Primicia: Joyas, dólares y autos, el indictment que puso en jaque a Ómar Ambuila

En un lujoso condominio en el exclusivo sector de Pance, en el sur de Cali, que contaba con altas medidas de seguridad para su ingreso, fue detenido por segunda ocasión el polémico exfuncionario de la Dian Ómar Ambuila, el mismo que en marzo de 2019 fue capturado con su esposa y su hija Jenny Ambuila. Esta joven se dio a conocer porque en sus redes sociales se ufanaba de sus lujos y excentricidades en Miami, como un Lamborghini rojo y artículos de exclusivas marcas.

Hace unas semanas llegó a Colombia, al despacho del fiscal Francisco Barbosa, una solicitud de orden de captura con fines de extradición contra Ambuila, la gravedad de los hechos por los que se le acusaba generó que el tema fuera manejado con la mayor confidencialidad. Se trataba de un objetivo de alto valor. Ambuila estaría involucrado en negocios ilegales de lavado de dinero.

SEMANA conoció los detalles del indictment de la corte media de la Florida, donde Ambuila es sujeto de una acusación en el caso número 8:21cr103 VMC-AAS, dictado el 17 de marzo de este año, en el que quedaron consignados los argumentos y la manera de operar de la estructura criminal en la cual, según las autoridades de los Estados Unidos, Ómar Ambuila tiene un papel fundamental. ¿Qué hay detrás de esta historia cinematográfica rodeada de cientos de miles de dólares, lujosas propiedades, joyas, viajes y cuentas bancarias internacionales?

La respuesta la tiene la misma solicitud de extradición: “Se identificó que Ambuila había lavado aproximadamente 1,3 millones de dólares para y a través de un cómplice en los Estados Unidos, durante un periodo que comenzó por lo menos en noviembre de 2012 y terminó no antes de enero de 2017. Este monto fue la ganancia y promovieron actividades ilegales específicas, incluidos el tráfico de drogas ilícitas, fraude, soborno, extorsión y operación de un negocio de envío de dinero sin licencia. La investigación reveló que mientras trabajaba como servidor público en la Dian, Ambuila empleó sustitutos en Colombia y Estados Unidos para transferir dinero a personas en su nombre, incluido un cómplice que vivía en Tampa y Miami”.

En otro aparte del documento, señala que “los sustitutos de Ambuila utilizaron varios métodos de lavado de dinero para entregar los 1,3 millones de dólares al cómplice, incluido pagar por la compra de artículos costosos, tales como vehículos de lujo. También coordinaron para que el efectivo se depositara en las cuentas del banco estadounidense del cómplice y pagaron el alquiler mensual del apartamento de lujo de este. El caso en contra de Ambuila se basa en evidencia obtenida de varias fuentes, incluyendo comunicaciones interceptadas legalmente y registros bancarios”.

La historia criminal de Ómar Ambuila tomó otro rumbo el pasado 23 de abril. Ese día, a las seis de la mañana, en un operativo que fue realizado de manera conjunta entre la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa), la Fiscalía colombiana, la Agencia de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos (HSI, por sus siglas en inglés), el FBI y la agencia de impuestos de este país (IRS), mientras la familia Ambuila dormía en su lujosa propiedad, un Comando Jungla llegó de sorpresa y detuvo al exfuncionario de la Dian.

La familia fue tomada por sorpresa. El primero en aparecer fue Ómar Ambuila, quien desconocía de los seguimientos, y con asombro les dijo a los uniformados que él estaba con un proceso vigente y había recuperado su libertad. Cuando escuchó la noticia de que se trataba de otro expediente, esta vez ante un tribunal del distrito medio de la Florida, no tuvo más remedio que llevarse las manos a la cabeza, sentarse en la sala de su lujosa casa y escuchar los motivos de su captura. En la diligencia también fueron incautados siete equipos de comunicación, dos memorias USB, un disco duro y una grabadora de voz.

