Primicia: Este es el recurso con el que Álvaro Prada busca que su caso pase de la Corte Suprema a la Fiscalía

SEMANA tuvo acceso, en primicia, al recurso de reposición y los alegatos de la defensa del exrepresentante Álvaro Hernán Prada que busca un solo objetivo: tumbar la decisión que tomó la Corte Suprema con votación de 4-2 para que su caso siga estando en manos del alto tribunal y no de la Fiscalía, como esperaba que sucediera con su renuncia al Congreso.

El recurso de reposición, de 22 páginas, inicia señalando que gracias a la mencionada providencia, es decir a la decisión de la Corte Suprema apoyando la ponencia del magistrado César Reyes, para que el caso se quede en el alto tribunal, continúa en conocimiento del asunto un organismo judicial “que no tiene competencia, para adelantar la instrucción que pretende calificar, lo cual no puede ser considerado un asunto menor”.

Y agrega el documento, citando el artículo 29 de la Constitución Política, que “nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio”.

“La Corte Constitucional ha reconocido que la garantía del Juez Natural cobija todos los momentos de la actuación, por lo cual debe respetarse la competencia residual de la Fiscalía General de la Nación para realizar la investigación de potenciales delitos”, se lee en el documento.

La defensa de Álvaro Prada, liderada por el abogado José Fernando Mestre, solicita a la Sala Especial de Instrucción que revoque el auto impugnado y “en su lugar remita la presente actuación a la Fiscalía General de la Nación por ser el órgano competente para investigar al ciudadano Álvaro Hernán Prada Artunduaga, a fin de que se continúe adelantando el trámite que corresponda. La razón principal que fundamenta el recurso, como se reconoció en el adecuado salvamento de voto -consistente con la posición mayoritaria de la Sala Especial-, es que va en contravía de lo dispuesto por el parágrafo del artículo 235 de la Constitución Política”.

El documento cita la norma que señala que, cuando los funcionarios antes enunciados hubieren cesado en el ejercicio de su cargo, el fuero solo se mantendrá para las conductas punibles que tengan relación con las funciones desempeñadas. Para la defensa de Prada, la norma es sumamente clara y parte de la reconocida diferencia entre el cargo y las funciones. “Por eso llama la atención que el auto impugnado exponga lo siguiente y, a pesar de ello, concluya que el “fuero” se mantiene“, advierte el recurso de reposición.

La decisión que tomó la Corte hace varios días se dio tras una intensa discusión entre los magistrados de la Sala; quedó inicialmente 3 contra 2 ganando la tesis de que el expediente debía pasar a la fiscalía como ocurrió con el de Uribe. Los votos positivos fueron de los magistrados Misael Rodríguez, Francisco Farfán y Héctor Alarcón. Los negativos estuvieron en cabeza de los magistrados Cesar Reyes, quien está a cargo del proceso y Marco Antonio Rueda. Sin embargo, se necesitaban 4 votos a favor. Por esta razón, fue necesario convocar a 2 conjueces para seguir discutiendo el tema:Wilson Alejandro Martínez Sánchez y Guillermo José Ospina López.

Otro aparte del recurso advierte que providencia indica también que supuestamente Prada habría aprovechado su “condición y función congresual para presionar, dirigiéndose en las camionetas blindadas y el esquema de seguridad dotado por el Estado, al hotel de López Callejas” para acosarlo. “Todo eso, que además no tiene nada qué ver con las funciones propias de los congresistas, lo saca de una frase que se lee en los descontextualizados y parciales mensajes que se conocen, de los que se cruzaron entre López y Monsalve, según los cuales “Hoy me llegaron al hotel ... tres camionetas blindadas. Y me presionaron para que hablara cin usted” (sic)”, señala el documento. Y agrega: “De ese escueto mensaje, que no pasaría de ser otro detalle probatorio intrascendente, la providencia concluye que lo que dice López es cierto y, además, que se trata del esquema de seguridad proporcionado por el Estado a favor del entonces representante Prada Artunduaga. Y eso que López lo ha negado expresamente bajo juramento”.