Diálogo con el ELN está empantanado

Amediados de abril, el presidente Juan Manuel Santos reunió a sus gurús internacionales en materia de negociación política junto al equipo que adelanta las negociaciones en Quito. Le preocupaba que las conversaciones con el ELN no estuvieran arrojando resultado alguno. Las delegaciones estaban trabajando en dos mesas, una de asuntos humanitarios, en la que apenas lograron un acuerdo genérico de que el derecho internacional humanitario sería el marco de actuación en esa materia, y otra de participación que estaba un poco enredada para sacar adelante algo que en principio parecía sencillo: unas audiencias con la sociedad civil sobre el tema.

Santos consideraba que había que actuar con audacia. Orientó a los negociadores para que buscaran de inmediato un cese del fuego bilateral que ojalá estuviera listo para la llegada del papa. Pero trazó una línea roja: en cualquier caso ese grupo debía dejar el secuestro.

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Desde entonces un grupo de militares activos viajó a Ecuador para realizar el trabajo técnico. Aunque la subcomisión técnica creada avanzó con celeridad, en el camino fueron surgiendo diferencias políticas profundas que se convirtieron en inamovibles y crearon hondas brechas de desconfianza entre las partes.

Por un lado, están los contenidos del cese. Juan Camilo Restrepo, jefe de la delegación del gobierno, ha dicho que este debe abarcar el cese del fuego y de hostilidades. Que debe quedar por escrito que el ELN suspenderá el secuestro y los atentados a los oleoductos, centro de gravedad de las acciones militares de los elenos. El problema es que ellos se niegan a abandonar toda forma de “retención”, ya que consideran que deben mantener la potestad de detener e interrogar a quienes entren en territorios bajo su influencia. Esto para el gobierno es inadmisible.

El ELN, por su parte, pide como parte del cese el fin del “genocidio” o asesinatos de líderes sociales. También que se levanten los retenes militares en zonas donde controlan el paso de alimentos y medicinas, y una revisión de las condiciones inhumanas en las que están sus presos. Por lo visto, las fórmulas presentadas por el gobierno les han parecido “poco serias”.

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Una segunda divergencia tiene que ver con la localización de los guerrilleros durante un eventual cese. Como este sería temporal, los combatientes no se ubicarían en lugares tan puntuales como lo hicieron las Farc, sino que se establecerían corredores de movilidad con reglas de no agresión. Esto hace muy vulnerable al cese y es muy alto el riesgo de que ocurran incidentes que afecten la dinámica de la negociación.

Finalmente, está el tema de la verificación, un requisito de todo cese del fuego. El gobierno propuso para tal efecto a la misión de la OEA, que ya hace presencia en el país hace más de una década. Pero el ELN la vetó, ya que su secretario Luis Almagro ha sido el más encarnizado crítico de Nicolás Maduro y del régimen de Venezuela, muy de los afectos de los elenos. También se ha pensado en la ONU, cuya primera misión tuvo éxito al verificar el desarme de las Farc. El problema es que para que esta organización acepte el encargo se necesitan meses y es bastante complejo. Queda como alternativa la Iglesia católica, que se ha ofrecido para tal fin. Sin embargo, los elenos insisten en que la verificación sea de tipo internacional.

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Para buscar fórmulas intermedias, el presidente envió a Álvaro Leyva e Iván Cepeda, quienes hicieron buenos oficios en momentos críticos en La Habana. Ellos se han reunido con ambas partes, pero hasta ahora no hay humo blanco.

Los elenos han propuesto que se haga un cese del fuego temporal y que ambas partes asuman de manera unilateral “medidas de alivio humanitario”. El gobierno dice que si no hay un compromiso claro para la suspensión de los secuestros y los atentados, el cese no tendría presentación ante el país. Así las cosas, los elenos seguramente declararán un cese unilateral para recibir al papa Francisco. Y en un mes se reiniciarán las conversaciones en un ambiente de mayor desconfianza e incertidumbre.