Declaraciones salpican a Pretelt con coimas en megapleito de Santa Marta

Las altas esferas de la justicia colombiana no se escaparon de quedar salpicadas por el escándalo de corrupción que sacudió a España. Hace tres años, cuando el exmagistrado de la Corte Constitucional Jorge Pretelt comenzaba a dar las primeras explicaciones por los hechos de corrupción que al parecer rodearon la selección de una tutela en favor de Fidupetrol, saltó a los medios otro megapleito en Santa Marta que se mantuvo secundario por meses. 

Ahora, la Fiscalía acaba de desempolvarlo para compulsar copias en contra del exmagistrado por supuestamente haber recibido una "elevada suma de dinero" para favorecer los intereses de la firma  Recaudos y Tributos S.A., filial de Inassa en Colombia. 

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El pleito se originó en 2012, cuando el entonces alcalde de Santa Marta, Carlos Caicedo, se le atravesó a un contrato entre la alcaldía y esta firma, al considerarlo lesivo para los intereses de la ciudad. Para frenarlo, expidió una resolución en el 2012, que inmediatamente intentó tumbar R&T ante los tribunales judiciales al considerarla ilegal. 

La firma R&T estaba encargada de la gestión de los impuestos, una función que normativamente se le delega a los gobiernos y no a los particulares. Este argumento es el que imperó en las batallas legales que se derivaron de su contrato. El caso también lleva varios episodios en la Procuraduría, que archivó una investigación en contra de Caicedo y ahora apunta a establecer de qué manera se pactó el contrato por 22.379 millones de pesos y que al parecer ni siquiera fue ejecutado. 

Por años la resolución de Caicedo fue inaplicable. La acción de tutela interpuesta por R&T, asesorada por el exmagistrado Rodrigo Escobar Gil, fue perdida por el municipio en casi todas las instancias, incluso, en una decisión de sala de revisión de la Corte Constitucional. 

El caso fue seleccionado por este alto tribunal y el reparto le correspondió al magistrado Jorge Pretelt. Un primer pronunciamiento salió a favor de la multinacional, en una postura que contó con el respaldo de Pretelt y del entonces magistrado Alexei Julio; el magistrado Luis Ernesto Vargas salvó el voto. Después, mediante una acción de nulidad, la Sala Plena de la Corte Constitucional le dio la razón a Caicedo y declaró nula la decisión adoptada por la sala de revisión. 

Aunque los protagonistas de este caso llamaron de inmediato la atención de las autoridades, seis años después, la Fiscalía decide compulsar copias para que se investigue. Y lo hace basada en declaraciones de algunos implicados y evidencias obtenidas como resultado de la activación de mecanismos de cooperación judicial. 

"Teniendo en cuenta la relevancia penal de las conductas atribuidas al exmagistrado de la Corte Constitucional y el fuero constitucional que lo ampara en relación con las mismas (arts. 174 y 178, numerales. 3 y 4 de la Constitución.), la Fiscalía decidió compulsar copias de las piezas procesales pertinentes, con destino a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, para que dé inicio a la investigación correspondiente", dijo la Fiscalía a través de un comunicado.

Actualmente, Pretelt está a la espera de una decisión definitiva en su caso de Fidupetrol. La Corte Suprema de Justicia concluyó el juicio en su contra y ahora los magistrados de la sala especial de juzgamiento tendrán que emitir su veredicto. 

Ahora, por cuenta de las revelaciones que encontró la Fiscalía en la investigación de Inassa, el caso vuelve a estar sobre la mesa. También serán investigados por estos hechos los abogados Rodrigo Escobar y Víctor Pacheco, ambos ya condenados y mencionados en las nuevas evidencias.