Atención: ¿por qué fue capturado el exgobernador de Cundinamarca Pablo Ardila?

Sin conocer mayores detalles aún sobre los motivos de su detención, SEMANA confirmó que el polémico exgobernador de Cundinamarca, Pablo Ardila, quien tuvo varios procesos en Colombia por corrupción y abandonó el país hace más de una década, fue recapturado por las autoridades españolas, país donde vive.

Según conoció SEMANA por información desde la Embajada de España. Pablo Ardila fue capturado el 5 de mayo, por delitos de suma gravedad, incluso diferentes a los que enfrentó en el país. Se trata de abuso sexual, blanqueo de capitales, delitos contra la hacienda pública, medio ambiente seguridad vial, y relaciones con organizaciones criminales.

La investigación fue desarrollada por la Ucrif (Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales), del cuerpo de Policía de España. Ardila se encuentra detenido en este momento en el centro penitenciario “Brains 1-Cataluña”.

Pablo Ardila formaba parte de la familia que era propietaria del otrora popular periódico El Espacio, uno de los de mayor lecturabilidad en la década de los 80 y 90, que fue justamente el trampolín para la incursión en política del exrepresentante a la Cámara, secretario de Hacienda de la gobernadora Leonor Serrano de Camargo y gobernador de Cundinamarca.

De acuerdo con información de la Policía, se trata de un proceso adelantado por las autoridades de ese país por varios delitos con base en testimonios, que comprometen al exmandatario con presuntas actividades de trata y explotación de personas, entre otras conductas.

La captura de Ardila, de acuerdo con la Policía, se notificó a través del sistema internacional de Interpol, donde hay más de 190 instituciones de policías del mundo asociadas mediante distintos métodos de cooperación.

“El 5 de mayo de este año fue capturado en la ciudad de Barcelona Pablo Ardila Sierra, exgobernador de Cundinamarca por los delitos de abuso sexual, blanqueo de capitales, delitos contra la hacienda pública, medio ambiente y seguridad vial”, dijo el director de la Policía, el general Jorge Luis Vargas.

Agregó que “las autoridades españolas a través de Interpol y directamente con la dirección de investigación criminal, la Dijin, están pidiendo colaboración sobre varias informaciones que están siendo procesadas y con las autoridades competentes colombianas se determinará precisamente cómo es la colaboración con las autoridades policiales y judiciales de Barcelona y de España”.

Así mismo, el general Vargas señaló que es “una investigación desarrollada desde hace varios meses por parte de la unidad central de redes de emigración ilegal de falsedades y documentales del España”.

Desde el año 2007, cuando Pablo Ardila fue gobernador, se le acusó de haber usado el cargo para engrosar su fortuna y la de personas allegadas a su círculo más íntimo, pese a ser uno de los hombres más ricos del país.

“La celebración, por parte de dos o más personas de un convenio, de un pacto, cuya finalidad trasciende el mero acuerdo para la comisión de un determinado delito... la organización delictiva se establece con ánimo de permanencia... Este tipo de organizaciones al margen y contra la sociedad, cuyo objeto específico es transgredir el ordenamiento jurídico, obviamente constituyen un peligro para la tranquilidad colectiva y atentan contra la seguridad pública, que son precisamente los bienes jurídicos que se pretenden proteger con su represión y castigo”, señaló la Fiscalía en su momento.

Precisamente, por esos hechos el exgobernador fue enviado a prisión en 2007, cuando fue capturado por agentes del CTI de la Fiscalía, tras señalarlo por los delitos de extorsión y prevaricato.

En su momento se conoció que Ardila cometió varias irregularidades en un contrato que permitió a una empresa privada apoderarse de un título minero para extraer arena y gravilla del río Magdalena.

“Es cierto que tengo una relación difícil con los medios de comunicación, porque después de tanto tiempo estoy ‘mamado’ de que me ultrajen”, dijo en una entrevista a SEMANA Ardila, antes de ser capturado por agentes de la Fiscalía.

Tras ser capturado, el exgobernador puso a disposición de la Fiscalía 500 millones de pesos, para pagar una indemnización que reclamaban 51 areneros del Magdalena Medio, a quienes el Gobernador supuestamente había obligado, bajo presión, a venderles sus propiedades por un precio menor al que ellos consideraban justo.

En su momento la propia Fiscalía le dijo que no aceptaba esa plata porque el reclamo era por 5.700 millones de pesos. Pero cuando presentó una póliza por ese valor -que se haría efectiva en caso de condena-, la Fiscalía la rechazó con el argumento de que debía ser dinero tangible para entrar a estudiar si le concedía o no la libertad provisional.