ODEBRECHT
Primer condenado por sobornos de Odebrecht pagará 7 años de cárcel
Se trata del libanés Enrique Ghisays Manzur, quien fue sentenciado por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. La Fiscalía había pedido 5 años de prisión, razón por la cual apeló la decisión.
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Las siguientes sentencias en este caso serán las de su hermano, Eduardo Ghysais Manzur, ya imputado por la Fiscalía, y la del ex viceministro Gabriel García Morales, quien fue el primer alto funcionario en ser capturado en Colombia y en admitir su responsabilidad por el escándalo de Odebrecht.
Los hermanos Ghysais Manzur, como representantes de la firma Lurion Trading, lograron dar apariencia de legalidad a 6,5 millones de dólares de la firma brasileña. Ghysais -según lo reveló la Fiscalía la semana pasada- ayudó a congelar 4 millones de dólares que terminaron en las Islas Vírgenes Británcas, a través de la empresa Oil & Gas Logistics.
El trámite para que un juez de las Islas Vírgenes emita un fallo podría durar más de cinco años. Por esta razón, la Fiscalía logró un acuerdo con Enrique José Ghisays para que como parte de su colaboración con la justicia, a través de una carta a la empresa Pacific Infrastructure, facilitara la recuperación de los 4 millones de dólares. Se espera que en un año estos dineros retornen a Colombia.
En la conformación societaria de OIL& Gas Logistics, también creada por García Morales, aparecen varios nombres que son indagados por la Fiscalía: Marco Gianpaoli Scattolini, Alfonso Pereira del Río, los hermanos Ghisays y Menzel Amín Avendaño. Sobre este último, la justicia indaga por qué aparece en varios chats que el exsenador Otto Bula entregó como parte de su colaboración con la justicia, y que fueron revelados por SEMANA.
Aún no hay claridad sobre el destino de 2,3 millones de dólares restantes: "El destino de USD 2,3 millones es incierto, ya que como lo anota el mismo imputado, un millón de dólares fue a parar a la banca de inversión y se perdieron, al igual que us$1,3 millones fueron gastos varios de los que no se tienen soporte", dijo la fiscal Amparo Cerón al comienzo del proceso.
El juzgado que lo sentenció a 7 años, dos años por encima de la petición de la Fiscalía, aseguró en su decisión que Ghisays incurrió en ocultamiento del dinero mediante maniobras engañosas ante la banca financiera, no solo nacional sino internacional. "El juicio de reproche que el Estado a través de la judicatura le realiza a Ghysais Manzur es que estando en condiciones de acatar la ley, pues no obra en su favor causal excluyente de responsabilidad, optó de forma libre, consciente y voluntaria por quebrantar el ordenamiento jurídico".
Sin la presencia de Ghysais en los estrados, está recluido actualmente en La Picota, el juez recalca que a través de estas operaciones el empresario no solo llevó a su incremento patrimonial por el orden de USD 750.000 sino que además incrementó el patrimonio de un tercero: el ex viceministro.
También llamó la atención por el dolo intenso con el que actuó Ghysais, ya que usó diferentes medios para llevar a cabo el ilícito, como lo son la participación de una pluralidad de personas que tenían diversos roles para direccionar el dinero, así como cuentas en el banco USB Miami y en Wells Fargo.
"Estos medios fueron concatenados de forma sistemática y meticulosa, develando un procedimiento complejo, en cual además requirió de conocimiento especializado en asuntos bancarios, jurídicos y tributarios aplicados al territorio nacional y foráneos", dice la decisión.
El funcionario judicial reconoce que este ilícito se desarrolló mediante el "contibernio" con una empresa de reconocido nombre internacional y un funcionario que está en segundo nivel de importancia del Ejecutivo. Al respecto hace un llamado de atención por el hecho de que los principales implicados en este escándalo son personas con estudios académicos superiores y abundantes oportunidades académicas: "desincentiva al ciudadano del común a actuar al amparo de la legalidad".
El juez le negó a Ghysaiys el acceso a cualquier subrogado penal y le dejó la decisión de trasladarlo a una cárcel en Barranquilla al Inpec, instituto que está a cargo de su custodia.