Primicia | Fiscalía abrió investigación por posibles irregularidades en el millonario contrato de pasaportes 

Luego de la carta que envió el secretario general del Ministerio de Relaciones Exteriores, José Antonio Salazar, la Fiscalía General de la Nación ordenó una investigación para determinar las posibles irregularidades en el proceso de licitación del multimillonario contrato de pasaportes en la misma Cancillería.

El ente acusador adelantará las verificaciones a que haya lugar con el objetivo de establecer las presuntas irregularidades que fueron denunciadas por algunos de los oferentes del contrato que quedó nuevamente en manos de la multinacional Thomas Greg & Sons.

Esos oferentes señalaron de manera directa al canciller Álvaro Leyva de estar favoreciendo los intereses de la empresa para que la misma, y durante 15 años, se quedara con el millonario contrato para el desarrollo y entrega de los pasaportes.

“Se verificará preliminarmente si existen irregularidades en la fase precontractual de la contratación, y que atente contra los principios de transparencia, selección objetiva y no se cumpla con rigor en lo dispuesto en la Ley 80 de contratación pública”, advirtió la Fiscalía.

Luego de las verificaciones que haga la Fiscalía, del material probatorio que se recaude y de los elementos que obtengan los investigadores, el ente acusador determinará la necesidad de vincular a funcionarios al proceso penal y tomar las decisiones del caso.

“Con el material probatorio y evidencia física que se recaude, Fiscalía, a través, de la Dirección Especializada contra la Corrupción, evaluará si inicia acciones penales contra personas que habrían cometido delitos”, advirtieron desde la Dirección contra la corrupción de la Fiscalía.

La carta

En una carta dirigida al fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, el secretario general del Ministerio de Relaciones Exteriores, José Antonio Salazar, solicitó una investigación exhaustiva sobre las actuaciones llevadas a cabo dentro del proceso de licitación de pasaportes.

En el documento, se pide al jefe de la Fiscalía que adelante todas las investigaciones necesarias para identificar posibles irregularidades o acciones ilegales que puedan haber ocurrido o estén ocurriendo en el mencionado procedimiento licitatorio. Todo esto, después del escándalo que estalló luego de que varios de los oferentes concluyeran que el ministro Álvaro Leyva estaría favoreciendo a la empresa Thomas Greg & Sons, que lleva más de quince años con ese contrato.

El secretario general, quien es el ordenador del gasto en la Cancillería y el funcionario responsable del proceso licitatorio, envió esta carta siguiendo instrucciones del canciller Leyva. La solicitud busca que la Fiscalía establezca si ha habido alguna conducta irregular o ilegal en el proceso de licitación, y en caso afirmativo, que se proceda con las acciones legales correspondientes ante los jueces de la república. De acuerdo con Salazar, los oferentes, quienes exigen garantías, y los medio de comunicación, en su labor de informar, fundamentan la petición al ente acusador.

“Algunos medios de comunicación, y también personas naturales y jurídicas han cuestionado los criterios técnicos y objetivos tenidos en cuenta para la elaboración del Pliego de Condiciones Definitivo, preguntando sobre la transparencia del proceso. Basados en lo anterior, públicamente hemos manifestado que no solo es un derecho, sino una obligación de toda persona, denunciar ante las autoridades competentes cualquier irregularidad constitutiva de conducta punible o falta disciplinaria que pueda atentar contra el ordenamiento jurídico”, dice parte de la misiva enviada a la oficina del fiscal Barbosa.

Esta medida refleja que las denuncias frente a la licitación hicieron ‘mella’ al interior del Ministerio de Relaciones Exteriores, por lo que piden una investigación para “establecer la existencia de cualquier irregularidad o ilicitud que pueda presentarse o haberse presentado en el procedimiento licitatorio”.

“Así las cosas y con el fin de despejar cualquier duda, se acude a la Fiscalía General de la Nación para pedir respetuosamente que, si lo estima procedente dentro del marco legal de sus competencias, adelante las investigaciones que consideren necesarias para establecer la existencia de cualquier irregularidad o ilicitud que pueda presentarse o haberse presentado en el procedimiento licitatorio referido, conformando una noticia criminal para que la entidad a su cargo adelante la instrucción que concluya con las peticiones de rigor ante los jueces de la república”, añade el secretario Salazar.

Se espera que la Fiscalía atienda esta solicitud y lleve a cabo una investigación exhaustiva para esclarecer cualquier situación que pueda afectar la transparencia y legalidad del proceso licitatorio. Aunque la Cancillería ha intentado demostrar que el proceso cuenta con todas las garantías, lo cierto es que cada vez aparecen más peros a la licitación.

Después de suspender el proceso y reanudarlo con unos supuestos cambios, los oferentes insisten en que la Cancillería no hizo modificaciones de fondo y, así como están las cosas, la única empresa que podrá cumplir con todos los requisitos es Thomas Greg & Sons, lo que en Colombia se llamaría un pliego sastre o hecho a la medida.

Esta adjudicación será la primera bajo la administración de Álvaro Leyva y ha sido una de las más cuestionadas del Gobierno Petro, al superar el medio billón de pesos con una duración de 36 meses para elaborar los pasaportes en Colombia.

Cabe recordar que, aunque este proceso ha generado polémica desde que se abrió, la Cancillería solo se pronunció hasta que la Procuraduría General de la Nación le puso la lupa al tema. El pasado 19 de mayo, el procurador delegado segundo para la Vigilancia de la Función Pública, Fernando Grillo, advirtió que el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores, responsable de la selección del contrato, no había respondido a una serie de observaciones realizadas por el Ministerio Público, las cuales se referían al pliego de licitación y las condiciones de participación.

El procurador Grillo enfatizó en que “el proceso de suministro y personalización de pasaportes debe llevarse a cabo con los más altos estándares de seguridad y calidad, considerando que este documento no solo tiene implicaciones directas en la protección de la identidad y la integridad de los ciudadanos, sino que también es una herramienta fundamental para garantizar la seguridad nacional, el control y la circulación migratoria”.

Por esa razón, entonces, el Ministerio afirmó que la suspensión se dio “con la finalidad de dar aplicación de los principios inherentes a la contratación estatal, se considera necesaria la suspensión de los términos del presente proceso de selección, con la finalidad de analizar el conjunto de observaciones allegadas en contraste con las condiciones previamente conocidas por la Entidad, de manera que se posibilite el término suficiente para realizar las indagaciones técnicas especializadas a que haya lugar, así como la socialización de las mismas con distintos entes estatales que resultan competentes, conforme la complejidad y relevancia del proceso, así como el impacto en la seguridad nacional”.