Resultó de tal importancia este operativo, que fue el presidente Iván Duque quien hizo el anuncio de la captura. Al respecto, el coronel Gelber Hernando Cortés, director de la Policía Fiscal y Aduanera (designado), advirtió que “al analizar los modelos de economía criminal, evidenciamos que las organizaciones delincuenciales, para garantizar y asegurar sus ganancias, necesariamente captan a funcionarios públicos ofreciéndoles sumas exorbitantes de dinero a cambio de omitir sus deberes. Este es uno de los tres ejes estratégicos en la lucha frontal contra la corrupción”.

El informe confidencial conocido por SEMANA habla de los demás miembros de esta red: “Anterior al desarrollo de la investigación contra Ómar Ambuila, el 19 de febrero de 2020, un gran jurado federal reunido en Tampa, Florida, presentó una acusación contra José Ismael Irizarry (exagente especial de la DEA en Cartagena) y a su esposa Nathalia Gómez (ciudadana colombiana) por conspiración para lavar instrumentos monetarios y otros delitos”.

El coronel Cortés afirma que “afianzar las coordinaciones interagenciales con entidades como HSI, FBI o el ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas), entre otras, nos permite ser más efectivos en los mecanismos de asistencia judicial, en especial con los Estados Unidos”.

Según los documentos en poder de SEMANA, presuntamente construyeron un complejo esquema para mover cientos de miles de dólares por medio de cuentas creadas con documentación falsa (una identidad robada) en bancos de Estados Unidos para mover el dinero.

En un aparte de los documentos se detienen a hablar del famoso carro rojo que exhibía Jenny Ambuila. Esta fue una de las pistas más importantes que siguieron las autoridades de Colombia y Estados Unidos para desenmarañar la red.

En la acusación, se alega que “el mismo Lamborghini Huracán modelo 2017 (adquirido por Ómar Ambuila) fue comprado con ganancias ilegales durante una conspiración internacional de lavado de dinero. En este sentido, el lujoso vehículo con código de identificación ZHWU1ZF7HLA05916, y otro carro, un Porsche Cayenne también modelo 2017, con código de identificación WP1AA2A29HKA83052, fueron decomisados y su avalúo se estimó en 400.000 dólares, unos 1.500 millones de pesos”.

La cuenta falsa a la que se refieren fue delatada por uno de los testigos que, en 2015, entregó a la justicia de Estados Unidos imágenes del pasaporte y el seguro social de una persona que hoy está involucrada en el proceso como víctima.

El gusto por los objetos suntuosos, como los que se evidenciaron al momento de la primera captura en 2019, se hace visible en los hallazgos que sustentan la solicitud de extradición. La compra, en diciembre de 2013, de un anillo de diamantes Tiffany, por un costo aproximado de 30.000 dólares, y la adquisición de un predio en una lujosa urbanización ubicada en Puerto Rico, además de más de 20 transacciones millonarias en dólares, reflejan algunos de los movimientos financieros de la organización.

El viernes le fue negado a Ambuila su intento de tumbar, mediante una tutela, el proceso que le sigue la justicia en Colombia por los delitos de lavado de activos, favorecimiento al contrabando, concierto para delinquir y enriquecimiento ilícito. La Corte Suprema de Justicia dejó en firme las dos sentencias judiciales que habían negado la petición de tumbar o anular todo el proceso por ese escándalo de corrupción.

Jesús Albeiro Yepes, abogado de Ómar Ambuila, señaló que “con ocasión de la orden de libertad en Colombia, en su momento se promovió una acción de tutela por parte de la Dian y la Procuraduría pretendiendo la revocatoria de la decisión. La Corte puso fin al debate al considerar que se ajustó a la Constitución y la Ley. La defensa, por su parte, presentó otra acción de tutela contra los actos de imputación y acusación porque los cargos por favorecimiento al contrabando no precisan acto alguno, en circunstancias de tiempo, modo y lugar”.

Ahora Ambuila está listo para tomar un nuevo avión, no será un viaje de lujo, será un vuelo policial que lo llevará a Florida, Estados Unidos. Sin embargo, su abogado asegura que “conocemos que ha sido capturado con fines de extradición por los mismos hechos que ameritaron los cargos en Colombia. Tenemos fe de que la Sala Penal de la Corte valorará esta realidad y garantizará los derechos del ciudadano”. n