Paras, sicarios, bacrim y narcos: ¿quién da más por entrar a la JEP?

Más de 200 presos de la cárcel La Picota anunciaron que pondrán a disposición de la Jurisdicción Especial de Paz, la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, la información que tienen "para aportar al esclarecimiento del conflicto interno colombiano".

Corrupción, secuestro, extorsiones, asesinatos de líderes, masacres, desplazamiento, microtráfico, contrabando, atentados, reclutamiento infantil y vínculos de más de 24 organizaciones criminales con miembros de las fuerzas militares, políticos y empresarios, son algunas de los datos que los condenados y sindicados prometen. 

Entre lo más revelador que dice la carta oficializada este miércoles por el Comité de Presos por la Verdad de Colombia, está el interés de dar nombres de cómplices, causas y circunstancias del asesinato de Álvaro Gómez Hurtado. Pero ese no es último caso. También se refieren al atentado del avión de Avianca perpetrado en noviembre de 1989 y la Operación Orión, desarrollada en la comuna 13 de Medellín en 2002 y que dejó decenas de desaparecidos. 

"Estamos dispuestos a poner la verdad y las víctimas por encima de cualquiera otra consideración. Por esto hemos adelantado un riguroso barrido preliminar relativo a los fenómenos del conflicto armado y de la violencia en Colombia, de los cuales podemos dar testimonio porque NOS CONSTAN; así como señalar las regiones en las que todo ello ha ocurrido y ocurre, y hacer referencia a los diferentes actores que han operado y operan en los territorios del conflicto armado", dice la misiva. 

SEMANA hizo un barrido de los 200 firmantes y la información que tienen a su disposición. 

• Carlos Mesa Vallejo, alias Tom / La Oficina de Envigado

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Es conocido en Medellín como Tom, el “duro”, el que manejaba toda la criminalidad de la ciudad. Aunque él se autoproclamaba como un mero representante de los grupos armados urbanos al margen de la ley, estructura mejor conocida como la Oficina de Envigado, llegó a ser su capo en 2013 cuando la Policía arrestó a Éricson Vargas, alias Sebastián. Un dato revela la importancia en la delincuencia y el narcotráfico de este hombre. En 2016 el Departamento de Justicia de Estados Unidos ofreció 2 millones de dólares a quien entregara información que facilitara su captura. 

• Fremio Sánchez Carreño / Autodefensas Unidas de Colombia

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Fue jefe de una estructura urbana del Bloque Central Bolívar de las autodefensas y fue condenado por el asesinato de Héctor Acuña Cervantes, presidente del Sindicato de Motoristas y Trabajadores de la Industria del Transporte Automotor de Colombia. Su nombre cobró relevancia en 2007 cuando el Nuevo Herald publicó un video en el que se registra a Fremio Sánchez asistiendo a una reunión con el entonces candidato presidencial Álvaro Uribe. El documento es producto de una reunión política sostenida el 31 de octubre en Puerto Berrío, Antioquia. Sobre este último caso el gobierno señaló, a la par con el DAS, que en ese entonces era imposible saber que Sánchez tenía nexos con paramilitares. 

•  Francisco Javier Zuluaga, alias ‘Gordolindo‘

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Fue extraditado a Estados Unidos en 2008, junto con un grupo de jefes paramilitares que terminaron saldando sus cuentas primero con la justicia extranjera que con la colombiana. Diferente a otros jefes de las AUC, Zuluaga siempre fue considerado un capo colado en el proceso de Justicia y Paz, de donde fue excluido cuando volvió a reincidir. Gordolindo llegó deportado a Colombia el año pasado y ahora enfrenta su deuda con la justicia ordinaria por enriquecimiento ilícito, concierto para delinquir y homicidio agravado. 

• Faber de Jesús Atehortúa Gómez, alias Julio Palizada / Los Urabeños

Julio Palizada Foto: El Colombiano

Considerado el jefe de sicarios de Los Urabeños en Antioquia y presunto mano derecha de Darío Antonio Úsuga alias Otoniel. Se acogió a sentencia anticipada, meses después de ser capturado en 2012, como coautor de una masacre ocurrida en julio de 1999 en Curumaní (Cesar) donde fueron asesinados cinco campesinos. Fue condenado a 36 años por los asesinatos de dirigentes políticos en el Cesar cuando integró el Bloque Héctor Julio Peynado de las AUC al mando de Juancho Prada.  

