Presunta red de tráfico de armas involucraría sectores del Ejército

El 8 de agosto de 2019 la Fiscalía General de la Nación capturó al general Jorge Horacio Romero, excomandante de la Cuarta Brigada del Ejército en Medellín. Romero fue capturado por presunta corrupción en el direccionamiento de contratos, con los que habría beneficiado a 3 empresas a las que, aparentemente, les cobraba el 10 % del valor de los contratos, los cuales sumarían más de 4 mil millones de pesos.

Pero en los motivos de la captura, al general Romero también se le vinculó con lo que parece ser irregularidades en la venta de permisos especiales para el porte de armas. Aparentemente, se estaría haciendo negocio con estos, con poca rigurosidad a la hora de otorgarlos, y algunos permisos terminaron en manos de delincuentes de organizaciones criminales como La Oficina, anteriormente llamada La Oficina de Envigado.

Desde entonces, y gracias a las revelaciones que hizo la revista SEMANA de la Operación Bastón —operación de contrainteligencia del Ejército en la que se habría descubierto que 16 de sus generales estaban presuntamente implicados en delitos—, se conoció que la Cuarta Brigada era una suerte de botín lleno de irregularidades de las que se estarían beneficiando hasta las organizaciones criminales. Sin embargo, en el aire quedó la sensación de que el tema de las armas se limitaba a la venta del permiso especial para el porte y que esto ocurría solo en la brigada de Medellín.

Pero el programa ‘El Poder‘, de SEMANA Televisión, tuvo acceso a una investigación oficial sobre presunto tráfico de armas e irregularidades en la concesión de los permisos especiales para el porte, que involucraría a la Cuarta Brigada del Ejército y al Departamento de Control Comercio de armas en Bogotá. La investigación la adelantó la Fiscalía de Medellín y contó con el apoyo de contrainteligencia militar.

Facsímil del informe de contrainteligencia militar.

De acuerdo con la investigación que el batallón de contrainteligencia N.º 7 del Ejército inició en 2016 y cuyo informe de la misma entregó a la Fiscalía en mayo de 2019, aparentemente se concluye que las irregularidades en las ventas de armas y en los permisos que se estaban otorgando para su porte, también involucraría a altos mandos en Bogotá: el 7 de abril de 2016, a la Seccional de Control Comercio de Armas N.º 45 de las Fuerzas Militares en Medellín, llegó una mujer acompañada de tres hombres para comprar armas, una para cada uno de sus acompañantes. Según el informe, la mujer habría manifestado que ella venía de parte del general Romero Pinzón —comandante entonces de la Cuarta brigada y hoy capturado— y que los hombres que la acompañaban eran “recomendados” del general.

Seccional de Control Comercio de Armas N.º 45 de las Fuerzas Militares en Medellín

Sin embargo, en la seccional de armas de Medellín se les hizo sospechosa la actitud de la mujer, ya que el trámite de venta de armas tarda varios días, y la mujer insistía en que debían salir con las armas ese mismo día de la brigada, tal como lo detalla el informe de contrainteligencia. Además, cuando verificaron los antecedentes de los acompañantes de la mujer, verificación que se hace con funcionarios de la Dijín que permanecen en el Departamento de Control Comercio de Armas de Bogotá, uno de los tres hombres registró antecedentes por narcotráfico y los otros dos presentaron problemas en la entrevista que se hace como requisito para entregar el arma. En conclusión, todos fueron rechazados en la sede militar de Medellín.

Facsímil del informe de contrainteligencia militar.

Horas después, en la seccional de armas de Medellín recibieron una llamada: era el mayor Alexánder Cardona Gutiérrez, entonces jefe de la Seccional de Control Comercio de Armas N.° 16 ubicada en Usaquén, Bogotá. Según detalla el informe, el mayor habría pedido a la seccional de armas en Medellín que le redireccionaran el proceso de venta de armas de las personas que acababan de ser rechazadas en esa sede, para que él lo tramitara en su seccional de Bogotá. En medellín no accedieron a esa petición. Ese mismo día, sin embargo —y sin saberse cómo—, detalla el informe que a uno de los 3 acompañantes de la mujer en Medellín “le fue otorgada la venta de un arma” en la Seccional Control Comercio de Armas N.° 16 en Bogotá, la sede que controlaba el mayor Cardona.

