Judicial
Primicia | JEP rechazó el sometimiento de tres militares procesados por los desaparecidos del Palacio de Justicia
El rechazo obedece a la falta de reconocimiento de responsabilidad y al aporte nulo que hicieron a la verdad. Los procesos pasarán a la Fiscalía General.
El mayor (r) Óscar William Vásquez Rodríguez y los sargentos en retiro Bernardo Alfonso Garzón Garzón y Óscar William Vásquez Rodríguez, procesados por los desaparecidos del Palacio de Justicia, se quedaron por fuera de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). En la decisión conocida en primicia por SEMANA, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas rechazó el sometimiento que habían presentado hace algunos meses.
En la decisión se advierte que los tres militares hicieron un aporte nulo a la verdad frente a los hechos registrados el 6 y 7 de noviembre de 1985. Tras atender una petición de las víctimas, la Sala manifestó que durante su comparecencia los militares optaron una posición de negar cualquier tipo de conocimiento y responsabilidad con las personas que salieron con vida del Palacio y de las cuales no se volvió a saber nada.
“(...) no puede tolerar la reticencia a esclarecer la verdad. A pesar de haberse concedido otra oportunidad para que los aspirantes a comparecer rectificaran sus deberes con el sistema, el comportamiento negativo de brindar aportes plenos a la verdad aún permanece” en los tres militares. Esta actuación, a ojos de la JEP va en contra de los principios de aporte a la verdad.
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En uno de los apartes de la decisión, se indica que lo manifestado por los sargentos Garzón y Arévalo durante sus respectivas comparecencias “no tiene vocación de construir un aporte sustantivo a la verdad plena, lo cual se deriva de una manifiesta y grave vulneración al régimen de condicionalidad al cual se encuentra supeditado el acceso y permanencia en la justicia transicional por parte de los señores interesados en comparecer”.
Las versiones del sargento Garzón
Sin lugar a dudas, uno de los personajes más enigmáticos durante la operación de recuperación del Palacio de Justicia, el 6 y 7 de noviembre de 1985, es el sargento Bernardo Alfonso Garzón Garzón. En estos 37 años ha cambiado varias veces su versión frente a su participación en el operativo y el conocimiento sobre el caso de los desparecidos.
Pese a que un grupo de testigos y un registro fílmico lo ubican, para la tarde del 7 de noviembre, en cercanías a la Casa del Florero, lugar al que eran trasladados los civiles que eran liberados de la edificación, Garzón ha asegurado que pese a la contingencia de los hechos se encontraba en su período de vacaciones y nunca fue convocado para regresar a Bogotá para ponerse al frente de la situación, como sí les pasó a otros militares.
El sargento, que fue capturado el 30 de enero de 2014, se presentó esta semana ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para presentar su sometimiento. Sin embargo, durante toda su intervención, negó haber estado en el lugar, alegando que se enteró de todo cuando volvió de vacaciones. “No conozco absolutamente nada, no puedo aceptar absolutamente nada respecto al Palacio de Justicia”.
Frente a esto, los representantes de víctimas le pusieron de presente la declaración que rindió en el año 1991, cuando le aseguró a la Procuraduría General que sí tuvo conocimiento de los hechos que rodearon la desaparición de la guerrillera del M-19 Irma Franco Pineda. En esa ocasión, dio detalles de este suceso y la participación de agentes del Comando de Inteligencia y Contrainteligencia Charry Solano del Ejército Nacional.
“El señor Garzón Garzón describió el vehículo en el que fue sacada del Palacio de Justicia Irma Franco Pineda, vehículo que coincide con el personal de vigilancia de la Casa del Florero. No se trata de una invención o imaginación de Garzón, sino que son hechos revelados y corroborados. Describió en el 91 y 94 los vehículos usados por el Coici para la ejecución del crimen”, detalló el abogado Jorge Molano.
Igualmente, relató que el sargento “describió que Irma Franco salió herida de una pierna, hecho que fue corroborado con otras piezas testimoniales de personas que estaban en la Casa del Florero, describió las torturas a las que fue sometida Irma Franco en Bogotá y la forma en que se hizo, hechos que fueron corroborados por víctimas como Yolanda Santodomingo y Eduardo Matson”.
Tres años después, en el año 1994, ante la fiscalía regional ratificó sus declaraciones y aseguró que iba a seguir aportando. Sin embargo, pocos meses después, cuando fue trasladado a una guarnición militar, cambió ampliamente su versión y aseguró que, para el momento de la toma, estaba en vacaciones en la ciudad de Cali y se enteró de todo tiempo después.
Tras la demostración de estas contradicciones y variedad en su discurso, el sargento reconoció que había mentido. “Todo lo que usted ha dicho tienen toda la razón del mundo, yo voy a enumerar un caso que no debía decirlo, pero yo le prometí a mi niño que ustedes vieron por la televisión en los Estados Unidos pidiendo una visa humanitaria, he sufrido en carne propia porque era mi vida”.
“Yo con el perdón de ustedes voy a corregir acá, en este escenario, de una vez por todas, el único conocimiento que yo tengo del Palacio de Justicia es lo que figura en la declaración que di. Sin absolutamente nada más, pero todo lo anterior, que estuve en vacaciones y que nunca me llamaron, es la realidad. Todo lo que conocí fue después de haberme presentado de vacaciones, nunca supe absolutamente nada más”, aclaró.
En su intervención final, le pidió a la JEP medidas de protección para salvaguardar su vida e integridad. “Esta es mi cabeza, le pido a ustedes la seguridad que pueda necesitar porque sé que corro peligro, pero es lo único que conozco del Palacio de Justicia y de ahí en adelante me pueden dar pena de muerte, mil años de cárcel, no estuve, porque no conocí, sé lo que está plasmado en esta declaración”.
Frente a esto, la delegada de la Procuraduría General y los abogados de las víctimas pidieron la exclusión inmediata del sargento por no aportar nada a la verdad.