• Nelson Hoyos Sepulveda, alias Doble 5 / Clan Úsuga

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Perteneció al Bloque Sur de las AUC y se desmovilizó en el 2004 en Bugalagrande (Valle del Cauca). Después renunció a los beneficios de la Ley de Justicia y Paz y se vinculó al Clan del Golfo, antes conocidos como Úsuga o Los Urabeños. Allí se convirtió en el hombre de confianza de Gavilán que fue abatido durante un operativo en 2017.  Doble 5 era el jefe máximo de la organización en Córdoba y el nordeste y bajo Cauca Antioqueño. Se le responsabiliza de asesinar a varios policías en Montelíbano y Tierralta (Córdoba), como parte del denominado ‘Plan Pistola‘. 

•  José Eberto López Montero, alias Caracho / Erpac

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Durante mucho tiempo, el nombre de José López Montero, mejor conocido como Caracho, fue temido en los llanos orientales. Heredó el poder de la banda criminal Erpac en reemplazo de alias Cuchillo, “el asesino de asesinos”, una vez fue abatido en zona rural de Mapiripán (Meta). Por haber dirigido una bacrim, el nombre de Caracho no clasificó en los beneficios que da la Ley de Justicia y Paz. Por eso, tuvo que enfrentar 21 procesos ordinarios por desaparición, desplazamiento forzado y lleva meses moviendo sus hilos para tratar de encajar en la Jurisdicción Especial de Paz. 

• Luis Francisco Robles Mendoza, alias Amaury / AUC

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Fue cabecilla de del bloque Héroes de los Montes de María de las autodefensas, aceptó la comisión de los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir agravado, desplazamiento forzado, hurto agravado y calificado, daño en bien ajeno, incendio y acceso carnal violento. En 2011 reconoció ante un fiscal de Derechos Humanos y DIH su responsabilidad en siete delitos perpetrados con ocasión de la masacre del corregimiento El Salado, jurisdicción de El Carmen de Bolívar. Amaury también fue procesado por la masacre de Macayepo (Bolívar), perpetrada el 14 de octubre del 2000. 

• Luis Fernando Úsuga Arango, alias H20 / Los Urabeños

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Hasta 400 millones de pesos de recompensa alcanzaron a ofrecer las autoridades por información que condujera a la captura de Luis Fernando Úsuga. Es sindicado de los delitos de homicidio en persona protegida, homicidio agravado, concierto para delinquir, porte ilegal de armas, desplazamiento forzado y secuestro agravado. H20, según la Policía, es sobrino de Dairo Antonio Úsuga, alias ‘Otoniel’, lo que le habría permitido escalar posiciones dentro de la organización al margen de la ley, al punto de convertirse en el hombre de confianza de su tío. Hasta 2013, que fue capturado, se desempeñó como cabecilla militar de Los Urabeños. Su labor consistía en controlar rutas del narcotráfico en la zona de San Pedro de Urabá mediante intimidaciones.

• Wainer Javier Valencia Malava / Disidencia de las Farc 

Fue capturado en zona rural de Tumaco (Nariño) en 2018. Es investigado por la presunta participación en el atentado contra la Estación de Policía de San Lorenzo en Ecuador que dejó más de una veintena de heridos. De acuerdo con las autoridades, fue integrante del grupo armado residual Oliver Sinisterra al mano de alias Guacho. De acuerdo con las autoridades, fue uno de sus hombres de confianza. Se le atribuyen también varios ataques contra la Fuerza Pública como el lanzamiento de una granada de fragmentación a una patrulla de la Policía el pasado 18 de mayo. 

• Belsaid Carrascal, alias J.J / Los Pelusos 

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Belsaid Carrascal Ortiz, alias J.J, es uno de los presuntos responsables del ataque a un billar del barrio Villa Esperanza en zona urbana de El Tarra. Ese día fueron masacradas diez personas, entre ellas un líder sindical. 

• Álvaro Murillo Montes, alias Suero / AUC

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Fue condenado por el Tribunal Superior de Cundinamarca a 32 años de prisión por el asesinato de la lidera campesina, Yolanda Izquierdo. Tras su muerte el gobierno intentó frenar, sin mucho éxito, la cacería a víctimas de los paramilitares. Ella, como pocas, se había armado de valor para representar en las versiones libres de Justicia y Paz a unas 800 familias víctimas de las AUC. Aunque la ley le había dado el legítimo derecho a la reparación y en caso de peligro de muerte le daría seguridad, la norma no se cumplió. 

