Judicial
Primicia | Llaman a juicio a líderes de la primera línea de Suba
Tendrán que responder por actos de terrorismo, vandalismo, tortura, entre muchos otros.
SEMANA conoció en primicia que la Fiscalía General de la Nación radicó el escrito de acusación en contra de los líderes de la denominada Primera Línea de Suba que protagonizaron varias manifestaciones y ataques contra la fuerza pública y la población civil en medio de las marchas del Paro Nacional que se adelantó en 2021.
En el documento, el ente investigador advierte que existe evidencia documental y testimonial que vincula a cinco personas que formaban parte de este grupo de la primera línea en participar en actividades relacionadas con la alteración del orden público, ataques sistemáticos en contra de la infraestructura en esa localidad ubicada en el noroccidente de Bogotá, así como acciones contra los agentes del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) y los habitantes de la zona.
En la diligencia judicial, que quedó programada para el próximo 21 de abril, Jhonatan Stiven Cortés Aldana, conocido con el sobrenombre de Z-11; Karina Yurley Cepeda Andrade, Andrés Felipe Rodríguez Chávez, Julián Andrés Moreno Otero y Maura Valentina Díaz Flórez serán acusados por su presunta participación en los delitos de secuestro, tortura, terrorismo, concierto para delinquir, violencia contra servidor público, daño en bien ajeno y lanzamiento de objetos peligros.
En la acusación se citan tres casos precisos frente a las acciones adelantadas por este grupo entre el 22 de junio y el 9 de agosto. El primero de los hechos se presentó en la avenida Ciudad de Cali con calle 139. En esa oportunidad, Cortés Aldana y Cepeda Andrade habrían lanzado bombas incendiarias contra una patrulla de la Policía Nacional. Igualmente, rompieron vidrios y pincharon llantas del vehículo.
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El agente de Policía que conducía la patrulla fue golpeado en repetidas oportunidades y amenazado de muerte. En medio de la situación, un taxista también resultó afectado después que el carro fuera estrellado por el vehículo oficial en medio de la confusión. Las autoridades señalaron que los daños causados alcanzaron los 39 millones de pesos.
En otro hecho, registrado el 31 de julio, los integrantes de esa organización habrían retenido durante más de 30 minutos a seis auxiliares de la Policía que estaban vestidos de civil. Pruebas documentales y testimoniales evidenciaron que los policías fueron torturados tras ser agredidos verbal y físicamente. En la acción los auxiliares fueron despojados de sus objetos de valor. Uno de los agentes recibió una incapacidad de siete días por las lesiones sufridas por los manifestantes.
La Fiscalía General citó un hecho registrado el 9 de agosto en la calle 102 con Avenida Suba. En medio de una manifestación los de la primera línea ubicaron una barricada con troncos y llantas. En las protestas quemaron un bus del Sistema Integrado de Transporte Público. Al vehículo le rompieron el sistema de presurización de las puertas, los vidrios y la carrocería para posteriormente prenderle fuego.
El conductor y los pasajeros, entre los que se encontraba una niña de seis años, fueron amenazados para que abandonaran el bus de servicio público. Los daños fueron avaluados en 761 millones de pesos.
Desde el pasado 29 de octubre, los cinco integrantes de la primera línea se encuentran con medida de aseguramiento en centro carcelario por orden de un juez de control de garantías.
