan, pero tenemos que tener claro que hay EPS que hacen un muy buen trabajo. El activismo no tiene sentido cuando uno está hablando de una responsabilidad tan grande, como es la salud de los colombianos”.

La “implosión” Corcho

En el sector de la salud, la palabra que más suena por estos días es “implosión”. En la rueda de prensa, la ministra le respondió a un periodista de SEMANA por esa percepción. “No es que se vaya a generar esa implosión, una implosión es que una EPS que se ocupa del cuidado de la vida no tenga acceso a recursos que pagamos los colombianos para el cuidado de la vida”, puntualizó. “Esto no tiene que asustar a nadie, mucho menos a los médicos que no han sido tratados con dignidad”, agregó. Pero la implosión vendría del fin de las EPS. El sistema de salud hoy funciona de la siguiente manera.

El Estado recauda el dinero (la ministra lo calcula en 70 billones de pesos) y este es repartido a las EPS, por la vía de un organismo llamado Adres (Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud). En esa ecuación, ambos entes desaparecerían. Corcho asegura que las entidades prestadoras de salud no cumplen su función y que “no es que queramos eliminar las EPS”, sino que “ellas mismas se han eliminado”. Este modelo aterra a los trabajadores de la salud, a pesar de que todos reconocen que se necesitan cambios. “Yo no creo en la tal reforma. No hay que reformar nada. Hay que sacar a los corruptos y este Gobierno no va a poder porque trabaja con los corruptos.

Eliminar las EPS es volver a las épocas del Seguro Social, donde el aseguramiento lo tenía el prestador. Se triplica la corrupción así”, advirtió Sigifredo Fonseca, médico salubrista y exsubgerente del Hospital Universitario de Santander (HUS). “La ministra no tiene ni idea, el sistema de salud es muy bueno, hay que ajustarlo y luchar contra la corrupción”, agregó. El exministro Ruiz explicó las consecuencias que tendría eliminar esa figura del asegurador. “Si a usted le da un infarto en un pequeño pueblo, no habrá quién lo atienda porque los sistemas no estarán conectados por ese sistema de aseguramiento”.

Para Ruiz, lo que vendría entonces es un sistema fallido que se traduciría en “pacientes que mueren, no tienen medicamentos, no logran acceder a urgencias y entran a listas de esperas interminables”. Esa misma preocupación la tiene Gustavo Campillo, director de Rasa, una asociación de pacientes. “El escenario propuesto va a ser una catástrofe humana en Colombia. Yo no veo cómo un hospital en Tadó (Chocó) puede garantizar la atención de un paciente con cáncer metastásico cuyo tratamiento vale 70 millones de pesos mensuales”, sostuvo.

“Las EPS tienen un papel determinante: recogen lo que el ciudadano aporta y le pagan al hospital. Sin pago o con demoras en el pago, las cirugías no se podrían dar a tiempo y la enfermedad crecería”, dijo el prestigioso neurocirujano Burgos. Y contó que muchos de los procedimientos que él maneja tienen un enorme valor y pocos tienen 50 millones de pesos en el bolsillo para operarse de urgencia. Este sistema garantiza, por ejemplo, que se den los tratamientos de alto costo a quienes lo necesitan, a pesar de que no correspondan a sus aportes.

Por ejemplo, el promedio mes de atenciones a un paciente con hemofilia es de siete millones y el de uno con diabetes mellitus tipo 2, de 750.000 pesos. “Si la operación final del ejercicio es deficitaria, el riesgo lo asume la EPS. No lo pagan los afiliados”, dijo Paula Acosta, presidenta de Acemi.

No se sabe en el nuevo modelo quién respondería por eso. Si las EPS desaparecen, hay otra función clave del sistema que quedaría en el aire: hoy hay más de 88.300 prestadores de servicios de salud que se articulan allí. Otra labor que hacen es el pago de las incapacidades. Se gestionan cerca de 757.892 millones de pesos para los cerca de 1,4 millones de afiliados que se incapacitan anualmente.

