Primicia: Admiten demanda contra polémica expulsión de joven venezolano Lorent Saleh por parte del Gobierno Santos

SEMANA conoció, en primicia, que el Consejo de Estado acaba de admitir la demanda que presentó el joven venezolano Lorent Saleh en contra del Estado por la afectación que le generó, según él, la decisión del expresidente Juan Manuel Santos de expulsarlo de Colombia y, según su defensa, entregarlo a personas que lo torturaron. Saleh es un activista opositor del régimen en Venezuela.

En julio de 2013 fue la primera vez que en Colombia se escuchó hablar del venezolano a través de un controvertido artículo donde se aseguraba que él era uno de los panelistas en el lanzamiento de Alianza Nacionalista por la Libertad, un movimiento apéndice del grupo colombiano neonazi Tercera Fuerza. Esas actividades en Colombia no tenían nada contento al gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos.

Por más que Saleh alegó que él era tan sólo el líder de la organización Operación Libertad, aquí se le consideró como un extranjero que atentaba contra “la seguridad nacional, el orden público, la salud pública, la tranquilidad social”.

Esas fueron las razones que expuso el Gobierno, basado en el Artículo 105 del Decreto 4000 de 2004, que argumentó Migración Colombia para deportarlo a Venezuela en mayo del 2014. En ese momento el joven tuvo que permanecer recluido en El Helicoide y hoy, más de 7 años después, está asilado en España.

En Venezuela a Saleh se le acusó de haber falsificado documentos de identidad a venezolanos en Colombia, planear atentados contra ese país y difundir falsas informaciones acerca del entonces gobierno de Hugo Chávez. Saleh dio una intensa batalla judicial incluso demandado al Estado por lo que pasó. Dicha demanda fue liderada por el abogado Víctor Mosquera.

Algunos de los apartes más importantes de la demanda presentada en abril de este año, se lee: “Fue allí, en el puente Simón Bolívar, en horas de la noche del 4 de septiembre de 2014, donde fue entregado por agentes del Estado colombiano al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional- SEBIN- de Venezuela. Por última vez, el señor Saleh le indica a los agentes de Migración Colombia el riesgo que corres su vida, integridad y su libertad, haciendo responsable al gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos por las posibles vulneraciones de derechos humanos a las que lo está sometiendo el gobierno colombiano al entregarlo al SEBIN”.

“Al día siguiente, es trasladado mediante avión a la ciudad de Caracas, donde es encerrado en “la Tumba”, el centro de reclusión (donde se tortura a los presos) ubicado en las instalaciones del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, en el sótano. Allí permanece durante 2 años y 2 meses privado de la libertad en condiciones degradantes para cualquier ser humano”; se lee en otra parte de la demanda que fue admitida. De hecho, la defensa de Saleh, explica que una vez capturado, fue trasladado a la ciudad de Cúcuta donde posteriormente sería conducido a la frontera con Venezuela y entregado, en el puente Simón Bolívar, a las autoridades venezolanas.

“Todo lo anterior, fue realizado por la Unidad Administrativa Especial – Migración Colombia, haciendo caso omiso a los ruegos del demandante, quien en varias oportunidades adujo el grave peligro que corría su vida de ser entregado a las autoridades del vecino país, hecho que además era de público conocimiento. No obstante, el procedimiento se ejecutó, y sin que mediara circular roja, requerimiento judicial o administrativo por parte del gobierno venezolano, Lorent fue entregado a sus autoridades. De este modo, inició la privación de la libertad de Lorent Gómez Saleh, realidad que se prolongaría hasta el 12 de octubre de 2018 cuando fue expulsado de su país natal hacía España”, advierte la demanda.

De hecho, fue tal la polémica con la expulsión de Saleh, que incluso el director para las Américas, de Human Rights Watch, José Vivanco en su cuenta de Twitter escribió que un grupo de expertos de Naciones Unidas concluyó que la polémica decisión que tomó el gobierno colombiano de devolverlo a su país fue “violatoria de los derechos humanos”.

De acuerdo con el fragmento del documento que compartió Vivanco: “el país no pudo acreditar cómo, en los procedimiento de expulsión se les garantizaron los derechos a la información de las razones de la detención, a contar con un abogado de su elección, con tiempo suficiente para preparar su defensa y a ser oído por un tribunal competente para determinar la legalidad de su detención. De la misma forma. El Gobierno de Colombia fue omiso en verificar el riesgo que corría Saleh y Sguerzi de ser sometidos a torturas en su país de origen, con lo que se contraviene el derecho a la no devolución o non refoulment”, se le en uno de los 74 artículos del informe.