¿Presiones indebidas?: el debate que desató un trino de José Miguel Vivanco

Un trino de José Miguel Vivanco desató un debate jurídico a pocas horas de que comience la audiencia en la que se tendrá que decidir la libertad de Álvaro Uribe Vélez. A través de su cuenta, el director de la División de las Américas de Human Rights Watch aseguró que “Colombia: mañana es el primer test de @FiscaliaCol para evaluar su tratamiento del caso Uribe. La comunidad internacional estará observando atentamente. El Fiscal Barbosa enfrenta un examen clave”.

De inmediato, el abogado Víctor Mosquera Marín, quien es parte de la defensa de Álvaro Uribe publicó un comunicado rechazando ''enérgicamente la comprobada intención del señor José Miguel Vivanco, de socavar y minar la independencia judicial de la Fiscalía General de la Nación, mediante presiones indebidas en perjuicio de los derechos humanos del expresidente Álvaro Uribe Vélez''.

El penalista Iván Cancino, por su parte, quien defiende a Diego Cadena, aseguró que “un organismo internacional que se supone que es una ONG que protege los derechos fundamentales no puede ponerse a presionar al fiscal a ver si va a obrar en contra de Uribe. El fiscal debe obrar, según los criterios jurídicos y de la ley, y nada más. Un organismo internacional no tiene por qué meterse a opinar. No tiene ningún sentido. Eso demuestra que ha estado parcializado en muchas de las opiniones que ha dado sobre el país”.

Por otro lado, el abogado Francisco Bernate explicó que no considera que sea una presión para el juez de garantías ''porque entiendo que su trino va dirigido más a la Fiscalía y por supuesto que uno esperaría una discusión frente a las formas en que actúa la justicia de un país y frente a las decisiones que toman los jueces".

También agregó qué ''creo que está entrometiéndose en asuntos de la justicia interna de nuestro país, presionando a la Fiscalía General de la Nación'' y dijo que ''tanto la comunidad nacional como internacional respeta las decisiones del jueces (...) pareciera que para el señor Vivanco solo sirve la justicia en la que él cree y no la justicia colombiana''.

El exministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, aseguró que Vivanco es un destacado defensor de derechos humanos que siempre ha buscado encontrar lo que los abogados llaman “la regla de oro”. Sin embargo, aseguró que “tiene una molestia personal de muchos años con el expresidente Uribe. Más allá de su conocimiento, en este caso tiene una posición de orden personal”.

Seis preguntas clave sobre la audiencia de Álvaro Uribe

1. ¿Qué se va a discutir en esta audiencia ? Álvaro Uribe renunció al Senado para lograr sacar su caso del ámbito de la Corte Suprema de Justicia y llevarlo a instancias de la Fiscalía. La razón de ser de esa movida no es otra que procurar recuperar su libertad cuanto antes.

En esta audiencia no se discutirá el fondo del caso –¿los testigos fueron sobornados, Uribe sabía o no?– sino únicamente el asunto de la medida de detención. Aunque el abogado Jaime Granados ha sido cauto en no anticipar los argumentos que expondrá ante el juez garantías, algunos de estos ya fueron presentados a la Fiscalía cuando solicitó que el ente decretara “de forma inmediata” la libertad de Uribe, petición que fue rechazada.

El fiscal general Francisco Barbosa designó para el caso al fiscal Gabriel Jaimes, coordinador de la Unidad de Delegados ante la Corte, y la primer decisión de este (lógicamente concertada con su jefe) fue rechazar la petición de la defensa de Uribe con el argumento de que eso debe ser decidido por un juez.

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Jaime Granados solicitará al juez la nulidad de todo lo actuado en el caso. No ha dicho expresamente que esa será su estrategia pero sí de forma tácita. El defensor de Uribe replicó en redes sociales una entrevista en la que el experto tributarista Hernándo Herrera, director de la ONG Excelencia por Justicia, afirma que “El proceso penal contra Uribe debe empezar de ceros”. Su argumento es que el expediente al hacer tránsito del sistema que rige en la Corte (ley 600) al sistema penal acusatorio (ley 906) debe ser adecuado y ello implicaría que se caigan las decisiones previamente adoptadas por la Corte.