Arrasar con lo construido

Uno de los problemas, sostienen los expertos, es que la reforma en la que piensa Corcho estaría partiendo de una premisa falsa: que el sistema no sirve para nada. Mauricio Santamaría, exdirector de Planeación Nacional y presidente de Anif, lo explica así: “El sistema de salud es el mayor logro de equidad que ha tenido Colombia en los últimos 50 años. No podemos volver al esquema que existía antes de 1993. Eso sería un error gravísimo. De una cobertura del 29 % en 1993, pasamos a una cobertura del 99 %, en 2021″.

Acosta, de Acemi, ha dicho que el fin de las EPS sería un “salto al vacío”. Asegura que gracias a este sistema los colombianos cuentan con la posibilidad de tener un sistema de salud en el que “no hay preexistencias, no hay límites de gasto, se cubren todas las enfermedades y todos los colombianos están cubiertos”.

Hoy, por ejemplo, el plan de beneficios de salud cubre el 97 % de los medicamentos y el 90 % de las atenciones del mercado. Se ha logrado que 26 de los 60 mejores hospitales de América Latina estén en el territorio nacional. Y Colombia se ha convertido en un polo a donde miles de extranjeros vienen a operarse.

“Pretender un borrón y cuenta nueva es un imposible categórico, es imposible regresar al modelo de 1990 y creemos más en construir sobre lo existente”, señaló Jorge Toro, director de la asociación de IPS. “Hay preocupación de que la reforma se haga en detrimento de lo que ya se tiene, causando una gran crisis en el sector”, advierte el decano de Medicina de la Universidad del Rosario, el médico Gustavo Quintero.

El presidente de la Asociación de Hospitales y Clínicas, Juan Carlos Giraldo, aseguró que la reforma es muy necesaria, pero si se parte de dos premisas: “Construir sobre lo que ya tenemos y defender el aseguramiento. Las EPS no deben desaparecer, pero sí evolucionar”.

Corcho sustenta su tesis en el desastre que han sido muchas EPS. Ha dicho varias veces que solo cuatro funcionan realmente y que las demás son catastróficas. El superintendente de Salud, Ulahy Beltrán, tiene la misma tesis y la misma frase: “Yo no llegué a liquidar las EPS. Ellas se van liquidando solas”.

En este momento hay 11 EPS en proceso de liquidación y cuatro ya liquidadas. Beltrán, también con el espejo retrovisor bien acomodado, dijo que todo eso lo había heredado del gobierno Duque. Esas EPS en liquidación son las verdaderas “papas calientes” del sistema actual. Entre todas hay más de ocho millones de afiliados. El futuro de esos colombianos ya es inquietante sin reforma a la salud, pero lo es mucho más bajo este panorama y lo que podría venir.

“Tengo una gran preocupación acerca del futuro de Savia Salud. Tenemos que conversar con toda la franqueza para evitar que una decisión sorpresiva afecte la salud de millones de antioqueños”, reclamó Aníbal Gaviria, gobernador de Antioquia.

Pero el punto neurálgico serán las deudas que estas entidades tienen. “Ahí tenemos una gran angustia. ¿Quién nos va a reconocer los 12,6 billones de pesos que deben las EPS con las IPS? Para solo dar un ejemplo, en Medimás y Coomeva hay cuatro billones de pesos en cartera”, dice Toro. Acemi reconoce que el 79 % de las deudas a prestadores a más de 60 días corresponde a EPS liquidadas o en medidas de vigilancia.

Bajo este escenario de incertidumbre, lo único que hay son dudas y temores. Y justamente la zozobra que dice la ministra Corcho querer evitar es cada día más grande. Urge que, a la menor brevedad, ella le presente al país el proyecto de la anunciada reforma del Gobierno Petro. A pesar de las dificultades, Colombia ha logrado consolidar uno de los mejores sistemas de salud del mundo. Solo es admisible hacer cambios para mejorar. Con la vida de los colombianos no se juega, ni se improvisa.