Elección de magistrados para la paz, nuevo acuerdo entre gobierno y Farc

Once meses después de que el Gobierno y las Farc acordaron la creación de la Jurisdicción Especial para la Paz como la instancia para juzgar y sancionar a los autores de los crímenes más atroces cometidos con ocasión del conflicto armado, las delegaciones de ambas partes alcanzaron un nuevo acuerdo, esta vez en torno al mecanismo de selección de los magistrados que la conformarán. Es decir los jueces que investigarán y juzgarán las conductas cometidas por guerrilleros, agentes del Estado, o auxiliadores de grupos ilegales.

Este era el punto pendiente dentro del capítulo de víctimas y justicia transicional. Este viernes, desde el complejo El Laguito, en La Habana, los voceros de ambas delegaciones harán el anuncio, que se convierte en un paso más hacia la firma del acuerdo definitivo.

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Los magistrados de esta nueva jurisdicción serán expertos en diferentes ramas del derecho y altamente calificados. Lo único que las partes han ventilado, por ahora, es que será un proceso de selección que dará confianza a los colombianos y no serán seleccionados por ninguna de las partes, si no por un tercero.

El pasado 11 de abril, el presidente Juan Manuel Santos calificó este asunto como “muy delicado” y explicó que el gobierno había propuesto que los magistrados de las Cortes colombianas tuvieran un papel determinante en esa designación. Se comprometió a que “cualquier procedimiento que se establezca sea un procedimiento que genere legitimidad y genere confianza”.

También se sabe que los magistrados de la Jurisdicción Especial para la paz serán, en su mayoría, colombianos, pero no se descarta que una minoría sean extranjeros. En todo caso, ni el gobierno ni las Farc serán los encargados de elegirlos.

Desde el primer apretón de manos entre el presidente Santos y Timoleón Jiménez, comandante de las Farc, el 23 de septiembre de 2015, cuando se acordó la Jurisdicción Especial para la Paz, se determinó que dicha jurisdicción cumplirá con el deber del Estado de investigar, esclarecer, perseguir, juzgar y sancionar las graves violaciones a los derechos humanos y las graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) que tuvieron lugar en el contexto y en razón del conflicto armado.

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En esa jurisdicción se adelantarán los procesos contras los máximos responsables de delitos atroces de las Farc. Para ello, deberán reconocer su responsabilidad y comprometerse con el esclarecimiento de la verdad. Quienes así lo hagan serán condenados a penas de entre 5 y 8 años de restricción efectiva de libertad. Para acceder a una pena alternativa, el beneficiario deberá comprometerse con su resocialización a través del trabajo, capacitación o estudio durante el tiempo que permanezca privado de la libertad.

Por el contrario, quienes no reconozcan la responsabilidad en delitos graves y resulten culpables tras las investigaciones incurrirán en una pena de prisión de hasta 20 años en la justicia penal ordinaria.

La Jurisdicción Especial para la Paz tendrá competencia para juzgar no sólo a los miembros de la guerrilla sino a los agentes del Estado por los delitos cometidos en el contexto de la guerra.

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Varios sectores de la sociedad han pedido participación en este tribunal que empezará a operar cuando se termine la negociación en la isla, y con este anuncio el gobierno cree que la firma del acuerdo definitivo de paz está a la vuelta de la esquina.