Ese es el mismo planteamiento jurídico que hizo Granados cuando solicitó la Fiscalía tumbar la medida de casa por cárcel que tiene a Uribe confinado en El Ubérrimo. Si el juez decreta la nulidad de lo actuado, se caería la medida y el expresidente recobraría la libertad.

El expresidente Álvaro Uribe en El Uberrimo, en Montería - Foto: SEMANA

Otro escenario, más localizado, sería el de pedir revocatoria de medida de aseguramiento específicamente. Es decir, no que se anule todo sino solo la medida como tal. “En este caso la defensa tendría que plantear con nuevos medios de conocimiento o con un análisis diferente al que hizo la Sala de Instrucción que no existe inferencia razonable de autoría o que no existen los fines que tuvo en cuenta la Corte al imponer la medida de aseguramiento”, explica el penalista Marlon Díaz. E incluso, existe un tercer escenario: solicitar la sustitución de la medida por otra no privativa de la libertad. Efectivamente, el sistema penal acusatorio ofrece toda una variedad de opciones como que el procesado tenga prohibido salir del país, que se presente periódicamente ante una autoridad, o que se abstenga de comunicarse con ciertas personas.

2. Este mismo miércoles Uribe podría recuperar la libertad? Es una posibilidad, aunque no muy probable. La audiencia, seguramente, será extensa y densa en cuanto a la exposición de argumentos. Además, tratándose del caso del expresidente Álvaro Uribe -que sigue con atención todo el país– el juez seguramente querrá tomarse un tiempo para analizar los elementos y estructurar su decisión de la mejor forma.

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No se sabe quién será el juez al que le toque el chicharrón, el sistema lo asigna por sorteo poco antes de la audiencia. Pero cualquiera que sea el togado deberá garantizar la participación de todos los implicados.

Así que la diligencia intervendrán todas las partes. La defensa de Uribe arrancará plantando la petición de dejar sin efectos la medida de detención domiciliaria que pesa sobre el exsenador, y sobre esa exposición fijarán su postura todos los demás intervinientes. Entre estos está la Fiscalía, que deberá señalar si apoya la petición o si se opone a la misma y por qué. Este punto será uno de los puntos más interesantes de la diligencia pues hay gran expectativa sobre la postura que tomará el ente acusador ante el caso. En esta diligencia se empezará a dilucidar el interrogante.

También tendrá espacio para intervenir la representación de víctimas, es decir, el abogado Reinaldo Villaba, defensor del senador Iván Cepeda. Ahí no habrá ninguna sorpresa. De seguro el abogado Villalba se opondrá a que la medida impuesta por la Sala de Instrucción sea reversada por un juez de garantías. Para eso el jurista recordará que los magistrados en su momento consideraron que era necesario poner en casa por cárcel a Uribe para así evitar que el proceso fuera torpedeado. El abogado de Cepeda llevará al estrado los argumentos en que se apoyó la Corte para imponer la medida y rechazará cada una de las posturas de los abogados de Uribe.

Así mismo, tendrá que intervenir la Procuraduría. Cuando la Sala de Instrucción le resolvió situación jurídica a Uribe –momento en que lo castigó con casa por cárcel– el ministerio público no se mojó. Pasó de agache. El sistema que rige en la Corte, la ley 600, no exige que la Procuraduría fije una postura en ese momento procesal. Y luego, con la renuncia del expresidente al Senado, vino la discusión de si el caso debía pasar al sistema penal acusatorio. Sobre ese aspecto el ministerio público conceptuó que sí. Pero hasta ahora no se sabe qué posición tendrá la Procuraduría en sí frente al expediente en que está envuelto Uribe. Esa pregunta también se empezará a responder este miércoles.

3. ¿La decisión del juez, cualquiera que sea, tiene pataleo? Sí, pero en caso de que el juez de garantías ordene la libertad esta se materializará de inmediato. En el sistema penal acusatorio las decisiones sobre libertad son de aplicación instantánea. Si esa fuera la decisión del juez, su cumplimiento solo ocuparía el tiempo en que se haga el trámite de presentar esa novedad ante el Inpec.

La decisión del juez de garantías, cualquiera que sea, puede ser recurrida ante la segunda instancia cuyo rol le corresponde a un juez de conocimiento. Cualquiera de los intervinientes inconformes puede presentar el pataleo. Aún así, los recursos interpuestos no congelaría la orden impartida. Si el juez de garantías ordena que el expresidente Uribe recobre la libertad, sería cuestión de horas para que eso sea realidad.

