Primicia | Procuraduría abre indagación por Cartel de La Picota denunciado por SEMANA. Cobraban por permisos de salida, ingreso de drogas, licor, celulares y visitas

La red de corrupción de guardias del Inpec en la cárcel La Picota de Bogotá, que a cambio de dinero cumplía con los insólitos caprichos de presos para ingresarles droga, licor, celulares, darles permisos de salidas a citas médicas falsas y hasta traslados a otras prisiones en vehículos particulares, ya está bajo la lupa de la Procuraduría General de la Nación.

Por esta escandalosa red, denunciada por SEMANA, el ente de control abrió indagación previa en contra de los funcionarios del Inpec, “por presuntos cobros a cambio de servicios ilegales en la cárcel Picota de Bogotá”.

“El ente de control investigará si funcionarios de la entidad incurrieron en faltas disciplinarias, por un supuesto cartel que ofrecía un catálogo de servicios ilegales en el centro penitenciario en la capital del país”, señaló el ente de control.

La indagación se centrará en identificar “si integrantes del cuerpo de custodia y vigilancia y funcionarios administrativos del centro penitenciario ofrecían servicios ilegales a las personas privadas de la libertad, como permisos para salir, visitas no permitidas, ingreso de armas, drogas y licor, entre otras irregularidades a cambio de dinero”, tal como publicó SEMANA.

Para esto se realizará, señalan desde la Procuraduría, “la solicitud de pruebas, interrogatorios, registros, declaraciones y análisis técnicocientíficos, que buscarán aclarar los hechos denunciados en La Picota, al sur de la ciudad de Bogotá”.

La denuncia

Un grupo de funcionarios del Inpec convirtió una oficina en la cárcel La Picota, en el sur de Bogotá, en la caja menor de sobornos y extorsiones que a muchos los tiene “viviendo sabroso”. Una millonaria estrategia de corrupción con las salidas de privados de la libertad a citas médicas, falsas diligencias judiciales y hasta encuentros amorosos, se tomó las cárceles con complicidad de los guardias, que usan su fuero sindical para arroparse y evitar sanciones o investigaciones. SEMANA conoció las pruebas de este “cartel” de La Picota.

Desde la oficina de domiciliarias (detenciones) en la cárcel La Picota, de acuerdo con una investigación en la dirección anticorrupción de la Fiscalía, cientos de privados de la libertad encontraron la manera de salir y entrar como Pedro por su casa solo con pagar un peaje, una extorsión de los funcionarios vinculados que tenían un escandaloso catálogo de servicios ilegales. Además de estos permisos, está el ingreso de licor, teléfonos, drogas, visitas, prostitutas... Un largo menú.

Ramiro Suárez, de pagar “servicios” a testigo

La polémica por el traslado del exalcalde de Cúcuta Ramiro Suárez Corzo tiene origen justamente en este vergonzoso escenario de corrupción. Fue él quien pagó por salir de La Picota a las citas médicas y otros encuentros en Bogotá. SEMANA conoció los recibos con los desembolsos que hizo el exalcalde a un funcionario que estaba a cargo de los traslados en La Picota (ver imagen).

Se trata de más de 15 consignaciones a nombre de Hugo Ignacio Téllez, un guardián del Inpec en La Picota. Cuatro de esos pagos ocurrieron entre septiembre y noviembre de 2019, el último por cinco millones de pesos. Las consignaciones fueron hechas a la cuenta bancaria del funcionario, de acuerdo con los recibos que conoció SEMANA y que están en el proceso de colaboración que inició Suárez Corzo con la Fiscalía.

El exalcalde es testigo de la corrupción. La próxima semana tiene programadas varias diligencias de interrogatorio y ese fue justamente el argumento de la Fiscalía para evitar que Suárez Corzo fuera recluido en la cárcel La Picota, el mismo espacio y con los mismos funcionarios que serán delatados en sus declaraciones. Su defensa interpuso una tutela, consideran que su vida está en riesgo.

