Primicia: JEP abrió macrocaso de violencia sexual y de género como pidió la Procuraduría; esto advierte el presidente del tribunal

“No solo hemos contemplado la posibilidad, sino que tomamos la decisión de abrirlo. Estamos en el proceso de hacerlo porque es un caso complejo que requiere grandes recursos de investigación y ya estamos armando los equipos que se encargarán de ese caso”.

De esta manera, el presidente de la JEP, Roberto Carlos Vidal, le confirmó a SEMANA que el tribunal transicional tomó la decisión de abrir un macrocaso relacionado con violencia sexual en el marco del conflicto.

Cabe recordar que la solicitud la hizo apenas hace unos días la Procuraduría a la JEP. Se trata de uno de los casos que, seguramente, involucrará a cientos de mujeres reclutadas en el conflicto y sometidas a tratos inhumanos en las filas de la guerra.

No es para menos. El más reciente informe de la Comisión de la Verdad mostró cómo, entre todas las modalidades de violencia sexual, la violación fue la que se ejerció con mayor frecuencia, y sobre 1.154 víctimas de violencia sexual que aportaron su testimonio, el 57 % sufrió esta forma de violencia.

Fue la propia procuradora general de la nación, Margarita Cabello Blanco, quien le hizo la solicitud a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para que abriera el macrocaso 11, dedicado exclusivamente a investigar y establecer la verdad sobre los delitos de violencia sexual y de género ocurridos en el marco del conflicto armado en Colombia.

“Se trata de una reivindicación de la verdad, con justicia y dignidad, a la que nos unimos como representantes de la sociedad desde 2021. La apertura del macrocaso 11 no da más espera. Lo dijimos, lo reiteramos en 2022 ante el anuncio de priorización y hoy insistimos en que la decisión sea tomada en el menor tiempo posible”, aseguró la procuradora.

Para el Ministerio Público, cobra especial importancia cada una de las voces de las víctimas del conflicto que ha demandado la apertura de este macrocaso, en torno a la obligación del Estado colombiano de visibilizarlas, exigir el reconocimiento de la verdad plena e impartir justicia en torno a este atroz crimen. Como sucedió en Cali con las mujeres víctimas del conflicto durante la audiencia del Comando Conjunto de Occidente (ex-Farc-EP), donde como Procuraduría se insistió en el requerimiento.

Por su parte, el Centro Nacional de Memoria Histórica reportó 15.749 víctimas de violencia sexual, sin tener en cuenta el habitual subregistro en las denuncias de estas violencias como resultado de la discriminación, el miedo por amenazas a las mujeres y la falta de garantías del sistema judicial para las víctimas.

De acuerdo con la información más reciente de la Unidad para las Víctimas, de las 9´250.453 víctimas registradas en relación con los delitos contra la libertad y la integridad sexual, 31.303 corresponden a mujeres y 2.906 a hombres, es decir, tan solo el 8 % de víctimas ha declarado este hecho victimizante. Por lo anterior, el ente pedía la urgente investigación de las violencias basadas en género.

Tanto estas, como las violencias de género de las que fueron víctimas las personas que hicieron parte de filas de las extintas Farc, han representado una seria preocupación para la Procuraduría, dice ese órgano.

La jefe del Ministerio Público agregó: “Como servidores públicos no podemos ser inferiores al acto de valentía de quienes insisten en la apertura del macrocaso. El país tiene una deuda enorme con las víctimas de estos atroces delitos, que deben ser visibilizados, investigados, reparados y sancionados”.

Cifras alarmantes de feminicidios

En el caso de feminicidios, por ejemplo, las cifras son alarmantes: en Colombia, en el año 2022, 614 mujeres fueron víctimas de delitos relacionados con la violencia de género en Colombia, de los cuales el 7,7 % ocurrió en el Atlántico, lo que lo ubicó en el cuarto lugar a nivel nacional.

Asimismo, en lo que va corrido del año 2023, se han registrado 28 feminicidios en el país, de los cuales diez ocurrieron en enero. Estas cifras son alarmantes y requieren de una acción coordinada y efectiva de parte de las autoridades y la sociedad en general.