Primicia I Caso Aníbal Gaviria | Principales testigos contra el gobernador firman principio de oportunidad

La situación judicial para el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, se nubla con una reciente decisión de la Fiscalía en el caso que lo mantiene bajo detención domiciliaria: las presuntas irregularidades en un contrato para la pavimentación y mantenimiento de un tramo en la llamada Troncal de la Paz, que se firmó en su anterior administración en el mismo departamento. El fiscal general, Francisco Barbosa, avaló un principio de oportunidad con dos contratistas que ahora serán testigos contra el suspendido gobernador.

Los dos beneficiados con el principio de oportunidad son: José Ignacio Narváez Mora, para entonces representante legal del Consorcio Troncal de la Paz, y Luis Fernando Solarte Viveros, contratista de la adición. Los dos son investigados por los delitos de peculado por apropiación y contrato sin cumplimiento de los requisitos legales, y el principio de oportunidad, por el momento, los libra de esa responsabilidad jurídica.

El objetivo de ese principio de oportunidad, en el caso de los dos contratistas beneficiados, es que además de servir como testigos en contra del gobernador Aníbal Gaviria, también lo serán en contra de Margarita María Ángel Bernal, exsecretaria de infraestructura física, y Nadia Maryori Maya Lopera, exdirectora territorial de la Secretaría de Infraestructura Física.

El contrato que enreda al gobernador se firmó en 2004 por un valor de 43.000 millones de pesos y, de acuerdo con la Fiscalía, las irregularidades están en los anticipos que se entregaron por más de 8.900 millones para la compra de equipos que debieron correr por cuenta de los contratistas y no del departamento. Adicionalmente, el fiscal a cargo estableció que hubo irregularidades en las adiciones a ese contrato inicial, que en criterio de la Fiscalía, desconoció “principio de planeación, selección objetiva, publicidad e igualdad en la contratación pública”.

La investigación la asumió un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia que a mediados de 2020 ordenó la captura del gobernador Gaviria; luego, y después de una lucha jurídica, recobró su libertad por orden del Tribunal Superior de Medellín. Pero ocho meses después, la Fiscalía insistió y el mandatario departamental fue recapturado en su despacho y cuando agentes del CTI lo notificaron de una decisión en su contra.

El gobernador de Antioquia se declaró inocente de los señalamientos que hizo la Fiscalía luego de definir la situación jurídica y llamarlo a juicio por las presuntas irregularidades en el contrato de infraestructura. Sin embargo, el asunto se le complica con esta nueva decisión que deja en su contra dos testigos que justamente firmaron el contrato objeto de investigación.

Los dos testigos esperan darle soporte a las diligencias, al material probatorio recaudado y a los análisis de expertos de la Fiscalía, que sirvieron de soporte para tomar la determinación de llamarlo juicio y ordenar su captura como medida preventiva mientras avanza en la Corte Suprema de Justicia el juicio respectivo.

Recientemente la propia Corte Suprema de Justicia, a través de la sala de instrucción, negó la petición de libertad que interpuso la defensa del gobernador Aníbal Gaviria tras considerar que no se cumplían los requisitos legales para mantener una medida de aseguramiento en su contra. La sala aseguró que la situación judicial que motivó la detención domiciliaria hasta el momento no ha cambiado y por tanto mantienen la medida ordenada por la Fiscalía.

“La Sala considera que la medida de aseguramiento impuesta a Aníbal Gaviria Correa no solo cumple con los fines constitucionales que le son propios, sino que también reúne los requisitos de proporcionalidad, lo cual no se ha logrado desvirtuar a través de los argumentos propuestos por la defensa”, señaló la Corte.

Así las cosas, y aún con la detención domiciliaria, el gobernador Gaviria tendrá que defenderse ya en la etapa de juicio y ante la Corte Suprema de Justicia de los señalamientos que harán, y como quedó pactado en el principio de oportunidad, los contratistas también enredados en este proceso.