Con todos estos detalles que se narran en el informe de contrainteligencia del Ejército, y que está en manos de la Fiscalía Medellín desde mayo de 2019, habrían quedado expuestas dos cosas: uno, que la cadena presuntamente corrupta y delictiva por la que, entre otros delitos, fue capturado el general Romero, no estaría solo en la Cuarta Brigada de Medellín, sino que involucraría a oficiales de la Seccional de Control Comercio de Armas del Cantón Norte de Bogotá. Y dos, que las irregularidades no implicarían solo un tema de venta de permisos especiales para porte de armas, sino que se estaría hablando también de venta de armas en sí, entrando probablemente así en el terreno del tráfico de armas.

Seccional de Control Comercio de Armas N.º 16  de las Fuerzas Militares en Bogotá.

En medio de esta investigación por presunto tráfico de armas, se ordenó la interceptación telefónica de un presunto militar que al parecer trabajaría dentro de las instalaciones de Indumil. En algunos de los audios interceptados se habla de un desorden que se presentó en el negocio de las armas en la Cuarta Brigada de Medellín por lo que parece ser un remezón en la cúpula de la brigada (los audios se pueden escuchar en el programa de ‘El Poder‘). Y también se escucha cómo se comparan armas a través de un trámite conocido como “Cesión de armas”.

En el apartado “Cesión de armas” de la página oficial del Departamento Control Comercio de Armas hay un ítem que indica el “pago por concepto de permiso autorizado”. Para “pago costo cesión permiso en porte” figura un valor de 429.600 pesos y para “pago costo cesión permiso en tenencia” figura un valor de 242.300 pesos. No obstante, en los audios se puede escuchar cómo estarían cobrando hasta 6 millones de pesos por “cesión”.

Transcripción audio interceptado:

Contacto: “¿Y ‘cesiones’ bien buenas no hay?”.

Presunto militar interceptado: “¿Cómo?”.

Contacto: “‘Cesiones’. Bien buenas”.

Presunto militar interceptado: “¿‘Cesiones’? Claroooo, también en un día”.

[...]

Presunto militar interceptado: “A siete. A Ocho sin que vaya uno de los dos. A 9 sin que vayan los dos”.

Contacto: “Listo, pero ¿qué marca?”.

Presunto militar interceptado: “No, ahí sí lo que quiera porque eso hay harto pa‘ vender. Hay Jericó, hay Berettas, hay… hay hartas. Eso hay lo que quiera”.

Contacto:  “Bueno, búsqueme dos ‘cesiones’ bien buenas de Berettas”.

[...]

Presunto militar interceptado: “Hay una Beretta barata… (inaudible). El dueño la daba como en 12 millones. Con la cesión valdría...”.

Contacto: “¿Cuánto?”.

Presunto militar interceptado: “Con la cesión valdría dieciocho”.

Contacto: “Hágale, esa sirve”.

En los audios también se puede escuchar cómo hablan de la posible venta de diferentes armas, como si estuvieran comprando dulces en un supermercado, con la misma facilidad. Y, de acuerdo con estas interceptaciones (ver programa ‘El Poder‘ para escuchar audios), quedaría cuando mínimo (...) claro que existe un personaje que tiene acceso a armas y a la venta legal de estas, o a la consecución de permisos especiales para el porte de ellas. Alguien que al parecer sería cercano a la Industria Militar (Indumil).  Y es acá cuando la Fiscalía empieza a hablar de un presunto tráfico de armas.

Debe añadirse, además, que en uno de los apartados del informe que contrainteligencia militar entregó a la Fiscalía (y del que ‘El Poder‘ tiene copia) para apoyar el trabajo investigativo con fines de judicialización de esta entidad, también se puede leer lo siguiente:

"Se han recibido varias informaciones sobre la posible existencia de una red criminal al interior del Ejército Nacional, encargada de otorgar permisos de porte de armas de fuego y permisos especiales a particulares sin cumplimiento de requisitos legales, principalmente a integrantes de grupos armados ilegales. Según las fuentes que aportan la información, la red funciona desde el Departamento de Control Comercio de Armas (DCCA) ubicado en la ciudad de Bogotá, algunas Seccionales de Control Comercio de Armas, algunos funcionarios de la Cuarta Brigada y algunos particulares encargados de contaminar y pagar los sobornos a los funcionarios".

De ser así, esta presunta red no sería asunto de un solo general ni estaría hablándose de posibles delitos aparentemente cometidos solo en la Cuarta Brigada de Medellín.