Primicia: la Fiscalía imputará graves cargos a Ricardo Roa, Dagoberto Quiroga y William Velandia, por los 500 millones de pesos que Fecode aportó a la campaña Petro. Le compulsarían copias al presidente

En medio del nuevo escándalo por la entrega de 500 millones de pesos de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) a la campaña del entonces candidato Gustavo Petro, que se trianguló a través del movimiento Colombia Humana para hacerle el esguince a la norma y evitar sanciones, habrá repercusiones judiciales. SEMANA conoció que la Fiscalía imputará cargos contra los señalados de haber participado en esta maniobra.

Se trata del gerente de la campaña, Ricardo Roa, actual presidente de Ecopetrol; el entonces presidente de la Colombia Humana, Dagoberto Quiroga, superintendente de Servicios Públicos, y el presidente del Comité Ejecutivo de Fecode, William Velandia. También se conoció que la Fiscalía compulsaría copias a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara contra Petro por los mismos hechos.

La imputación de cargos contra Roa, Quiroga y Velandia se efectuará en los próximos días ante un juez de garantías. Según se conoció, la Fiscalía les imputará cargos, al parecer, por dos conductas penales: violación de topes o límites de gastos en las campañas electorales y financiación de campañas electorales con fuentes prohibidas. Sin embargo, SEMANA confirmó que los investigadores estudian la posibilidad de sindicarlos por otros dos delitos que se habrían podido cometer, como falsedad en documento y fraude procesal.

Luego de varios meses de investigaciones a la financiación de la campaña, los fiscales, acompañados de un equipo del CTI, encontraron pruebas suficientes para presentar el caso ante los jueces con una imputación de cargos por la responsabilidad penal de estas personas en esta espinosa maniobra de financiación.

El asunto, tal como lo ha revelado SEMANA, tiene que ver con la forma como desde Fecode entregaron 500 millones de pesos a la campaña Petro. Pero al estar prohibidos este tipo de aportes, decidieron enviarlos en primera instancia a la Colombia Humana y, desde ahí, a las arcas de la campaña.

La movida al parecer no les salió bien. El rastreo del dinero dejó claro para las autoridades que esta fue simplemente una maniobra financiera, presuntamente irregular, pues, según los documentos recaudados como prueba, desde el principio, en actas y certificaciones, quedó documentado que el destino final de este dinero era apoyar la aspiración de Petro.

La clave, según las autoridades, es que la norma plantea que las personas jurídicas como Fecode no pueden hacer aportes a campañas presidenciales, pero sí a los partidos políticos. De ese modo, el sindicato de profesores más grande del país trató de expiar sus culpas y lavarse las manos, pero el caso ahora los pondría a dar explicaciones ante la Justicia.

La cuestión no es de poca monta, pues la Fiscalía conoce la responsabilidad penal que tendría cada uno de los llamados a imputación de cargos.

En el caso del presidente del Comité Ejecutivo de Fecode, William Velandia, por proponer y aprobar el aporte, a sabiendas de que era una movida para pasarse por la faja las normas de financiación electoral. Fue él quien dio luz verde para el aporte.

Por el lado del presidente de la Colombia Humana, Dagoberto Quiroga, porque habría usado el movimiento político como canal para tercerizar los 500 millones de pesos, que finalmente fueron enviados para la campaña que llevó a Petro a la Casa de Nariño.

En cuanto a Ricardo Roa, porque es quien debe responder tanto en lo penal como en el Consejo Nacional Electoral (CNE) por todos los movimientos e ingreso de dinero a la campaña. El asunto para el actual presidente de Ecopetrol está cuesta arriba, pues ya es señalado por los supuestos aportes sin registrar del empresario Euclides Torres, revelados en audios de uno de los hombres fuertes de la campaña, el exembajador Armando Benedetti. También, el que ya es un escándalo, confesado por Nicolás Petro, de manejos de dineros oscuros en la costa Caribe.

La ley contempla que, en estos casos, también tendría que responder el propio candidato, es decir, el presidente Petro. Por ello, la Fiscalía compulsaría copias a la Comisión de Acusación, su juez natural, de acuerdo con el fuero constitucional. El lío jurídico, que nuevamente le da un coletazo a Roa, es que este dinero no fue reportado en los libros de cuentas de campaña que se presentaron ante el CNE.

Palmariamente, el Código Penal señala, frente al delito de financiación de campañas electorales con fuentes prohibidas, que “el gerente de la campaña electoral que permita en ella la consecución de bienes provenientes de fuentes prohibidas por la ley para financiar campañas electorales, incurrirá en prisión de cuatro a ocho años, una multa de 400 a 1.200 salarios mínimos mensuales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo tiempo”.

De cara al delito de violación de topes o límites de gastos en las campañas electorales, advierte la norma, tendrá la misma pena que en el caso anterior. Y especifica: para “quien administre los recursos de la campaña electoral, que exceda los topes o límites de gastos establecidos por la autoridad electoral”.

Para la Fiscalía, es ostensible, y por eso se daría la imputación, que sí hubo una violación de estos topes electorales. Según la trazabilidad hecha hasta este momento en los libros de contabilidad de la propia campaña y otros documentos que se han recaudado como prueba, no aparece la millonaria suma entregada por Fecode, lo que configuraría el delito.

De ahí el otro cargo por el que serían imputados, pues, de acuerdo con la investigación que avanza en la Fiscalía, se habría falseado la contabilidad por no haber sido incluido este aporte. El fraude procesal, según conoció SEMANA, sería por las maniobras o triangulación del dinero que habían realizado para darle apariencia de legalidad al aporte.

