Andrés Felipe Arias | Foto: Guillermo Torres

Judicial

Primicia | Detención domiciliaria para el exministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias

El exprecandidato presidencial seguirá cumpliendo su sentencia de 15 años de prisión por el escándalo de Agro Ingreso Seguro (AIS).

23 de agosto de 2022

SEMANA conoció en primicia que el juzgado segundo de ejecución de penas le otorgó el beneficio de casa por cárcel al exministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias Leiva, condenado por el escándalo de Agro Ingreso Seguro (AIS).

El despacho judicial le concedió la prisión domiciliaria previo pago de caución de cinco salarios mínimos legales vigentes (unos cinco millones de pesos) y la suscripción de una diligencia de compromiso.

Esto es que atienda los requerimientos de las autoridades judiciales y tenga un buen comportamiento. La decisión se tomó después que el juzgado avalara el buen comportamiento de Arias dentro de la Escuela de Caballería. Igualmente, el área de asistencia social adelantó una visita domiciliaria a la vivienda en la que habitan la esposa del exministro junto a sus dos hijos menores de edad.

Andrés Felipe Arias Leiva fue condenado en julio de 2014 a 17 años de prisión por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, por el escándalo de la adjudicación de subsidios millonarios del programa de Agro Ingreso Seguro (AIS), a personas adineradas que no necesitaban estos beneficios.

El exministro, quien se encuentra privado de su libertad en la Escuela de Caballería del Cantón Norte, fue deportado de los Estados Unidos el 12 de julio de 2019 después de estar en ese país por cinco años.

Antes de conocer el sentido del fallo, el exministro salió del país junto a su familia reclamando falta de garantías procesales y una persecución por parte de la justicia colombiana por su mera cercanía con el expresidente Álvaro Uribe Vélez.

En diciembre pasado, SEMANA estableció que la Sala Penal de la Corte Suprema empezó formalmente la revisión del recurso de impugnación del caso del exministro Andrés Felipe Arias. Esto atendiendo un fallo de tutela de la Corte Constitucional que ordenó otorgarle la segunda instancia a los aforados constitucionales, entre estos, el exministro de Agricultura.

En este estudio, la Fiscalía General le solicitó ya a la Corte dejar en firme la condena al considerar que se logró demostrar, más allá de toda duda razonable, que el exjefe de la cartera de Desarrollo Rural incurriera en las irregularidades en la celebración de los contratos del programa que tenía como objetivo principal apoyar a los pequeños y medianos agricultores frente a la puesta en marcha del Tratado de Libre Comercio (TLC) con los Estados Unidos.

“Le solicito a la Sala de Decisión mantener la pena en los términos y condiciones establecidos en el fallo impugnado, frente a la evidencia que en ese proceso no se incurrió en error o desconocimiento de garantías”, precisa uno de los apartes de la petición firmada por el fiscal décimo delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Carlos Mejía Abello.

En uno de los apartes del documento de 245 páginas, la Fiscalía indica que en el fallo de primera instancia se hizo “un análisis sobre la coparticipación criminal con la que habían actuado Arias Leiva, los funcionarios a su cargo, los funcionarios del IICA y los beneficiarios, quedando así demostrada la segunda circunstancias de mayor punibilidad que le fuere cuestionada al doctor Andrés Felipe Arias”.

Los subsidios que distribuía el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) ―resalta la Fiscalía― llegaron a manos de grandes empresarios que llegaron a presentar, en el papel, predios fraccionados para recibir más subsidios económicos. “La Sala concluyó que debido a su cargo de ministro de Agricultura y a la autoridad que ejercía en la cartera, conoció y estuvo al tanto de los procesos contractuales que se celebraron para la ejecución del programa AIS”.

El delegado del ente investigador señaló que durante el extenso juicio se demostró la teoría de la Fiscalía General frente a las múltiples irregularidades en la celebración de contratos.

El pasado 26 de julio, incluso, el juzgado de ejecución de penas le otorgó la redención de un mes y cinco días por sus actividades dentro del centro de reclusión.