Primicia: Denunciarán ante la Corte Suprema a congresistas involucrados en escándalo de MinTIC

SEMANA pudo conocer que en las próximas horas radicarán una denuncia penal en contra de congresistas involucrados en el escándalo de MinTIC con Centros Poblados. En la denuncia se buscará establecer la responsabilidad de los aforados en el polémico contrato por más de 70.000 millones de pesos.

En medio de las denuncias aparecen los nombres de políticos no aforados, como mandatarios locales y regionales.

Cuando la unión temporal Centros Poblados se ganó el millonario contrato con el Ministerio TIC para llevarles internet a los niños de las escuelas más apartadas del país, hubo júbilo en la oficina 601 de un edificio cercano al Parque de la 93, en Bogotá.

“La Veeduría Ciudadana puso en conocimiento de la Ministra Karen Abudinem Abuchaibe presuntos hechos anómalos sobre la posible participación en investigaciones penales por presuntos hechos de corrupción de algunas firmas proponentes que participarían en la licitación pública, sin que el despacho hubiese siquiera intentado profundizar el tema y prestándose a adjudicar el proceso licitatorio en comento”, señala la denuncia.

Y agrega el documento: “A pesar de haberse puesto en conocimiento previo de presuntas irregularidades en todo el proceso licitatorio y la participación masiva de empresas con antecedentes penales por posible corrupción, se observa una posible omisión en siquiera indagar por las alertas ciudadanas que nacen precisamente para evitar detrimento patrimonial en un futuro. Al parecer, de acuerdo a los hechos presuntamente intermediaron, senadores de la República para evitar la caducidad del contrato 1043 de 2020, es decir, para proteger el patrimonio público que juraron blindar y proteger”.

Otros nombres han salido mencionados en el caso. Emilio Tapia, el mismo que fue condenado por el carrusel de la contratación en la capital del país, brindó ese día con whisky junto a algunos de sus compinches. De nuevo lo había logrado. A un grupo de empresas que él había coordinado le acababan de adjudicar, en diciembre de 2020, un contrato por más de un billón de pesos para instalar más de 7.000 puntos digitales.

Así se lo contó a la Fiscalía Juan Carlos Ángel Cáceres Bayona, dueño de la firma Novotics y uno de los involucrados en el sonado escándalo que decidió colaborar con la justicia, y cuyo testimonio fue conocido en exclusiva por SEMANA. “Ese día estábamos en las oficinas de la 93 en Bogotá, estaban Emilio, la esposa, Robert Gómez, yo, la doctora María Mónica Pino, el doctor Lucas, había otro abogado, y ese día llegó el momento de abrir los sobres”, les confesó Cáceres a los investigadores, el pasado 3 de septiembre.

La denuncia, dirigida al magistrado Misael Rodríguez, también señala que: “No se está hablando de un proceso licitatorio de solo algunos millones de pesos sino de billones de Pesos. La jurisprudencia tiene definida la moralidad administrativa, principio de la función pública, como el derecho que tiene la comunidad a que el patrimonio público sea manejado de acuerdo con la legislación vigente, con la diligencia y cuidado propio de un buen funcionario”.