Así las cosas, habrían inducido a error al CNE para que fueran aprobados los informes y libros de campaña y que, de esta manera, les fuera autorizada la millonaria reposición de votos.

Todo está respaldado en los documentos oficiales que la Fiscalía ha recaudado durante las últimas semanas en diferentes diligencias judiciales. Entre estas, las inspecciones simultáneas que realizaron dos equipos del CTI a las sedes de Fecode y de la Colombia Humana la semana pasada. Y una más reciente, hasta ahora desconocida, a la oficina del contratista Ingenial Media S. A. S., representada por Diego Fernando Buitrago, según los documentos.

En las inspecciones a los tres lugares hubo colaboración con el CTI y allí descubrieron buena parte de los documentos que hoy tienen contra las cuerdas y a las puertas de la imputación a Quiroga, Roa y Velandia.

La arremetida de Petro

Pese a las pruebas y documentos de la campaña del partido Colombia Humana y de Fecode, en la noche del viernes, el presidente Petro lanzó en sus redes sociales un acalorado mensaje en el que se autoproclamó víctima y advirtió de una supuesta ruptura institucional, justamente por las investigaciones en su contra y de su círculo más cercano.

“Se han allanado sindicatos, se ha torturado y se ha usado presiones sobre testigos para que se acuse al presidente y no han tenido éxito; desesperadamente, sectores del narcotráfico, autores de delitos de lesa humanidad, políticos corruptos y sectores corruptos de la Fiscalía buscan la salida del presidente del cargo elegido por el pueblo”, escribió el mandatario.

Incluso, se adelantó a cuestionar las decisiones judiciales: “La respuesta desesperada será no solo suspender al canciller de la República, sino procesar penalmente al presidente de Ecopetrol y al superintendente de Servicios Públicos por haber sido presidente del partido Colombia Humana. La Fiscalía pedirá mi juicio político sin ocultar que ha hecho investigación inconstitucional en mi contra, buscando el triunfo que el pueblo no les otorgó”.

Y pese a lo que señala la norma y las decisiones que se vienen en materia judicial, Petro insistió en que “hechos repetidos varias veces en campañas de otros partidos políticos como al que pertenece el fiscal general, han sido declarados legales anteriormente, pero en nuestro caso se criminalizan con desespero”.

Documentos, la clave

En las diligencias realizadas se encontraron las pruebas, entre ellas la conocida y publicada por SEMANA, considerada la evidencia reina del caso. Se trata de una constancia firmada directamente por el fiscal de Fecode, Domingo José Ayala Espitia, en la que no solo reconoce que fue aprobado este desembolso, sino que afirma que el dinero era dirigido para la campaña presidencial.

Así lo señala el documento: “El Comité Ejecutivo de la Federación, reunido el día 3 de mayo de 2022, aprobó un aporte económico para colaborar con la campaña ‘PETRO PRESIDENTE 2022-2026’, teniendo en cuenta que este egreso no afecta el patrimonio económico de la Federación”.

Y hasta queda clara la fecha de aprobación del desembolso y el monto. De acuerdo con la misma certificación, “el día 24 de mayo del año en curso se giró el cheque N.º 4546139 por la suma de quinientos millones de pesos ($ 500.000.000) moneda corriente, a nombre del señor Dagoberto Quiroga, identificado con la cédula de ciudadanía N.º 3.226.6XX, en calidad de representante del movimiento político Colombia Humana”.

Por si fuera poco, está la explosiva declaración de Ómar Arango Jiménez, un exdirectivo de Fecode, que sin ambages, dijo que el dinero sí era para la campaña de Petro a la presidencia. “Hay unos miembros del Comité Ejecutivo que hacen cosas indebidas. Todo se puede hacer, pero en el orden, hay cosas irregulares hechas por tres o cuatro directivos de Fecode que les gusta la trampa. Si hubieran consultado las instancias correspondientes, se habrían librado de tantos enredos, pero con el Ejecutivo no estoy de acuerdo porque hay dos o tres que manejan a Fecode como si fuera la finca de ellos”, afirmó Arango.

No se puede pasar por alto otra prueba trascendental en esta investigación: el contrato que firmó Dagoberto Quiroga Collazos como representante legal de Colombia Humana, luego del traspaso del dinero, con la empresa Ingenial Media S.A.S.

Ese contrato era exactamente por los 500 millones de pesos, y la finalidad era realizar una auditoría a los resultados electorales, que se sintetiza en el acuerdo con “un plan de acción, estadística operacional, base de datos de testigos y jurados de votación, capacitaciones a nivel nacional y asesoramiento de abogados en todo el proceso de escrutinio”.

Y lo más importante, un documento que muestra el resultado y análisis de la información relevante de preconteo y escrutinio. Se trata, en plata blanca, de una vigilancia profunda a los resultados de las elecciones, con el fin de evitar, como lo afirmaban antes de los comicios, “que les robaran los votos”.

La cereza del pastel es que la Fiscalía encontró otros tres contratos de la campaña Petro con el mismo contratista, firmados de forma simultánea y con el mismo objeto. Estos sí cumplieron con las normas y fueron reportados de forma adecuada en los cuadernos de campaña, según la trazabilidad que se ha realizado en la investigación.

Sin duda, estas imputaciones y la posible compulsa contra el presidente agravarán las tensiones entre Petro, el fiscal Barbosa, la Casa de Nariño y la Fiscalía. Se vienen días turbulentos.