“Privilegien la renta a la salud y no el capricho de ciertos gobernadores”: el llamado para liberar el mercado de aguardiente

Desde las 8:00 a. m. de este lunes 7 de octubre, la Corte Constitucional, en el centro de Bogotá, fue el escenario en el que expertos y sectores involucrados en el tema, se dieron cita para asistir a la audiencia pública que se programó para resolver el debate que se ha generado alrededor de la venta del aguardiente por regiones en Colombia.

Uno de los asistentes al encuentro fue el exsuperintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo, quien fue el encargado de presentar la demanda contra la norma que establece que los departamentos puedan suspender por seis años la venta de otras marcas va en contra de los principios constitucionales y legales, según explicó el abogado.

“Como ciudadano, les imploro que a los colombianos nos permitan vivir en un país en el que podamos escoger qué consumir. Quiero vivir, y espero que ustedes también, en un país en el que se nos permita consumir el aguardiente que queramos, y no en un país en el que estemos condenados a tomar el aguardiente que el gobernador quiere que nosotros tomemos”, dijo Robledo.

El exsuperintendente de Industria y Comercio también aseguró que “no es constitucionalmente admisible que un gobernador impida importaciones de aguardiente a su departamento, de eso de trata esta demanda. Que Dios ilumine esta Corte y proteja a las empresas y empresarios que si creen en la libre competencia como columna vertebral de la economía social de mercado”.

Y es que las normas actuales estarían facultando a los departamentos para que ejerzan el monopolio por producción directa o por contrato de los licores, y así suspender la expedición de los permisos de introducción de aguardiente nacional o extranjero en sus jurisdicciones.

Para Robledo, esta restricción afecta la industria y la producción y distribución de este licor. “Atenta gravemente contra el modelo económico que parte de la base de que no es el gobernador, con un decreto, el que le dice a los ciudadanos que aguardiente pueden consumir”, señaló en su momento el demandante.

Otro de los asistentes a la audiencia fue el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, quien argumentó que el Gobierno nacional no tiene injerencia en el tema pero el ordenamiento jurídico define los presupuestos que maneja la Nación, los departamentos y los municipios. “Este es un proceso que en el tiempo puede terminar porque los departamentos no tengan licorera, pero lo que se va a tomar decisión es sobre el carácter de los ingresos de los departamentos”, explicó Bonilla.

En su intervención, el ministro de Hacienda también hizo un análisis: “la salud se financia con el vicio. Eso no debería suceder en Colombia ni en ninguna parte del mundo pero lo que tiene claro es que tener el monopolio de los licores significa un ingreso que una parte de ayuda a financiar la salud”.

Por parte de la Procuraduría asistió Juan Sebastián Vega quien explicó que la demanda que interpuso el exsuperintendente Robledo “no está llamada a prosperar”, porque la Constitución no impide que el legislador establezca un monopolio en materia de licores. “La norma acusada contempla un mecanismo de protección a las finanzas de los departamentos que responde a criterios de razonabilidad. La medida examinada persigue un fin legítimo, dado que busca proteger la autonomía financiera de los departamentos”, explicó Vega.

El director de la Asociación Colombiana de Empresas Licoreras, Juan Alberto Castro, también participó en la audiencia pública, y explicó que “ante el panorama demostrable que ha producido la inestabilidad del mercado del aguardiente en Colombia, producido por razones de estacionalidad, elasticidad del mercado e incrementos súbitos de productos novedosos con buena acogida en el mercado de aguardiente, se impactan las finanzas públicas que ameritan las medidas de excepción. Con esas medidas se ha incrementado la venta de aguardiente”.