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4. ¿Por qué es clave lo que diga la Fiscalía en esta audiencia? La audiencia que se viene será el debut del fiscal Gabriel Jaimes en el caso Álvaro Uribe. Está por verse la valoración que hará el ente acusador sobre el expediente. Aunque respecto a Diego Cadena (el polémico abogado de Uribe señalado de sobornar testigos y co-protagonista del caso) la Fiscalía decidió imputarlo y pedir detención, no se puede afirmar que la entidad tendrá la misma postura respecto al jefe del Centro Democrático.

Si bien los hechos en cuestión son esencialmente los mismos, la valoración no necesariamente debe ser igual respecto a Uribe que con relación a Cadena. De hecho, los cargos imputados al abogado fueron soborno en favor de terceros y fraude procesal en calidad de autor; mientras que la Corte le venía endilgando a Uribe esos delitos pero en calidad de determinador y esta última calificación no impone obligación para el ente acusador. Está por verse qué plantea el fiscal Jaimes.

Respecto al fondo del caso, este funcionario bien podría concluir que no encuentra mérito para acusar y procedería a archivar o a solicitar la preclusión del caso. O también puede ser que decida acusar y llevar a juicio al axpresidente.

En teoría todas las opciones están abiertas, por eso será clave ver qué postura adopta la Fiscalía sobre la petición inicial de que el expresidente recupere la libertad.

5 ¿Si se niega la libertad hasta cuándo seguirá detenido el expresidente? En caso de que la petición de libertad no prospere, es decir, si el juez decidiera confirma la medida impuesta por la Corte Suprema, el expresidente seguiría en detención.

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Sin embargo, sus abogados tendrían otra oportunidad para solicitar el levantamiento de la detención al cumplirse 60 días de impuesta si para entonces no se ha presentado escrito de acusación por parte de la Fiscalía. Como ese término de dos meses no se altera con el cambio de jurisdicción y se cuenta a partir del primer día de casa por cárcel, la fecha límite sería hacia el 5 de octubre. Pero esta opción se esfuma si el ente acusador presenta escrito de acusación dentro de ese término.

Por otra parte, si el juez de garantías decidiera modificar la detención por alguna otra medida no privativa de la libertad, entonces la Fiscalía contaría con hasta 90 días (3 meses) como plazo máximo para forumular escrito de acusación o formular preclusión. Y ese término seria de hasta 120 días (4 meses) si decidiera plantear un concurso de delitos, tal como lo hizo la Corte en la definición de situación jurídica. En cualquier escenario, en el sistema penal acusatorio una persona puede estar privada de la libertad preventivamente hasta máximo un año. Los abogados de Uribe están trabajando inténsamente para acortar ese horizonte.

6 ¿Uribe intervendrá en esta diligencia judicial? Es una posibilidad y lo más probable es que sí. La audiencia será por teleconferencia. Todas las partes estarán ante el juez través de una pantalla. El expresidente, sin salir de su casa por cárcel, de seguro ocupará uno de los recuadros en la cuadrícula de Zoom.

Uribe ha dicho con insistencia que siempre le ha dado la cara a la justicia y en particular –a fuerza de las circunstancias– en las últimas semanas ha estudiado con lupa el expediente en que está envuelto. Así mismo, sabe que su oratoria puede hacer más que los argumentos de los penalistas que lo defienden. “El estará presente, como siempre: de frente y dando la cara. No me cabe en la cabeza pensar que vaya a dejar de asistir”, dice una persona de su círculo cercano.

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A través de entrevistas, trinos y comunicados, Uribe ha insistido en que su detención más que injusta fue ilegal y ha agrupado sus críticas en lo que definió como “la violación de ocho garantías procesales”. Ese planteamiento lo viene martillando desde días antes de abandonar el Congreso y lo dejó escrito en la carta con que oficialmente renunció al Senado. El expresidente señala haber sido blanco de supuestas interceptaciones ilegales, sesgos por parte del magistrado instructor y filtraciones selectivas, entre otros reclamos.

Este miércoles, Álvaro Uribe –seguramente de viva voz y a través de sus abogados– intentará convencer al juez de garantías de que está en sus manos “corregir” los “errores” que contra él se han cometido en este proceso. La libertad del exmandatario estará en manos de ese juez de garantías.

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