Ilegales: el acecho a las zonas de las FARC

Los campesinos nunca antes habían visto a los hombres que el viernes pasado irrumpieron a la vera del camino. Venían de la montaña, llevaban fusiles al hombro, sudaderas negras y botas pantaneras. Dijeron ser del ELN.

Llegaron para decir, sin más, que el caserío, que pertenece al corregimiento El Carmelo, de Cajibío, Cauca, en adelante será un territorio que controlará esa guerrilla. Antes de volverse a perder entre el monte,  los desconocidos dijeron que volverían para citar a una reunión a toda la comunidad, y así fijar las nuevas reglas de juego.

El aviso llenó de pánico a los campesinos que, con el proceso de paz con las FARC, ya se habían acostumbrado a no depender de las decisiones de los grupos armados ilegales. La zona se había pacificado y los problemas de libre locomoción ya eran cosa del pasado.

Lo ocurrido allí es apenas un síntoma de lo que que está pasando en vastas zonas del país. Mientras las FARC pasan de ocupar 242 municipios a agruparse en 26 Zonas Veredales, el ELN, el ‘Clan del Golfo’ y otras estructuras delincuenciales están cooptando los territorios que deja esa guerrilla para apropiarse de sus rentas ilícitas, como la minería ilegal y el narcotráfico.

Históricamente, en términos de fortaleza y número de hombres, las FARC tuvieron una presencia determinante en Meta, Caquetá y Guaviare. Precisamente, en este último departamento los pobladores han sentido el cambio con los acuerdos de paz, que se firmaron el pasado 24 de noviembre en el Teatro Colón, en Bogotá.

Según contó un guaviarense a Semana.com, el entusiasmo por el hecho de que esa guerrilla va a las zonas de concentración es “enorme”. “Es un hecho que las extorsiones y los enfrentamientos por parte de ellos ya no existen. Eso es palpable, se nota”, relató.

Sin embargo, para él, las autoridades descuidaron el tema de la seguridad y desde ahí “se complicó el asunto”. “Esta vaina se está llenando de bandas criminales. Han ocurrido asesinatos. Además, un periodista se tuvo que ir amenazado. Los ciudadanos del común nos sentimos desprotegidos. Se están armando por un lado y por el otro”, dijo.

El panorama no es alentador. El fiscal general, Néstor Humberto Martínez, aseguró hace una semana, desde Caucasia (Antioquia), que en los últimos meses aumentó el número de asesinatos de líderes en el nordeste y Bajo Cauca Antioqueño. También en el sur de Córdoba, donde está la tasa más alta de homicidios por habitante en todo Colombia.

El funcionario explicó que esto se debía al proceso de expansión del ‘Clan del Golfo’ que, según él, no solo está llenando los territorios que dejan las FARC, sino que pretende reclutar a los disidentes de esa guerrilla ofreciéndoles unos salarios de 1’800.000 pesos en Ituango y el norte de Antioquia.

La colonización del ‘Clan del Golfo’

Para el fiscal general, el proceso de expansión del ‘Clan del Golfo, que es grupo armado ilegal conformado (en su mayoría) por exmilitantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y es liderado por Dairo Antonio Úsuga -alias ‘Otoniel’-, “avanza a unas velocidades frente a las cuales el Estado tiene que actuar rápidamente”.

Su preocupación no es para menos. La situación de Urabá, que es la región que ha estado bajo el dominio del clan, ha empeorado.

“El problema más grave es que los carros distribuidores de cerveza están siendo escoltados porque les están pidiendo vacuna. En la zona de Cacarica, en el norte del Chocó, esta gente haciendo presencia muy dura y está llenando los espacios que dejan las FARC”, narró a este portal un habitante de Apartadó, que por motivos de seguridad pidió la reserva de su nombre.

“En la última semana se han presentado dos asesinatos de líderes. Desde enero para acá se han incrementado los homicidios de pandilleros en Urabá. Esto se está volviendo como la época del terror cuando existían las AUC. El clan del Golfo está tomando mucha fuerza”, aseguró.

