Primer gobernador suspendido y cuatro indagados por corrupción en plena pandemia

Los entes de control unidos -Fiscalía, Procuraduría y Contraloría- anunciaron en rueda de prensa un paquete de decisiones para golpear la corrupción en medio de la pandemia. "La corrupción mata", aseguró el representante del Ministerio Público, Fernando Carrillo, quien anunció que producto de las investigaciones se interrumpió por tres meses la continuidad de los primeros dos funcionarios en las regiones. Se trata de Ariel Palacios, gobernador del Chocó, y el alcalde de Calarcá, Luis Alberto Balsero Contreras.

El primero firmó un contrato el 15 de abril por 2.000 millones de pesos para capacitaciones en torno al coronavirus. Este contrato también quedó en suspenso, entre otras cosas por desconocer que las jornadas de salud contempladas eran una violación a la cuarentena decretada por el Gobierno nacional y por seleccionar a la Fundación Chocó Saludable, un contratista que no tendría la idoneidad.

"Resulta altamente inconveniente que, ante la pandemia producida por la  covid-19, los recursos del Estado no estén dirigidos a garantizar los derechos fundamentales a la salud, a la vida de las personas que pudieran resultar contagiadas y del personal médico y de enfermería que tendría que atender a los pacientes", dijo el representante del Ministerio Público. Deberá estar apartado del cargo por tres meses.

Para el caso del alcalde de Calarcá, en el Quindío, Luis Alberto Balsero Contreras, y el secretario administrativo José Garzón, se ordenó la suspensión temporal por presuntas irregularidades en un contrato por 396 millones de pesos. El representante legal de la empresa Inversiones Echeverry S.A.S. dice que desconoce su firma en la suscripción del contrato.

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Tres juicios disciplinarios 

La primera en responder será la alcaldesa de El Socorro, Santander, Claudia Luz Alba Porras Rodríguez, por presuntas irregularidades en la celebración de dos contratos por más de $325 millones de pesos en donde los contratistas terminaron hasta emparentados. En uno, se investiga un aparente sobrecosto por 200 millones de pesos para la entrega de mercados a 2.000 familias del municipio. En el segundo, se investiga si la firma Corporación Rayos de Esperanza, creada 30 días antes de celebrar el contrato, podía cumplir con el objeto contemplado. El valor asciende a 125 millones de pesos y la representación está en cabeza de la esposa del anterior contratista. 

La iniciativa de hacer una megafiesta en Arauca en medio de la pandemia también pasó factura. Fue citado a audiencia de juzgamiento disciplinario el gobernador de Arauca, José Facundo Castillo Cisneros, por presuntas irregularidades en el contrato para la realización de eventos y actividades artísticas en el municipio de Cravo Norte, por $570 millones. El contrato se firmó el 14 de abril desconociendo las condiciones de excepción por la pandemia. Al gobernador se le reprocha la presunta violación al principio de planeación y de transparencia, que comporta el deber de selección objetiva y de responsabilidad de la contratación estatal.

Pero no es el único reproche a este funcionario. Castillo también deberá responder por presuntos sobrecostos en la contratación de paquetes alimentarios para 33.437 familias del departamento por 4.463 millones de pesos. El gobernador, en este caso, está llamado a responder al lado de su equipo de escuderos: los secretarios de Gobierno y Seguridad Ciudadana, Luis Medardo Tovar Altuna; de Desarrollo Social, Carolina Muriel Zea; al gerente de Contratación, Heivind Palomino Gutiérrez, y el profesional universitario coordinador de gestión del riesgo del departamento, Edwar Enrique Portillo. 

En el caso del gobernador de Arauca, la Contraloría también abrió proceso de responsabilidad fiscal por el presunto detrimento de 1.050 millones de pesos, y además ordenó la apertura de 27 indagaciones preliminares relacionadas a su gestión.

También se llamó a juicio disciplinario al alcalde de Guaduas, Cundinamarca, Germán Herrera, por presuntos sobrecostos en dos contratos, por $560 millones de pesos, para el suministro de mercados y elementos de aseo, presunta falta de idoneidad del contratista y productos incompletos o sin el gramaje completo. 

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Indagación penal a cuatro gobernadores

El fiscal general, Francisco Barbosa, afirmó que se adelantan investigaciones a 31.928 contratos que se suscribieron en el marco de la emergencia. Por cuenta de la intervención oportuna del ente investigador en 13 contratos se salvaron 17.000 millones de pesos, pues las entidades accedieron a ajustar el valor del contrato o a darlos por terminado de manera unilateral o bilateral. 

La Fiscalía adelanta investigaciones a 41 funcionarios en municipios de Atlántico, Valle del Cauca, Cundinamarca, Cesar, Sucre, Bolívar, La Guajira, Nariño, Antioquia, Quindío y Santander. Además de cuatro procesos investigativos ante la Unidad de fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia por tratarse de aforados constitucionales. Estos últimos avanzan contra los gobernadores de Vichada, Arauca, San Andrés, Magadalena. Barbosa anunció que próximamente se abrirán indagaciones contra otros tres gobernadores. 

Además de este balance regional, el fiscal aseguró que adelanta investigaciones puntuales contra entidades del orden nacional por los programas Ingreso Solidario y los subsidios al agro promovidos a través de Finagro. Respecto de este último, el fiscal especificó que avanzan las indagaciones preliminares contra un aforado que es el ministro de Agricultura. 

La Contraloría informó que por el manejo de los recursos están respondiendo a los interrogantes del ente de control seis gobernaciones. La del Valle del Cauca tiene en investigación más de cuatro contratos firmados en el marco de la emergencia, y las gobernaciones del Tolima, Casanare, Nariño, Vichada y Cesar.