Nación
Primicia: CIDH admite demanda del exministro Diego Palacio contra el Estado
El exministro condenado por la ‘Yidispolítica’ pidió medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. SEMANA reveló en su momento, en exclusiva, la solicitud hecha por su defensa internacional.
El caso del exministro Diego Palacio llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a finales del año pasado.
El exjefe de la cartera de Salud, durante el mandato de Álvaro Uribe, no esperó a una nueva respuesta de la justicia. Días antes de que la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia pareció reabrirle las puertas de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), el exministro radicó una demanda contra el Estado colombiano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
SEMANA acaba de conocer en primicia que la demanda fue admitida para su estudio y debate. Cabe recordar que Palacio, condenado a seis años y medio de prisión por el caso de la ‘Yidispolítica’ por el ofrecimiento de puestos a cambio de votos para la reelección presidencial, entregó un documento de 56 páginas a la Comisión en el que pide la medida cautelar más apropiada para restablecer sus derechos, entre ellos su libertad.
El exministro de Protección Social se declaró, junto con 212 personas investigadas y otras 64 en proceso de juicio en Colombia, víctima de un sistema penal que no tiene segunda instancia para aforados. Sin embargo, el argumento más fuerte con el que el exfuncionario del gobierno de Álvaro Uribe busca un pronunciamiento del sistema interamericano está relacionado con que se le quitó -dice- el derecho al juzgamiento de parte de un juez independiente e imparcial.
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Palacio también dio una dura batalla contra los magistrados que deben revisar su condena, al punto de presentar una recusación. El argumento de la defensa de Palacio se centra en que debe existir imparcialidad en la Corte Suprema. Por esa razón, por ejemplo, se señala: “Para nadie es un secreto que existió entre la Corte Suprema de Justicia y el Gobierno del presidente Álvaro Uribe un claro y abierto enfrentamiento, el cual se hizo más evidente en el segundo mandato (2006-2010). Este enfrentamiento, que fue público, llevó a que la corporación actuara como “cuerpo” y que, tal y como se dijo anteriormente, considerara que muchas de sus decisiones debían ser en legítima defensa”.
Dicha recusación fue negada. La decisión de la Corte señala que: “La recusación presentada por el doctor Diego Palacio Betancourt y su apoderado es infundada y así lo declarará. En consecuencia, ordenará devolver las diligencias a la Sala de decisión conformada por los magistrados Gerson Chaverra Castro, Diego Eugenio Corredor Beltrán y Eugenio Fernández Carlier para lo de su competencia”.
Volviendo a la demanda, para sustentar su postura, la defensa de Palacio entregó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos las grabaciones ilegales a miembros de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, que fueron conocidas tiempo después de emitirse la sentencia del 15 de abril de 2015.
El DVD contiene conversaciones del 27 de mayo y del 10 de julio de 2008, en las que se escucha a los magistrados hablando frente a los procesos contra altos exfuncionarios del Estado. El contexto de la primera grabación -dice el documento elaborado por la ONG Derechos & Justicia Asociados- es una discusión alrededor del impedimento del fiscal general Mario Iguarán y de quién debía reemplazarlo en la investigación de un aforado.
El resultado de la discusión fue la designación del vicefiscal para que asumiera la competencia, lo cual es considerado por la defensa de Palacio como un incumplimiento a la Ley y un desacato a los precedentes que señalaban que se debía nombrar a un fiscal ad hoc, cuyo nombre salía de una terna enviada por el presidente de la República.
En una de las intervenciones, cita el documento, el magistrado Edgardo Villamil aseguró: “Además del fundamento jurídico, constitucional y técnico, pues el elemento político no escapa, pues estamos hablando de la investigación de los aforados. Necesariamente se inscribe en una inscripción política”.
El abogado de Palacio, Víctor Mosquera, también subraya el comentario hecho por el magistrado Jaime Arrubla: “Estamos hablando de conveniencias, no, no lo olviden. Pues el otro sistema es que el presidente mande una terna; también perverso. Porque obviamente no va a desaprovechar la oportunidad para mandar tres amigos que medio le acomoden el entuerto”.
