La reserva de biósfera más grande del mundo está en riesgo. Se trata de la Seaflower, conformada por el archipiélago de
San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Según los hallazgos de la
Contraloría, esa joya reconocida por la Unesco enfrenta problemas derivados, sobre todo, de las deficiencias en la gestión ambiental de los entes públicos que deberían preservarla.
Una auditoría del ente de control determinó que el archipiélago, que sufre por la disponibilidad de agua dulce para saciar a sus habitantes, padece además porque los acuíferos se están contaminando por la filtración de aguas residuales. "La empresa prestadora del servicio de acueducto no ha generado cambios para mejorar los índices de agua no contabilizada en la isla, afectando negativamente los acuíferos que sostienen a los pobladores de San Andrés", dice.
Y tampoco se salva el mar, pues esas aguas negras estarían siendo vertidas apenas a 500 metros de las costas, sin ningún tratamiento. Según el informe, "el agua cristalina que caracteriza a San Andrés es remplazada por aguas oscuras con olores ofensivos, contaminando uno de los mares más lindos de América".
El lío radicaría en que el prestador del servicio de alcantarillado de San Andrés estaría incumpliendo los parámetros que establecen qué tantos contaminantes pueden contener las aguas vertidas. Y, según la Contraloría, Coralina, la autoridad ambiental de la zona, tampoco estaría tomando medidas efectivas para que el operador respete los límites.
Las deficiencias ambientales no solo afectan el agua. Según la Contraloría, el Magic Garden, el único relleno sanitario con el que cuenta San Andrés está a punto de colmar su tope, lo que pone al archipiélago en riesgo de una emergencia sanitaria. Sobre todo porque no se dispone de otro lugar para agrupar los desechos. "Lo anterior resulta de una política inadecuada para el manejo de residuos sólidos", sostiene el ente. En el mismo relleno encontraron también irregularidades en el manejo de los lixiviados que se filtran al subsuelo y, de paso, a las fuentes de agua subterránea de las que, finalmente, se abastece el archipiélago.
Para la Contraloría, lo más crítico es que San Andrés no debería enfrentar este tipo de problemas, pues dispone de una planta para el tratamiento de residuos sólidos, capaz de generar energía a partir de la basura. Su construcción costó más de 24.000 millones de pesos pero no está en uso. "Pese a que la planta es totalmente operativa y su construcción se realizó hace más de 6 años, no presta ningún servicio a los pobladores, aumentando la problemática de disposición de residuos en la isla".
Entre otras fallas en el conjunto de islas, la auditoría encontró que hay más obras, como el muelle de parque Johnny Cay, que costaron cientos de millones y no están siendo usadas para su propósito. Por el contrario, en las áreas protegidas se habría construido infraestructura que debería estar prohibida.
Por todas esas irregularidades, la Contraloría concluye que "la falta de articulación entre las entidades encargadas de la planificación territorial y ambiental es evidente". Una de las entidades que se rajan en el informe es Coralina, a la que le correspondería gestionar los instrumentos de protección al medioambiente que se estarían quedando solo en el papel.
El panorama que describe la Contraloría es preocupante, sobre todo cuando se pone en la balanza la importancia ambiental de Seaflower, un área de 180.000 kilómetros que tiene la tercera barrera de coral más grande del mundo, que alberga 407 de las 600 especies de peces del Caribe y que, a la luz del informe del ente de control, está en riesgo.