¿Privilegios en reclusión militar? El debate está abierto

Durante los últimos días, la base militar de Tolemaida ha sido noticia. Las denuncias publicadas en el diario El Espectador, en las que se ponía en evidencia cómo el preso Juan Carlos Rodríguez, alias ‘Zeus’, hacía y deshacía dentro de la guarnición iniciaron la polémica. De fiestas donde había licor y presencia de prostitutas disfrutaba este hombre.
 
La decisión de cambiarlo a él y a otros detenidos a otra cárcel no se hizo esperar. Pronto, el director del Inpec, brigadier general Gustavo Adolfo Ricaurte Tapia, ordenó el traslado al pabellón de alta seguridad de La Picota de Rodríguez y de otros cuatro uniformados, entre los que estaba el mayor César Maldonado, quien al enterarse de la noticia de su traslado se fugó.
 
El mayor Maldonado, condenado a 27 años de prisión por homicidio, no estaba en su celda del centro penitenciario de la base militar de Tolemaida. Su extraña desaparición hizo recordar un hecho ocurrido tiempo atrás, noviembre de 2004, del que este mismo oficial fue protagonista. En ese entonces, luego de que fuera llevado a un calabozo en el Batallón Militar No.13, en Bogotá, Maldonado escapó. Su recaptura se dio cuatro años más tarde, julio de 2008, en Cúcuta.
 
Y aunque esta vez su búsqueda duró menos de 24 horas, porque fue hallado antes de pasar el último cordón de seguridad de la base militar, la situación reabre un viejo debate: el de las irregularidades y los privilegios para los presos en los centros de reclusión para policías y militares.

Cabe recordar que hay más de 1.000 miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía presos en centros de reclusión especiales, de los que más de la mitad están condenados, según datos del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).

Posiciones encontradas

Entre las reacciones frente al escándalo de Tolemaida, la del ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, ha despertado mucha polémica. Y es que aunque fue claro en decir que las instalaciones militares no dependen del Ministerio del Interior, la situación que se conoció recientemente, según él, “ha de conducir a replantear la permanencia de muchas de las personas condenadas en las instalaciones de las brigadas militares. Eso ha de llevarnos a replantear la política para que quienes estén en estas circunstancias purguen sus condenas en las cárceles ordinarias. En La Picota hay pabellón para quienes fueron servidores públicos. Ahí van a ser trasladados”.

¿Los militares condenados deben permanecer en guarniciones militares o deberían ir a cárceles comunes? Es la pregunta que se hacen hoy muchos.

Para Eduardo Carreño, del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, si en Colombia se quieren superar los problemas de impunidad es necesario que haya “solo una justicia”. Y hace especial énfasis en lo que tiene que ver con los crímenes de Estado, en lo que asegura, “no puede haber fuero ni privilegios. Debe ser una justicia igual para todos”.
 
Carreño asegura que la noción de igualdad en términos de derechos humanos se pierde mientras sigan existiendo reclusiones especiales para militares, aunque reconoce que dada la naturaleza del conflicto sí es necesario que ellos estén en un pabellón especial, pero en cárceles normales.

Y es que el tratamiento que hay en estos sitios de reclusión tiene muchos privilegios. “Sin duda, el hecho de no estar bajo la guardia del Inpec, hace que reciba otros tratamientos, y desde los mismos militares. Es decir, están custodiados por sus mismos subalternos. Ellos nunca están esposados y no importa el rango: de soldado a general van sin esposas”, asegura el abogado, quien además cita varios ejemplos de cómo las fugas son situaciones comunes en este tipo de guarniciones.

“Además del conocido caso de Maldonado, quien se ha fugado dos veces, hay muchos otros. Por ejemplo, el caso del coronel Jorge Eliécer Plazas Acevedo, autor intelectual del secuestro y el posterior asesinato del industrial Benjamín Khoudari. Detenido y condenado a 40 años de cárcel por este caso, pero quien se fugó de la Escuela de Artillería y nunca más volvió a aparecer. De eso hace ya más de diez años...”, cuenta Carreño.

La posición de Carreño, de que los militares sean sometidos a la justicia ordinaria, se basa también en el hecho de que estos “logran, siempre, dilatar los procesos. O están enfermos o tienen otras audiencias, pero terminan no asistiendo. Un ejemplo, lo que ha pasado con Plazas Vegas en el caso del Palacio de Justicia”.

Entre tanto el Vicepresidente Angelino Garzón pidió una reunión urgente entre el ministro del Interior, el director del Inpec y los comandantes de las Fuerzas Militares para revisar los mecanismos que lleven a evitar que en las guarniciones militares y las cárceles se fuguen personas.

“Los condenados por delitos de lesa humanidad no deben estar en guarniciones militares. Se debe analizar cuál es la situación real que hoy tienen las personas que están pagando condenas a fin de que esas personas no tengan posibilidad de fugarse y no tengan privilegios que conlleven a tener presos de estratos uno y presos de estrato seis”, dijo Garzón.

Jaime Restrepo, representante legal de la Fundación Héroes Visibles, que lucha por la libertad y dignidad de los soldados víctimas de la guerra jurídica, señala que la razón de ser de que los militares procesados y condenados estén y tengan el derecho a estar en centros de reclusión militar no es otro que “no compartir sitios de reclusión con la delincuencia común y organizada que ellos mismos han combatido en el ejercicio de sus funciones”.

Restrepo dice además que no solo la seguridad de los mismos internos se vería afectada, también las de sus familiares. “Hemos visto casos de cómo militares que están en cárceles ordinarias deben recibir la visita de sus familiares los mismos días que la delincuencia común, lo que genera agresiones en lasa filas de ingreso por parte de los otros familiares”, asegura.

El abogado Restrepo dice también que ante las manifestaciones de quienes insisten en decir que los militares deben ser recluidos en las mismas condiciones de otros, “se podría decir entonces que así como pasó, por ejemplo, con pertenecientes al M-19 que han recibido amnistías e indultos, y otros grupos que con Justicia y Paz están pagando penas cortas, se tuvieran los mismos criterios de igualdad para los miembros de la fuerza pública, que tienen que pagar penas altísimas por hechos cometidos en función de su propio deber”.

Sin embargo, el abogado es consciente de que hechos como el que se denunció hace algunos días sobre irregularidades en la guarnición de Tolemaida tenga elementos que generen el debate, por lo que dice que “una propuesta sería construir prisiones en centros de reclusión militar como batallones y brigadas, pero que obedezcan al pie de la letra lo que exige el Inpec, organizar mucho más todo lo que tiene que ver con la seguridad (...)”.

Pero aunque Restrepo reconoce que hechos como la fuga del mayor César Maldonado da cuenta de las fallas que en materia de seguridad existe en las guarniciones militares, es enfático en decir que eso no solo ocurre allí, así como tampoco los escándalos. “Cualquiera puede visitar prisiones ordinarias de cualquier parte del país y advertir que también se dan ese tipo de situaciones, así es que si se van a aplicar controles para que no se presenten, debería hacerse en cárceles comunes y guarniciones”.
 
Frente a la posición de algunos que argumentan que los condenados por delitos de lesa humanidad no deben estar en guarniciones militares, Restrepo, quien desde la fundación que representa ha conocido de cerca el tema, señala que “siempre que se piense en llevar a un mismo espacio a militares, sin importar el rango, con delincuentes comunes se pondrá en un gran riesgo la integridad y seguridad de los condenados. Y es que es poner en el mismo lugar a quienes persiguieron, bajo el ejercicio de su función”, concluye.