Presos continúan en precarias condiciones de salubridad y alimentación a pesar de billonaria inversión del Gobierno, determinó Contraloría

“Las acciones emprendidas por el Gobierno nacional durante los últimos 20 años han sido insuficientes para superar la grave crisis que enfrenta el sistema carcelario y penitenciario en Colombia”, fue la conclusión a la que llegó la Contraloría General, luego de analizar las condiciones actuales en las que viven los privados de la libertad en el país.

A pesar de dos décadas de esfuerzos gubernamentales, respaldados por ocho Conpes y ocho Planes Nacionales de Desarrollo (PND), la crisis en el sistema carcelario y penitenciario persiste y se profundiza, de acuerdo con el contundente estudio de la Contraloría titulado ‘Desafíos de las Políticas Públicas, la Institucionalidad y el Uso de Recursos en la Crisis Carcelaria y Penitenciaria en Colombia’. Más de 4,8 billones de pesos se han invertido en las cárceles y penitenciarías en los últimos 20 años.

El informe detalló graves fallas en la articulación institucional y el desempeño de las entidades gubernamentales, con especial atención a la Rama Judicial, señalando la falta de acciones efectivas para abordar las causas estructurales de la problemática. Entre estas, se incluyen el “aumento de los índices de delincuencia y violencia, el deterioro de gran parte de los establecimientos carcelarios y penitenciarios, la falta de aplicación de la alternatividad penal, el populismo punitivo y las múltiples modificaciones del Código Penal”.

El estudio, basado en una encuesta entre 126 directores de establecimientos carcelarios y penitenciarios, resaltó discrepancias en la información de cupos manejada por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), generando dudas sustanciales sobre las estadísticas cruciales para la formulación de políticas públicas y la asignación de presupuestos a las instituciones responsables.

El documento no solo criticó la falta de una estrategia integral para abordar las condiciones humanas y de resocialización de los internos, sino que también puso de manifiesto la transformación de las cárceles en “universidades del crimen”, donde el propósito de resocialización se ve socavado.

Ante este panorama, los expertos consultados en el estudio destacaron la necesidad imperiosa de realizar una “reingeniería” y “cambios estructurales” en el Inpec y la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), instancias encargadas del sistema penitenciario y carcelario, señalando su baja efectividad.

La Rama Judicial, en particular los jueces de ejecución de penas y los fiscales, también se señalaron como actores clave en la aplicación de medidas y beneficios que podrían contribuir a disminuir la crisis.

En términos de soluciones, la Contraloría enfatizó que el cumplimiento de la Ley 65 de 1993 (Código Penitenciario y Carcelario) podría reducir la presión de cupos en un 30 %, siempre y cuando los alcaldes cumplan con sus responsabilidades respecto a los sindicados.

En el estudio se sugirió la implementación de soluciones regionales, con un enfoque diferencial y de justicia restaurativa, mediante la cooperación entre el Gobierno nacional y los entes territoriales. Además, se apuntó a la necesidad de ajustar el Plan Decenal de Justicia 2017–2027, incorporando mecanismos eficaces para la articulación y trabajo conjunto entre las instituciones gubernamentales y la Rama Judicial, estableciendo responsabilidades claras y metas alcanzables.

La Contraloría General concluyó haciendo énfasis en que no se obtendrán resultados efectivos si no se implementan “cambios estructurales” en la administración del Inpec y la Uspec, instando a mejorar la coordinación de acciones, trabajar hacia un mismo propósito y optimizar los procesos de planificación y control, para garantizar que las inversiones de los presupuestos públicos generen los mayores beneficios en la superación de la crisis carcelaria y penitenciaria en Colombia.