En vilo el calendario de entrega de armas de las FARC

A estas alturas del proceso de paz, los más interesados en dejar los fusiles y empezar a hacer política son las Farc. Por eso algo está claro: la totalidad de sus armas deben reposar en los contenedores de la ONU el día D+ 180. Es decir, el primero de junio de este año. Para entonces, esa guerrilla debe estar fundando su partido político y lanzándolo a la arena electoral. Y también está claro que no será posible cumplir el calendario pactado en La Habana, según el cual el próximo miércoles primero de marzo las Farc deberían desprenderse del 30 por ciento de sus fusiles. Porque los involucrados están atrasados en casi todos sus compromisos.

Según lo pactado, a las Farc les tomaría dos semanas ingresar a las zonas veredales, y en los primeros 60 días debería estar destruido el material inestable (explosivos) y a disposición de la ONU el armamento de apoyo como metralletas, granadas y armas cortas. Pero una cosa es hacer un plan milimétrico en el papel y otra muy diferente llevarlo a cabo. La entrada a las zonas no tardó dos semanas sino dos meses. Apenas hace algunos días terminaron de concentrarse los 7.000 guerrilleros en los 26 puntos pactados. Como el país ya conoce, lo hicieron para cumplir su compromiso, pero las condiciones mínimas de habitabilidad no existen en las zonas pactadas. En buena medida esto ha sido responsabilidad del gobierno, pues era el encargado de garantizar la construcción de los campamentos y su infraestructura.

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No solo el gobierno ha incumplido. Las propias Farc tampoco han logrado armar la lista completa de sus hombres y sus armas, requisito necesario para que la ONU pueda recibir estas. “Somos una organización irregular”, dice uno de los jefes guerrilleros para explicar que no se tenga una base de datos juiciosa, con registro de cada fusil o cada combatiente, como sí lo tienen los ejércitos regulares. Agrega que solo ahora, que todos están en las zonas, podrán hacer este registro. Adicionalmente, apenas están acopiando la información sobre los milicianos, cuyas armas también deben entregar. Las estructuras milicianas son difusas, sus vínculos con las Farc y su disciplina son diferentes de una región a otra, y ni la propia guerrilla puede garantizar que esas redes decidan acogerse al proceso de paz.

Ambos rezagos, el del gobierno, y el de la insurgencia, motivaron al jefe de la misión política de la ONU, el francés Jean Arnault, a enviar una carta a ambas partes para sugerir un cambio en las fechas para la dejación de armas. Las Farc apoyaron esa propuesta algunos días después. Por su parte el gobierno, en una respuesta muy airada, le enrostró a la ONU algunos errores como no tener listos los contenedores donde se depositará el material bélico.

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A pesar del rifirrafe entre las tres partes, existe un acuerdo para mover las fechas mientras el desarme total no supere los seis meses pactados en La Habana. Para muchos observadores internacionales, el problema es que la dejación de armas se pactó en tiempos demasiado cortos. Al IRA, por ejemplo, en Irlanda del Norte, le tomó cinco años, y a las Autodefensas Unidas de Colombia, casi dos.

Un cambio de fechas dentro del mismo marco de tiempo es un ajuste menor siempre que se garantice que la voluntad de desarme no está en juego, como parece ser el caso. Y mientras no haya nuevos obstáculos, más allá de la logística. Por ejemplo, obstáculos legales en la aplicación de la amnistía o en materia de medidas de seguridad, dos aspectos que van de la mano con el desarme, y en los que también hay retrasos considerables para llevarlos a la práctica.