Judicial
Primicia | Demanda pide anular elección de Luz Adriana Camargo como fiscal por amenazas e intimidaciones contra magistrados de la Corte Suprema
El Consejo de Estado aceptó para su estudio la acción judicial, pero negó la medida que pedía retirar del cargo a Camargo.
SEMANA conoció que el Consejo de Estado admitió para su estudio una nueva demanda en contra de la elección de Luz Adriana Camargo como fiscal general de la nación para el período 2024-2028. El despacho de la magistrada Gloria María Gómez Montoya ya le envió la notificación a la jefa del ente investigador para que se pronuncie frente a esta acción judicial y designe a un abogado.
En la acción judicial, conocida en exclusiva por SEMANA, se revela que los magistrados en la sesión del 8 de febrero de 2024 fueron víctimas de amenazas e intimidaciones de parte de un grupo de manifestantes que realizaron todo tipo de marchas en inmediaciones al Palacio de Justicia, en el centro de Bogotá, para exigir la inmediata elección de la nueva fiscal general.
Para los demandantes, esto representó un “modo de presión” de los manifestantes que rodearon todo el edificio judicial, impidiendo la salida de los magistrados. “Realizaron un ‘bloqueo violento’ e ilegal del acceso al edificio donde se encontraban los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, lo cual no solo afectó gravemente el derecho a la libertad de locomoción, sino que puso en grave riesgo la vida e integridad física de magistrados, empleados, periodistas y demás ocupantes de la principal sede judicial del país”.
En este sentido, se considera que los magistrados no tuvieron libertad ni mucho menos garantías a la hora de sesionar para elegir a la nueva fiscal general. “Dicha situación causó que se desplegaran operativos de seguridad en inmediaciones del Palacio de Justicia, en aras de garantizar la seguridad en el sector, circunstancia que pone en evidencia las situaciones de violencia y constreñimiento del que fue objeto el pleno de la Corte Suprema de Justicia”.
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Por esto, no dudaron en advertir que se vulneraron los principios democráticos de participación que exigen la Constitución y la ley. “En síntesis, plantearon que ‘el asedio y la violencia físico y psicológico, así como la presión sobre la Corte Suprema de Justicia durante el proceso de elección de fiscal general de la nación, van en contra de estos propósitos estatales, debilitando la convivencia pacífica y la efectividad de los principios constitucionales’”.
Frente a estas situaciones que alteraron el orden público y la debida elección, los demandantes aseguran que la elección de Camargo no estuvo enmarcada en los principios de libertad, independencia, autonomía electoral, separación y equilibrio de poderes que era exigible.
Igualmente, citaron las publicaciones hechas por el presidente Gustavo Petro en su cuenta de X que convocaban a diferentes organizaciones sociales para que marcharan frente al Palacio con el fin de agilizar la elección de la nueva fiscal general en reemplazo de Francisco Barbosa Delgado.
Fue así como reseñaron varias notas periodísticas que organizaciones indígenas, afrocolombianas y campesinas bloquearon las puertas de acceso del Palacio de Justicia. “Durante el proceso eleccionario, la Corte Suprema de Justicia estuvo permeada de presiones e interferencias constantes para que, de manera ágil, se eligiera a la fiscal general de la nación, circunstancias que fueron descritas en el acápite anterior”.
Conflicto de intereses
En otro de los apartes de la demanda, se advierte que Gustavo Petro no podía enviar la terna para el cargo de fiscal general por presentar un claro conflicto de intereses. Primero que todo, su hijo Nicolás Petro Burgos era investigado por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito de particulares. Para esa fecha, ya había sido imputado y estaba pendiente de un llamado a juicio.
Igualmente, su hermano, Juan Fernando Petro Urrego, era indagado por presuntos ofrecimientos ilegales a narcotraficantes en lo que fue conocido como el Pacto de La Picota. Por esto, la demanda advierte que no podía enviar la terna a la Corte Suprema de Justicia, pues debía respetar el principio constitucional de equilibrio de poderes.
“El señor Gustavo Petro Urrego debió abstenerse o declararse impedido para postular la terna para la selección del fiscal general de la nación ‘toda vez que su hijo y hermano están siendo investigados por la Fiscalía General de la Nación por los punibles antes descritos, de los cuales tiene relación incluso directa con la misma campaña electoral de Gustavo Petro para la Presidencia año 2022′”, aseveraron.
Finalmente, cuestionaron el hecho que solamente se postularan mujeres (Ángela María Buitrago, Amelia Pérez Parra y Luz Adriana Camargo), pues se presentó un desconocimiento del derecho a la igualdad y a la equidad de género.
En la admisión de la demanda, el alto tribunal negó la medida cautelar que pedía retirar a Camargo de sus funciones mientras se tomaba una decisión de fondo. Esto debido a que no se presentó la urgencia o necesidad.
