Judicial
Primera Línea | Juez niega nuevamente solicitud de libertad de gestor de paz designado por el Gobierno Petro
Daniela Pérez Gantiva es señalada por la Fiscalía General de hacer parte de la Primera Línea-Engativá que ejecutó acciones en contra de agentes de la Fuerza Pública y la infraestructura.
Un nuevo revés sufrió el Gobierno de Gustavo Petro este martes. La jueza 18 de control de garantías de Bogotá negó la solicitud de libertad elevada para excarcelar de forma inmediata a Daniela Pérez Gantiva, designada a finales del año pasado como gestora de paz.
Pérez Gantiva es señalada por la Fiscalía General de ser alias ‘Polla’, una integrante de la Primera Línea de Engativá que protagonizó acciones delictivas en contra de la población civil, agentes de la Fuerza Pública y la infraestructura en las manifestaciones que se adelantaron en el occidente de la capital de la República durante el Paro Nacional del 2021.
Atendiendo la petición presentada por la delegada de la Procuraduría General, la jueza manifestó que no existe claridad en la resolución firmada por el Gobierno que designó a los denominados gestores de paz. En este sentido se advierte que el documento únicamente habla de suspender la orden de captura de los designados gestores, pero nunca hace mención a la modificación de las medidas de aseguramiento emitidas por los jueces.
En la actualidad, Pérez Gantiva cuenta con detención domiciliaria mientras espera que se adelante el proceso penal en su contra por los delitos de concierto para delinquir agravado; tenencia, fabricación y tráfico de sustancias u objetos peligrosos; empleo o lanzamiento de sustancias u objetos peligrosos; violencia contra servidor público; perturbación en servicio de transporte público, colectivo u oficial; e instigación para delinquir con fines terroristas.
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La joven fue detenida en noviembre de 2021 en Medellín. La Fiscalía General la señaló de intimidar a la comunidad y hacer, mediante la fuerza, exigencias de dinero permitir el paso de motocicletas y vehículos en determinados puntos de este sector de la ciudad.
Durante la audiencia de imputación de cargos, el ente investigador vinculó a ‘Polla’ con cinco actos que afectaron la calidad de vida de los ciudadanos que trabajaban o vivían en la zona. Así como acciones contra locales comerciales y atentados contra agentes de la Fuerza Pública que llegaron para controlar el orden público.
- 28 de mayo de 2021. Destrucción de locales en el Centro Comercial Héroes, ubicado en la Autopista Norte con Calle 80. Durante los actos violentos fueron lanzadas bombas molotov y los vigilantes del establecimiento fueron amenazados de muerte por interceder.
- 13 de junio de 2021. Enfrentamientos con la fuerza pública y uso de sustancias peligrosas en la Carrera 30 con Calle 17 sur.
- 20 de julio de 2021. Bloqueos en la Avenida Ciudad de Cali con Avenida Suba, choques violentos con la fuerza pública y graves lesiones a un integrante del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD).
- 20 de julio de 2021. Retención y destrucción de un bus del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP), en la localidad de Suba.
- 9 de agosto de 2021. En confrontaciones con la fuerza pública, en la localidad de Suba, resultó quemado en la espalda un integrante del ESMAD, quien fue alcanzado por una bomba incendiaria.
El pasado viernes, otra jueza de Bogotá negó la libertad de Steven Guevara Vega, Daniel Fernando Ruiz y Luidiar Felipe Camacho Chaves, tres de los gestores de paz designados por el Gobierno de Gustavo Petro. En su decisión, la jueza fue clara en señalar que en ninguno de los puntos del decreto firmado a finales de diciembre por el jefe de Estado se hablaba de su excarcelación para que trabajaran en gestiones de paz, hecho por el cual rechazó tajantemente la solicitud de libertad.
“No establece la suspensión de las medidas de aseguramiento, no habla de libertad de las personas designadas como ‘gestores de paz’, se limita a autorizar la suspensión de órdenes de captura para garantizar esos diálogos que conlleven acuerdos para lograr la paz”, aseveró.
Los tres jóvenes, quienes fueron designados por el Gobierno de Gustavo Petro como gestores de paz, se encuentran vinculados desde abril de 2021 a un proceso penal por los delitos de concierto para delinquir, tenencia de objetos y sustancias peligrosas, lanzamiento de objetos y sustancias peligrosas y violencia contra servidor púbico.