Proceso contra empresario Alberto Aroch Mugrabi no está en riesgo de prescribir, advierte juez

En medio de ires y venires ha estado el proceso contra el empresario de los textiles y del negocio inmobiliario Alberto Aroch Mugravi, por los delitos de lavado de activos y concierto para delinquir. Las demoras en el inicio del juicio por los aplazamientos y reprogramaciones de las diligencias judiciales motivaron un reclamo hasta del mismo gobierno por el riesgo de prescripción.

El entonces ministro de Justicia, Néstor Osuna, advirtió en mayo que se iba a revisar el actuar procesal en este caso: “Esperamos que no prescriba porque ese es un caso que amerita de manera urgente una reforma a la justicia, que les dé celeridad a los procesos, que le dé celeridad a la extinción de dominio y ser mucho más eficaces en esos procesos”.

Frente a esta situación, el juez cuarto especializado de Bogotá, Romel David Arévalo González, aseguró que el proceso no va a prescribir y que el cronograma que se ha fijado está dirigido a brindarles las garantías a todos los sujetos procesales.

“Yo respeto el debido proceso”, aclaró. “El lavado en Colombia, para prescribir, requiere más de 15 años (...) Sé que son audiencias interminables, pero para eso estamos acá sentados. Estamos desarrollando la audiencia que sí venía trabada, pero hemos logrado adelantar bastante”, explicó.

El juez no dudó en calificar el caso contra el empresario como “muy grande y relevante”, reconociendo que muchas veces las diligencias se pueden tornar muy técnicas por la naturaleza de los delitos y los hechos que ha puesto de presente la Fiscalía General.

“Nadie aquí ha sido condenado, todos son inocentes porque no se ha emitido una sentencia. Estamos en desarrollo de las fases del juicio oral y las audiencias preparatorias son pilar fundamental, son las audiencias más importantes del proceso penal. Es lo que voy a garantizar y garantizaré el tiempo que corresponda, obviamente dándole una celeridad especial”, manifestó.

Aroch Mugrabi recobró su libertad en 2018 y en marzo de 2023 un juez declaró improcedente la acción de extinción de dominio sobre parte de su fortuna, la cual está en proceso de apelación por parte de Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian).

El proceso contra el empresario de los textiles comenzó en 2008. Siete años después terminó sentado en el banquillo de los acusados. Lo capturaron, lo procesaron y la Fiscalía hizo una multimillonaria ocupación de bienes, que incluyó el famoso costado esfera del Centro Comercial Gran Estación 2, en el occidente de Bogotá.

“Durante el año 2016, la Fiscalía General de la Nación ocupó, con fines de extinción de dominio, casi 6.500 bienes pertenecientes o relacionados con grupos armados, carteles de las drogas, bandas criminales y casos de corrupción, que están valorados en 5,1 billones de pesos, aproximadamente”, dijo la Fiscalía en 2016, para advertir que los bienes de Aroch Mugrabi terminaron en un listado junto a peligrosos delincuentes.

Desde entonces el proceso contra el empresario se convirtió en una secuencia de diferente temperatura y color. Casi 10 años y nada que se resuelve en los despachos judiciales. En diciembre de 2015, Alberto Aroch Mugrabi aceptó su responsabilidad en el delito de enriquecimiento ilícito, aunque la Fiscalía había imputado otros dos cargos: lavado de activos y concierto para delinquir.

“La Fiscalía señaló que se registraron incrementos injustificados de sus ingresos en varias de sus empresas, que desde el 2003 registran ingresos por cerca de 470 millones y desde ahí cada año entre 650, 958, 270, 854 millones de pesos, cada vez sin que haya un soporte contable que acredite la procedencia de los recursos”, advirtió la Fiscalía cuando el empresario decidió acercarse a la justicia.

Sin embargo, meses después el empresario se retractó de esa aceptación de cargos. El comunicado que emitió la Fiscalía en ese momento quedó como un simple recuerdo, porque el procesado decidió enfrentarse al ente acusador en un eterno juicio que una década después se mantiene entre aplazamientos y un centenar de pruebas a cargo de la misma Fiscalía.

En medio del proceso se conoció que el juez Arévalo González fue nombrado en provisionalidad como magistrado de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla.