La millonaria suma que tendrá que pagar Uribe y otras decisiones de la Corte

Han pasado tres días desde que se conoció la noticia sobre la decisión que tomó la Corte Suprema de Justicia en el caso del expresidente Uribe por soborno en actuación penal y fraude procesal, sin embargo, en las últimas horas se han ido revelando otros detalles del voluminoso expediente judicial. 

Además de tener que permanecer recluido en su vivienda durante el tiempo que le queda al proceso, el senador Uribe tendrá que pagar cien salarios mínimos legales vigentes, es decir, alrededor de cien millones de pesos. Se trata de una caución con la que se busca garantizar que se cumplan las obligaciones de la persona detenida. Por ejemplo, permanecer en la residencia cumpliendo con la decisión judicial.

El dinero tendrá que ser desembolsado por el senador en el término de tres días luego de la decisión, sin embargo, la justicia no se quedará con dicha suma, se trata de una figura de depósito para garantizar que sí cumplirá con la detención domiciliaria.

Otra de las decisiones de la Corte tiene que ver con la nueva compulsa de copias  al exabogado de Uribe, Diego Cadena. La providencia ordenó que la Fiscalía investigue al abogado del expresidente por mentir en su declaración ante el magistrado instructor.

Además, también se ordena compulsa de copias contra Enrique Pardo Hasche y los paramilitares contactados por Carlos Enrique Vélez. Todos deberán ser investigados por la Fiscalía. 

Entre tanto, con respecto al representante del Centro Democrático, Álvaro Hernán Prada, quien también está envuelto desde 2018 en el proceso por presuntamente haber tratado de conectar con el testigo Monsalve para ofrecerle prevendas a cambio de que se retractara, la Corte Suprema decidió imputarle el delito de soborno en calidad de cómplice.

Se trata de un cargo cuya eventual pena a imponer no reúne los requisitos que contemplan las medidas de aseguramiento. Es decir, el delito por el que procesa a Prada no es tan grave como para requerir una medida precautelar. El político seguirá vinculado y podrá defenderse en libertad.