Primicia: Procuraduría abrirá investigaciones contra altos funcionarios de la SAE; hay miles de millones de pesos en juego

Las últimas decisiones de la SAE, en relación a no entregar las acciones de la Triple A, pese a que ya hubo un desembolso por el valor de las mismas de más de 282 mil millones de pesos, preocupan a la Procuraduría por las consecuencias penales que podía traer esta decisión.

En primer lugar, la demanda para el Estado sería por el orden de los 59 mil millones de pesos por incumplimiento al contrato. Ante esta situación, la Procuraduría estaría analizando iniciar acciones disciplinarias contra altos funcionarios de la SAE, según pudo establecer SEMANA en primicia.

Y es que, según señala el Ministerio Público, en atención a las graves denuncias formuladas por el Secretario de Transparencia podría iniciarse una indagación preliminar de cara a determinar si las presuntas irregularidades señaladas por este obedecen a la realidad contractual.

Según esa denuncia, Barranquilla perdió una gran cantidad de dinero con la venta del 82.16 % las acciones de la empresa, avaluadas en $ 565 mil millones de pesos, cuando paso a ser nuevamente en mayor porcentaje del distrito, en el mes de diciembre del año 2021 mientras aún fungía como presidente Iván Duque.

De hecho, advierte la denuncia, la ciudad perdió por lo menos 400.000 millones de pesos, puesto que en la ficha de enajenación se calculó más de 800.000 millones de pesos.

En esta indagación se recomienda determinar lo siguiente:

- Si la SAE se encontraba dentro de las causales de enajenación temprana para vender las acciones de INASSA que se encontraban bajo su administración en virtud de la medida cautelar impuesta por la Fiscalía General de la Nación.

- Si la SAE se encontraba dentro de las causales para la venta directa a entidades públicas.

Y es que no fue nada fácil la asamblea extraordinaria de accionistas de la Triple A en la que se eligió a la nueva Junta Directiva de esa entidad. A través de su cuenta de Twitter, el presidente de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), Daniel Rojas, dejó en evidencia el duro enfrentamiento que tuvo con la procuraduría durante la asamblea.

“Lamentable que la procuraduría haya intervenido en la asamblea de la triple A para prejuzgar nuestra lucha anticorrupción”, escribió Rojas en un trino, y luego continuó: “Los entes de control están para defender el patrimonio público, increíble que la respuesta a quienes actuamos con honestidad sea el amedrentamiento”.

El delegado del Ministerio Público Luis Ramiro Escandón, designado por la procuradora Margarita Cabello, pidió aplazar la asamblea con el siguiente argumento: “a fin de hacer una función preventiva para evitar la configuración de un daño antijurídico, dado que las acciones de la SAE están en un proceso de extinción de dominio por parte de la Fiscalía”. A lo que se opuso férreamente el presidente de la SAE, Daniel Rojas.

En la asamblea tal y como se preveía, salieron todos los miembros designados en el gobierno Duque entre los que se encontraban, entre otros, Camilo José Abello Correa y Andrés Avila, expresidente de la SAE.

Los nuevos miembros de la junta directiva son: Carlos Campillo Parra; suplente, Ariel Guevara Pabón; Nicolás Corso Salamanca; suplente, Álvaro Velásquez Caicedo; Diana Bernal Falla; suplente, Diana Toro Navarrete y Cristóbal Padilla Tejeda, suplente Sandra Mejía García.

Según los estatutos, el presidente de la junta es el alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, y el suplente es Carlos Sarabia, actual gerente de la empresa de Alumbrado Público de Barranquilla. El pasado 1 de enero la SAE se abstuvo de ceder su participación accionaria en la Triple A hasta que no exista un pronunciamiento de la Contraloría General de la Nación.

En el momento que se hizo la negociación con presencia del entonces mandatario en la ciudad de Barranquilla, el distrito pasó de tener el 14,5 % de la empresa a ser el accionista mayoritario con el 65 %, y se mantuvo, adicionalmente, el 30 % de regalías sobre el flujo de caja libre.

Lo anterior, para el secretario hace parte de una irregularidad pues “ese contrato no debió haberse vendido de manera directa porque eso establece una presunta ilegalidad”.

Adicionalmente, el secretario mencionó que hubo omisiones en el comité técnico y que a través de “un mico” en la modificación del código de extinción de dominio, se legalizó que un tercero privado se involucrara en la negociación, por lo que pidió a la Procuraduría y a la Fiscalía hacer una investigación por “un posible peculado por apropiación a favor de terceros”.

Lo que dijo el alcalde de Barranquilla

Precisamente, este miércoles desde Barranquilla, en entrevista con SEMANA, el alcalde Jaime Pumarejo le lanzó a la Sociedad de Activos Especiales (SAE) una insólita propuesta: “si la Triple A vale 2.4 billones, que nos compren el 14,5 % de las acciones nuestras y nosotros felizmente se las vendemos y paramos el lío. Pero que nos devuelvan la plata que ya les pagamos o mejor aún les hacemos un descuentico: se las vendemos en 1.4 billones, o en 2 billones, pero que salgamos de este lío porque lo que están haciendo es desafiando el ordenamiento jurídico del país”, sostuvo Pumarejo.

Pumarejo dijo que lo que pasó en la Asamblea Extraordinaria de la Triple A, cuando se cambió a toda la Junta Directiva, fue un “zarpazo” que genera inestabilidad y preocupación en los mercados y en la empresa, nada menos que la que les presta los servicios públicos en capital del Atlántico.