Por esos beneficios al exalcalde, un dragoneante del Inpec fue capturado. Cristian Oviedo Mogollón terminó judicializado luego del bochornoso traslado que le hicieron a Suárez Corzo, por tierra y carro particular, desde Bogotá hasta Cúcuta, tras recibir el beneficio de detención domiciliaria y que insólitamente tardó varios días. Ese funcionario se vio acorralado y decidió convertirse en testigo de la Fiscalía; destapó la olla podrida en La Picota, contando lo hecho por él y por sus compañeros.

La declaración de Oviedo, que conoció SEMANA, explica la descarada radiografía de la corrupción en La Picota. Cómo funciona, quiénes están comprometidos y los montos que exigen a los privados de la libertad por facilitar la entrada de elementos prohibidos, de personas no autorizadas, acelerar o frenar traslados en detenciones domiciliarias y hasta dejar en libertad sin el cumplimiento de los requisitos.

Otro funcionario del Inpec le contó a SEMANA cómo sus compañeros en La Picota tienen un “cartel” bien montado, peligroso y que se blinda en el fuero sindical. Allí, el ente acusador encontró otro escenario de corrupción: les estarían cobrando a los funcionarios del Inpec por integrar los sindicatos con mayor poder en el instituto. Esto se convierte en una letra de cambio para delinquir sin que haya sanciones, el escudo es el mentado “fuero sindical”.

“Haga un balance, a quiénes están dejando en la dirección de las cárceles, quién fue capturado por el traslado del exalcalde de Cúcuta. Los sindicados se tomaron el Inpec y ahora no hacen veeduría, no filtran nada a la prensa”, señala el funcionario que advirtió los hechos de corrupción.

El cartel

La Fiscalía tiene declaraciones con el detalle de la corrupción en La Picota. Allí están las ofertas ilegales que tenían los funcionarios para los privados de la libertad a cambio de millonarias sumas de dinero para acceder a esos servicios. Las consignaciones de Suárez Corzo son prueba de ello.

Lo primero que aparece en el menú corrupto son los traslados. Salir de la cárcel con la excusa de citas médicas, que se convierte en un servicio de taxi con escolta para otras actividades, incluso encuentros amorosos. Luego, en la oferta está el ingreso de elementos prohibidos y personas sin autorización a la cárcel y, como en el caso del exalcalde de Cúcuta, los traslados domiciliarios.

Si algún privado de la libertad es beneficiado con la detención domiciliaria, debe esperar su turno para ese traslado, que se hace eterno en caso de ser fuera de Bogotá. Sin embargo, el trámite es exprés con el pago de ese “servicio”, que además se convierte en otra renta y otro ingreso para los funcionarios corruptos.

Todos los días hay noticias de delincuentes con detención domiciliaria que son capturados en otros delitos. Allí también hay un negocio, según un funcionario del Inpec que habló con SEMANA. Los encargados de las visitas acuerdan con los delincuentes que tienen detención domiciliaria, les avisan cuándo serán esas visitas y confirman el cumplimiento de la medida.

“En ocasiones ni siquiera van a las casas, los llaman y les dicen que vayan a ciertos puntos para firmar la visita y decirle a la justicia que cumplen con los compromisos de la detención domiciliaria, pero todo a cambio de pagar”, explicó el funcionario que reveló más detalles de ese menú criminal en La Picota.

En poder del mismo Inpec hay denuncias de cómo los funcionarios aprovechan las decisiones judiciales para sacarles jugo a los criminales. Cuando al Inpec llegan revocatorias de la detención domiciliaria, los funcionarios deben regresar a la cárcel a los procesados, pero antes hay una llamada.

“Los llaman y les advierten que tiene que regresar a la cárcel, les ofrecen un tiempo, engavetar la orden del juez y que sigan en la casa o en libertad, así ocurrió con un excongresista, Félix Baldión, se demoraron más de cuatro meses en devolverlo a la cárcel”, señaló el funcionario del Inpec que habló con SEMANA.

Con las libertades también hay negocio. El escándalo revelado por SEMANA con la irregular libertad del narco conocido con el alias de Gordo Lindo es la prueba, según las fuentes del Inpec, de cómo incluso con requerimientos judiciales y con las advertencias de la Fiscalía, quien pague a tiempo puede salir de la cárcel, a pesar de tener deudas con la justicia.