Primicia: Familiares de diputados del Valle piden medidas cautelares contra secretariado de las Farc por secuestro

En una petición histórica, siete de las familias de los diputados del Valle asesinados por las Farc, le pidieron a la JEP medidas cautelares contra el secretariado de las Farc, entre los cuales hay varios congresistas, esto en el marco del denominado caso por secuestro o como le ha llamado la Justicia Transicional, toma de rehenes y otras privaciones graves de la libertad.

El documento, conocido en primicia por SEMANA, y elaborado por la defensa de los familiares, en cabeza del abogado Juan Camilo Sanclemente, señala que: “Si bien es cierto que la JEP hace la respectiva imputación al Secretariado de las Farc sobre hechos sucedidos en el Caso 01 que se investiga, es importante resaltar que contra los demás miembros del secretariado como son Milton de Jesús Toncel, Juan Hermilio Cabrera, Pastor Alape, Julián Gallo y Rodrigo Granda, también les fue imputado responsabilidad de mando como coautores de mando del Secuestro y Homicidio de los diputados Del Valle”.

Luego, la defensa de algunos de los familiares de diputados del Valle señalan que “respecto a la imputación efectuada a los miembros del secretariado Farc, esta representación no presenta ninguna objeción. Sin embargo, existen unas dudas que se han generado tanto para las víctimas como para la bancada que representa a los familiares de los doce diputados del Valle del Cauca, y es sobre esas inquietudes que se plantean las observaciones que exponen”.

Si bien es cierto que la JEP ha garantizado el debido proceso de los hoy imputados, advierte el documento, la JEP debe tener en cuenta y considerar que una persona que es investigada por crímenes de lesa humanidad, como precisamente se realiza a los miembros del Secretariado de las Farc-EP, “la sala debe dar aplicación a la imposición medida cautelar contra los imputados, teniendo en cuenta los propósitos establecidos de dichas medidas, “las cuales deben garantizar dos aspectos: I) evitar la obstrucción del procesos y II) garantizar la comparecencia del proceso”. Es decir, piden restringir la movilidad al secretariado y a quienes integran el Congreso les suspendan temporalmente.

El documento advierte que, hasta la fecha, ningún alto mando ha contribuido a aportar a la verdad de manera detallada, exhaustiva, plena y a honrar la centralidad de las víctimas.

Algo que cuestionan es que la Sala de Revisión insiste en que ha tenido que recurrir a copias espejo de los computadores incautados en operaciones militares, con el agravante de que estos, en parte, aún están encriptados, señalando ademas que la sala tuvo acceso a documentos recopilados por la Fiscalía a partir de los computadores incautados en distintas operaciones militares contra las FARC-EP.

La respuesta a esto, por parte de la defensa de estas siete familias es que existe un vacío respecto a qué computadores y documentos tuvo acceso la sala, “pues en ningún momento se hace mención sobre los mismos, sin embargo, es importante resaltar a la SRVR que se tiene pleno conocimiento de información de varios correos electrónicos encontrados en los computadores del abatido Raúl Reyes”.

Cabe recordar que, precisamente, SEMANA reveló hace varios días una petición que hicieron a la JEP en ese sentido. Las familias piden que algunos de estos correos sirvan como aporte probatorio al caso 01 (secuestro) ante la nueva justicia transicional, creada al amparo del acuerdo de paz de La Habana. La polémica está servida, y el debate se centrará en la validez que decida darles la JEP a estas pruebas.