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Presos intentaron fugarse de centro de protección en Santa Marta, no los han llevado a una cárcel por hacinamiento

Miembros de las bandas criminales en el Caribe planearon fuga. Se amotinaron contra la Policía que custodia el lugar de detención provisional. Muchos de los detenidos necesitan ser llevados a establecimientos carcelarios de máxima seguridad, pero el hacinamiento no lo ha permitido.

26 de julio de 2021
Manos de la prisionera en la cárcel
Manos de la prisionera en la cárcel | Foto: Getty Images/iStockphoto

El viernes 23 de julio en el Centro de Protección Transitorio ubicado en el Centro Histórico de la Ciudad, se vivió una batalla campal, los policías que custodiaban el lugar dónde había decenas de detenidos, esperando su traslado a establecimiento carcelario fueron atacados. Bandas criminales de la zona al parecer planearon el motín que tardó seis horas en ser controlado por las autoridades.

En el reporte final los detenidos que se alcanzaron a fugar por algunos minutos fueron recapturados, pero la situación refleja dos grabes problemáticas, la primera el resultado del hacinamiento carcelario que no es un secreto en el país; y la segunda el hecho de que establecimientos no para para recluir a personas señaladas de cometer delitos graves se encuentren es un lugar sin las medidas de seguridad requeridas y en medio de la comunidad.

Según reporta Camilo George Díaz, director de programa Santa Marta Como Vamos, la Cárcel Distrital Rodrigo de Bastidas cuenta con una capacidad para recluir a 312 personas privadas de la libertad. Sin embargo, datos del INPEC indican que este centro atiende más de 884 personas estando por encima de su capacidad en un 183,3 %.

“Esta crisis en los cupos carcelarios tiene consecuencias evidentes como las acaecidas en la ciudad, lo cual puso en riesgo a la comunidad y a los propios detenidos”, señaló Díaz. Quien aclaró que los Centros de Traslados por Protección han sido diseñados para conducir a personas exaltadas, que son multadas por infringir el Código de Policía o que tienen algún grado de riesgo, como, por ejemplo, personas que bajo el estado de embriaguez protagonizan riñas, y que para evitar que generen daño son llevados a estos lugares pero que horas después pueden quedar libres, cuando ya no sean un peligro para la sociedad ni para ellos mismos.

Pero debido a la crisis carcelaria por el alto hacinamiento, estos centros que cuentan con condiciones básicas de seguridad están siendo utilizados para recluir personas indiciadas por delitos como homicidio, extorsión, hurto, entre otros. Camilo George señala que en el caso del Centro de Protección Transitorio # 2 del Centro Histórico fuentes oficiales le indicaron que se encuentran recluidas en esa instalación entre 150 y 180 personas, algunas de ellas pertenecientes al Clan del Golfo y a la organización criminal los Pachenca.

Es evidente que el hacinamiento carcelario “ha generado que la Policía asuma funciones que no le competen como lo es custodiar a la población carcelaria en estos centros transitorios y estaciones, conllevando al mismo tiempo a una disminución de fuerza de efectivos en las calles de Santa Marta, al tener que destinar vigilancia permanente para esta población y sus reclusorios”, dice Santa Marta Cómo Vamos en un comunicado.

En el documento relaciona que esa situación conlleva a una afectación y relación directa en los indicadores de seguridad ciudadana, “en materia de percepción ciudadana para el tema de seguridad. De acuerdo con la Encuesta Pulso Social publicado por el DANE, el 35.5% de los samarios entrevistados no sale solo a las calles en las noches por temor, mientras que los resultados de la tercera fase de la encuesta #MiVozMiCiudad de Santa Marta Cómo Vamos muestran que el 63 % de los samarios encuestados se sienten inseguros en la ciudad”, indica.

Díaz hizo un llamado a la alcaldía Distrital para instalar una mesa de crisis junto con el ministerio de Justicia que conlleve a la clausura de este Centro de Traslado por Protección, el cual se encuentra ubicado en el centro histórico de la ciudad, y acelerar las obras de la nueva cárcel en el municipio de San Ángel que tendrá capacidad para 3.500 internos.