Pero eso no es todo. Según el informe ‘En qué están los territorios que dejan las FARC’, de la Fundación Paz & Reconciliación, la presencia de este grupo armado en varios puntos del país es preponderante. Uno de ellos es el sur de Córdoba, donde ha aumentado su presencia y fortalecido su pie de fuerza en las últimas semanas.

También, manifestó la organización, está en las veredas El Bajo Inglés, Las Auras, Los Sauces y La América, ubicadas en Briceño, norte de Antioquia, donde en 2016 se presentaron varios homicidios y desplazamientos forzados.

Otra de las zonas a las que llegó el ‘Clan del Golfo’ es la vereda La Vianca, en Anorí. Allí están preagrupados 153 guerrilleros. Según el informe, el ‘Clan del Golfo’ entró a “controlar el impuesto sobre el negocio de la coca” y en veredas cercanas se han apropiado de las rentas de la minería ilegal, al igual que en el occidente de Antioquia. Es la misma situación en el nordeste de ese departamento, pues es uno de los principales territorios que el grupo armado está copando desde que la Columna Móvil Mario Vélez y el Frente 57 los dejaron libres.

¿Qué significa esta colonización? Para el general en retiro Jairo Delgado, analista de seguridad y defensa, lo que se debe entender es que el hecho de que el ‘Clan del Golfo’ llegue a esos territorios no es una acción de carácter inmediato, sino que es un proceso que avanzó al mismo tiempo que los diálogos con las FARC.

“Esto indicaría que prácticamente en algunos casos -y ahí explicaría el fenómeno de disidentes de las FARC- se habría entregado unos acuerdos tácitos para producir este “relevo”. En otros casos me parece que el ‘Clan del Golfo’ está buscando ocupar ese vacío que van a dejar las FARC para aumentar los controles”, explicó Delgado.

Esta situación, según Jorge Restrepo, director de la CERAC, no es otra cosa que la extensión del crimen organizado que, a su juicio “es un conflicto menor comparado con el conflicto armado interno”.

No obstante, uno de los retos que tiene el Gobierno después de la firma de los acuerdos es afrontar al ‘Clan del Golfo’, que es una de las estructuras más grandes del país dedicada al narcotráfico. Para el general (r) Delgado, la única solución es mantener la ofensiva para obligarlos a someterse a la justicia, puesto que no tienen un carácter político para iniciar un proceso como el de las FARC.

El ELN y los territorios que abandonan las FARC

Según un informe de Paz & Reconciliación, mientras el ELN finaliza con las etapas previas para que inicie la fase pública de la negociación entre esta guerrilla y el Gobierno, “en los territorios el trabajo de los elenos ha sido provechoso. Han logrado expandir su presencia y tener control en zonas que en el pasado apenas mostraban alguna manifestación de injerencia”.

La fundación aseguró que esto ha tenido mucha notoriedad en la subregión del San Juan, ubicada en la zona del sur de Chocó, debido a que era un lugar en el que la presencia de las FARC había sido tradicional. Sin embargo, hoy en día es controlada, en su mayoría, por el ELN. Así mismo pasa en Norte de Santander, Arauca, Anorí y Cauca.

Esto, para la organización International Crisis Group, “afectará la capacidad del Gobierno para implementar la paz, sobre todo teniendo en cuenta que este grupo armado está expandiendo su presencia en áreas del conflicto prioritarias para la implementación de los acuerdos, tales como el Catatumbo y Arauca (ambas en la frontera con Venezuela) así como en Cauca, Nariño y Chocó”.

La delincuencia y las disidencias

En El Playón (Santander), que es un Punto de Preagrupamiento Temporal de las FARC, un grupo de guerrilleros que no se acogieron a los acuerdos conformaron una disidencia que después del asesinato de alias ‘Don Y’, quedó a cargo de ‘Yeison’, según Paz & Reconciliación.

La organización informó que otras estructuras criminales han  incrementado la inseguridad en zonas como Caquetá, Cauca y el sur del Tolima. En varias de esas regiones han aparecido panfletos amenazantes firmados por las AUC.

“Funcionarios de las entidades municipales manifiestan su preocupación por el aumento de riñas, robos, asaltos, consumo de drogas, entre otros, con ocasión del desmantelamiento progresivo de la presencia de las FARC en el territorio”, explicó el informe de la fundación.