• William Olaya González, alias Robin / Erpac

William Olaya González Foto: Colprensa

Es desmovilizado del frente Héroes del Guaviare, confeso jefe de sicarios del abatido Pedro Oliveiro Guerrero Castillo, alias Cuchillo, excabecilla del Erpac. Tras su desvinculación de las AUC en 2006, participó de varios hechos delictivos que llevaron a su exclusión de Justicia y Paz. Está sindicado de, por lo menos, medio centenar de asesinatos. Entre los delitos por lo que responde en la justicia ordinaria está el secuestro, concierto para delinquir y desaparición forzada. Es conocido por su vínculo con el Bloque Capital, comandado por el jefe paramilitar Miguel Arroyave, asesinado en 2004. 

• Fernsterbein Fernando Ramírez Meléndez, alias DJ Féxter / Los Rastrojo

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Por mucho tiempo logró ocultar su historial delictivo que lo perseguía en Colombia. Aunque huyó a Europa no pudo eludir la orden de captura internacionalque tenía por homicidio y narcotráfico. Fue capturado en la ciudad de Udine (Italia) tras ser señalado de facilitar la entrada de cocaína colombiana al Viejo Continente. Pero ese no es el único delito por el que se le acusa. Desde el 2011 este hombre coordinaba "los asesinatos selectivos, la venta de estupefacientes y las extorsiones” en el archipiélago de San Andrés. No operaba solo. Al mando de la banda ‘Los Mellos’, que hace parte de la estructura criminal de ‘Los Rastrojos’, habría cometido varios crímenes en la isla.

• Óscar Darío Restrepo Rosero, alias Porrón / Los Rastrojos

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Porrón es uno de los muchos ‘lavaperros’, como llaman coloquialmente a los mandaderos de la mafia, que muy joven se unió a los Rastrojos, organización criminal liderada entonces por los Comba, los hermanos Javier Antonio y Luis Enrique Calle Serna. Tras la captura de sus jefes en Tuluá, Porrón asumió el mando, no sin antes llevar a cabo una sangrienta puja territorial contra otro jefe Rastrojo conocido como Picante. En 2012, ambos protagonizaron una guerra que se conoció como la de las Cabezas Mochas, en la que los bandos desmembraban a sus enemigos y esparcían sus partes por toda la ciudad. La denuncia del Tino Asprilla, víctima de sus presiones, llevó a que fuera capturado y hoy responda por los delitos de extorsión, concierto para delinquir y tráfico de armas y estupefacientes. 

• José Luis Mejía Espinoza, alias Lucas / AUC

Fue el tercero al mando del Bloque Vencedores, que encabezaban los hermanos Víctor Manuel y Miguel Ángel Mejía Múnera. Fue capturado en Vegachí (Antioquia)  por los delitos de desaparición forzada, tortura agravada, homicidio agravado y concierto para delinquir. 

¿Tienen chance?

No basta con acreditar un voluminoso prontuario ni amplio historial criminal para postularse y ser admitido por la Jurisdicción Especial de Paz. El tribunal de justicia transicional tiene solo tres puertas de acceso: la primera está reservada para exintegrantes de grupos guerrilleros que hayan suscrito un acuerdo de paz con el Estado. Hasta ahora la única organización de esa naturaleza son las extintas Farc. A la fecha 9.700 excombatientes de esa guerrilla han suscrito actas de compromiso que es primer paso para empezar el proceso ante la JEP. La segunda puerta es exclusiva para miembros de la fuerza pública (militares y policías), allí se contabilizan 1.973 personas con esa procedencia que han suscrito actas de compromiso. Y finalmente están los llamados agentes del Estado (exintegrantes del DAS, por ejemplo) y terceros civiles que se someten de forma voluntaria. De momento este grupo no llega a las 50 personas.

Es claro que quienes suscriben la carta pidiendo pista en la JEP lo que buscan es hacerse con los favorecimientos judiciales que contempla la JEP. Los delincuentes ven allí una oportunidad de aliviar las penas que les ha impuesto la justicia ordinaria, pero por eso precisamente es remota e improcedente su admisión. La mayoría de los firmantes son exparamilitares, narcos o delincuentes de bandas criminales. Para los primeros está el proceso de Justicia y Paz mientras que para los segundos y terceros está la justicia ordinaria. Ninguno se adecua a los requisitos que impone la JEP. Así las cosas, difícilmente los remitentes de la carta serán admitidos en la justicia transicional.