Primicia: Procuraduría pide no anular elección del registrador Alexander Vega

Desde el pasado 16 de enero de 2020 cursa ante el Consejo de Estado una demanda en contra del proceso de elección de Alexander Vega como registrador nacional del Estado Civil. Para resolver las dudas, el Consejo de Estado ha estado citando a los presidentes de las altas cortes que fueron los encargados de la elección que, según la Constitución, se da en un proceso de meritocracia.

En el proceso se analizan presuntos vicios, teniendo en cuenta que a último momento se cambió el lugar donde se llevaron a cabo las entrevistas, el 10 de octubre de 2019, debido a protestas en el centro de la capital del país.

En la acción judicial presentada por el Frente de Respuesta Social Anticorrupción se indica que se presentaron “violaciones cometidas por los presidentes del Consejo de Estado, Corte Constitucional y Corte Suprema de Justicia durante la fase de entrevista del proceso de elección”.

SEMANA conoció, en primicia, el concepto de la Procuraduría enviado al Consejo de Estado en el que pide que no se anule la elección del registrador Vega, señalando que: “El demandado (el registrador) cumplió con los requisitos para ser registrador nacional del Estado Civil, bajo los parámetros claros que fueron dispuestos tanto en el reglamento como en la convocatoria del concurso”.

Según la procuradora Cabello, el registrador Vega “acreditó el ejercicio profesional con dos declaraciones juramentadas expedidas el 18 de julio de 2019 por los abogados Virgilio Almanza Ocampo y Luis Alfredo Macías Mesa, en las que se declaró bajo la gravedad que había ejercido profesionalmente como abogado por más de 15 años, con buen crédito y dedicación ante a Jurisdicción Contenciosa Administrativa y la Corte Constitucional”.

En el documento de 51 páginas, la procuradora advierte que “las certificaciones ante notario no resultan ser los documentos más idóneos para certificar experiencia como abogado, sobre todo, para la elección de una dignidad como la del registrador nacional del Estado Civil, dignidad que tiene como tarea velar y garantizar el ejercicio democrático de la nación; no es menos cierto que tanto el reglamento como la convocatoria así lo establecieron, sin mayor condición sobre los términos en que debían rendidas”.

Hace además un “jalón de orejas” sobre un tema puntual y es que, el marco normativo para la elección del registrador nacional del Estado Civil “debe ser objeto de una revisión para ajustar, de ser posible, los aspectos que fueron objeto de cuestionamiento, en beneficio de la institucionalidad”.

Cabe recordar que el registrador ha estado en el “ojo del huracán” por cuestionamientos muy serios sobre posibles fallas en el proceso de conteo de votos en las elecciones que se adelantaron el pasado 13 de marzo, para la conformación del Nuevo Congreso y que llevó incluso a la propuesta de un reconteo. Vega insiste en que no se incurrió en ninguna irregularidad.

Cabe recordar que este concepto no está de ninguna manera relacionado con la investigación preliminar que adelanta el Ministerio Público y en la que, según pudo conocer SEMANA, ya se han practicado varias pruebas.

Hace varios días, en Vicky en Semana, el registrador Alexander Vega recalcó que durante las elecciones no hubo nada relacionado con fraude, y más bien serias inconsistencias de los jurados. “Encontramos 5.109 mesas con una posible actuación dolosa por parte de los jurados de votación. Los transmisores tenían que verificar los votos de esos formularios E14 y encontramos que no solo incumplieron la instrucción de la Registraduría y las capacitaciones, que era poner un asterisco única y exclusivamente donde un partido o candidato obtuviera los votos (...) rayaron todos los formularios, era imposible la digitalización, la transmisión o la visibilidad”.