Nación
Primicia: Corte llama a declarar al exconsejero Emilio Archila e investiga a tres congresistas por escándalo de los recursos de la paz
El llamado lo hace la sala de instrucción. Conozca aquí detalles de la citación que hace el alto tribunal.
SEMANA conoció, en primicia, la citación que acaba de hacer la Corte Suprema, puntualmente el despacho de la magistrada Cristina Lombana, al exconsejero Emilio Archila por la polémica que se ha generado por los el presunto robo de los recursos para la paz.
En el auto conocido, en primicia por SEMANA, la Corte Suprema abre investigación previa contra tres congresistas: Wadith Manzuar, Yamil Arana y Alfredo Ape Cuello.
De igual manera, SEMANA conoció que Archila deberá acudir, de manera presencial ante la Corte Suprema el próximo 1 de agosto a las 2:30 pm.
Archila se ha defendido de los señalamientos y ha explicado que fue él quien denunció los hechos irregulares y una forma de “peajes” a los alcaldes que buscaban la aprobación de los proyectos financiados con el Sistema General de Regalías, a través del programa Ocad-Paz y en el que justamente se centraron los hechos de corrupción, según las denuncias que llegaron al despacho de Archila.
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El exconsejero presidencial aseguró que las denuncias que llegaron a su conocimiento fueron remitidas a las autoridades, como Fiscalía, Contraloría y Procuraduría, todo con el ánimo de iniciar las investigaciones correspondientes y establecer responsabilidades en lo que llamó “peajes” a los alcaldes que buscaban la aprobación de sus proyectos con recursos de la paz.
“En desarrollo de esos criterios, desde por lo menos el primer trimestre de 2021, denuncié reiteradamente, para que se iniciaran las investigaciones que corresponden, por parte de la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría, la Consejería de Transparencia y al Departamento Nacional de Planeación, hechos cuyo conocimiento obtuve por sendas comunicaciones que recibí”, dijo Archila.
Procuraduría y Contraloría vigilan lo ocurrido
La Procuraduría le tiene la “lupa” puesta a las posibles irregulares de funcionarios que habrían afectado el correcto uso de los recursos del SGR en proyectos, por cerca de 250 mil millones de pesos, ubicados en municipios priorizados para el posconflicto (PDET) en Amazonas, Antioquia, Bolívar, Cauca, Cesar, Córdoba, La Guajira, Nariño, Quindío, Risaralda, Sucre, Tolima y Valle del Cauca.
De acuerdo con la investigación preliminar, son cerca de 500 mil millones de pesos de los llamados “recursos para la paz”, que se habrían utilizado para fines totalmente diferentes a su objetivo. Un grupo de alcaldes, incluso, los habría utilizado como caja menor para mover su poder político y beneficiarse económicamente.
Precisamente, tras conocerse el escándalo, el presidente de la República, Iván Duque, le salió al paso a la controversia. Ante esto manifestó que hasta la fecha no se ha encontrado evidencia sobre el pago de coimas.
Según Duque, los recursos destinados a la implementación de los acuerdos de paz que se firmaron con la extinta guerrilla de las Farc superan los 28 billones de pesos en diferentes áreas.
Finalmente, en este caso, un Grupo Especial de Seguimiento al SGR de la Procuraduría priorizó el análisis de 27 proyectos de inversión aprobados por el Ocad – Paz, por más de 437 mil millones de pesos, y observó riesgos y presuntas irregularidades en la ejecución de estas iniciativas que dieron lugar a abrir diez indagaciones previas y dos investigaciones disciplinarias.
A finales de junio, la Contraloría General de la República había lanzado una advertencia sobre la ejecución de los recursos destinados a la implementación del Acuerdo de Paz, específicamente en nueve municipios de La Guajira y Cesar.
Según la investigación, se evidenció un cartel de proyectos de paneles solares que están siendo financiados con los recursos de regalías en estos municipios, provenientes de los Acuerdos de Paz, en que al menos el 33 % de los municipios no ha recibido recursos desde 2017.
Según los datos de la Contraloría, ocho de los nueve proyectos a los que se les hizo auditoría tienen el mismo modus operandi, es decir, que por medio de contratos de obra, se cobra un AIU del 30 % cuando en realidad los productos utilizados en los proyectos no superan ni el 90 % del valor presupuestado.
