Primicia: Procuraduría sancionó a suboficial que denunció presunto abuso sexual de soldados a niña indígena en Risaralda

SEMANA conoció el fallo que entregó la Procuraduría General de la Nación en contra de los tres suboficiales del Ejército Nacional que tenían bajo su mando a los siete soldados señalados de abusar sexualmente de una niña indígena de la comunidad embera, en Risaralda, a finales de junio de 2020.

El sargento Juan Carlos Díaz, comandante del pelotón, y los cabos terceros Jáider Enrique Muñoz y Camilo Hernández fueron inhabilitados para ocupar cargos públicos, al encontrarlos responsables de infringir el Derecho Internacional Humanitario, luego de que Díaz ordenara, según el ente de control, que los uniformados ocuparan durante 11 días –del 11 al 22 de junio de 2020– las instalaciones del Colegio Pío XII, en el corregimiento de Santa Cecilia del municipio de Pueblo Rico, Risaralda.

Si este fallo continúa en firme, Díaz no podría ocupar cargos públicos durante 15 años, debido a que su falta fue considerada como gravísima por el procurador del caso, ya que considera que se violaron convenios de Ginebra que prohíben que tropas militares pernocten en un colegio, pues eso pone en riego la vida de la comunidad. La sanción del cabo Hernández es por 10 años y la de Muñoz por ocho.

Los suboficiales han denunciado en repetidas ocasiones que les parece injusto que fueran destituidos por el Ejército Nacional luego de denunciar los hechos que habrían cometido los soldados. Sin embargo, el comandante del Ejército, general Eduardo Zapateiro, indicó que en las investigaciones disciplinarias internas se evidenciaban faltas al mando y control por parte de los uniformados.

La Procuraduría respaldó la decisión tras adelantar su propia investigación. De igual manera, en el fallo se establece que Díaz habría mentido a sus superiores con información sobre las coordenadas donde pernoctaban la noche en la que habría ocurrido el abuso sexual de la menor, pues dijo que estaban en el colegio. De igual manera, se establece que el sargento habría mentido en días anteriores, ya que este siempre reportaba otras coordenadas diferentes a la de la escuela. Al parecer, incluso se intentó desaparecer evidencia que así lo demostraría, como algunas de las anotaciones registradas en el cuaderno del comandante.

La decisión fue apelada por la defensa de los suboficiales al considerarla injusta. Para ellos, los cargos indilgados no corresponden a la investigación inicial y además pretenden demostrar que los hechos no sucedieron como lo quiere hacer ver la Fuerza Militar, que para ellos actuó por el afán de dar resultados en un tema tan mediático.

SEMANA Habló con Alexánder Mena, el rector del Colegio Pío XII. Mena describió que la institución queda en zona rural del municipio, alrededor de la cual solo hay potreros y la casa más cercana es donde se habría dado el abuso de la niña, un predio abandonado.

Mena asegura que no tuvo contacto con los uniformados, para la época en la que sucedieron los hechos, debido a que este colegio recibía a más de 300 estudiantes de sexto a undécimo grado antes de la pandemia y estaban en cuarentena. Solo dos vigilantes que relevaban turno cada 12 horas custodiaban las instalaciones.

“Yo solo sé lo que mis vigilantes me cuentan, que los militares nunca se quedaron en las instalaciones del colegio, que se ubicaban en los potreros cercanos, se la pasaban en el que queda arriba de la escuela, a unos 300 metros aproximadamente”, dijo Mena.

El rector de la institución sí reconoció que autorizó que los soldados pudieran entrar a cargar celulares, y que cuando fuera uno que otro descansara ahí una o dos horas mientras cargaba el celular, teniendo en cuenta que es la única edificación cercana a donde ellos patrullaban que contaba con energía eléctrica. “Yo no iba a dar un permiso para que se instalaran ahí, sé que eso está prohibido, pero sí dejaba que utilizaran el tomacorriente, siempre y cuando me dejaran todo ordenado, sin basura ni nada”.

Dice que él solo se puede basar en el relato los vigilantes y aclara que el colegio es abierto, no tiene un muro ni una reja. Entonces, todo el mundo pasa por ahí. Por esa razón tenían cámaras para ayudar a monitorear a los vigilantes en los alrededores, “pero desafortunadamente no grababan, solo servían de monitoreo; después de eso sí nos tocó comprar un disco duro y grabar todo lo que pasa”.

Según relató el rector, en otras oportunidades otras tropas también han hecho lo mismo, incluso en años anteriores los uniformados, no este grupo en particular, aclara, le ayudan a arreglar las instalaciones educativas, podando el pasto o pintando.

El fallo se dio en marzo, pero detalles de este están bajo reserva. Se está a la espera de la decisión final tras la apelación de la defensa.