Lluvia de decretos para la paz

Apunto de que caducaran las facultades excepcionales que tuvo por seis meses para emitir decretos-leyes, el presidente Santos produjo una auténtica cascada de iniciativas para garantizar la implementación del acuerdo de paz. Esta vez el mandatario usó a fondo sus poderes, al tiempo que anunció que el desarme definitivo de 7.000 guerrilleros de las Farc se cumplirá el próximo 20 de junio.

Con este anuncio y el significativo paquete de leyes, Santos le da una bocanada de aire a la implementación del acuerdo de La Habana, que parecía empantanada tras el anuncio del fallo de la Corte Constitucional que permite que el Congreso haga modificaciones a las leyes que se vienen tramitando vía fast track.

La determinación de la corte –sumada a múltiples dificultades para cumplir con las garantías jurídicas y retrasos en las zonas veredales– dejó en el limbo el proceso de desarme que debería haber terminado el 1 de junio, y obligó a ampliar el plazo tres semanas más. Si todo resulta como se anunció, este 20 de junio pasará a la historia como el último día –tras 53 años de guerra– en que las Farc fueron un grupo insurgente. La ONU se encargará de registrar cada arma que entregue la guerrilla, almacenarlas en contenedores, inutilizarlas y extraerlas de las zonas. Lo propio se hará con las 900 caletas dispersas por el país, para lo que se podrá contar con el apoyo de la fuerza pública.

También se convino que las 26 zonas veredales en que están concentradas las tropas guerrilleras se prorrogarán hasta el 1 de agosto. Ese día se disolverán los anillos de seguridad que las aíslan y tanto las entidades del Estado como las comunidades podrán ingresar a ellas con normalidad. La logística instalada se aprovechará para la reincorporación de los exguerrilleros. “Serán 20 días adicionales para el desarme y 60 para la reincorporación. No es nada para terminar 53 años de enfrentamiento y violencia fratricida”, explicó Santos.

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El quid del ajuste hecho al calendario de la paz está en lograr acompasar la dejación de las armas con los instrumentos que viabilizan el tránsito a la vida civil de miles de excombatientes. Y es ahí que son claves los decretos recién expedidos. Los 24, firmados el pasado lunes, se suman a otros 10 expedidos antes, como el que crea el Fondo Colombia en Paz, el que crea la Comisión de la Verdad o el que reglamenta la Ley de Amnistía.

Los nuevos decretos se agrupan en cinco grandes temas. Las disposiciones expedidas en relación con el agro son tal vez las más ambiciosas y complejas. En suma, estas apuntan a que el Estado empiece a saldar su deuda histórica frente al campo. De hecho, se avanza en actos urgentes para transformar el campo, sin detrimento de que el gobierno, para alcanzar la llamada reforma rural integral, presente un proyecto de ley al Congreso (ver entrevista con el ministro Iragorri).

Otro grupo de decretos tiene que ver con la justicia. Se trata de medidas que tienden puentes entre la justicia ordinaria y la transicional para los exguerrilleros y los agentes del Estado. Así mismo, otro paquete de disposiciones se ocupa de aspectos concretos de la reincorporación y otro allana el terreno para que, tras la dejación de armas, el movimiento que surja de las Farc pueda incursionar en la actividad política. Finalmente, hay un conjunto de medidas que atañen a asuntos sociales y de infraestructura.

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Aunque los decretos son de implementación inmediata, la Corte Constitucional tiene dos meses para estudiar su constitucionalidad, y los puede tumbar o aprobar. Precisamente uno de estos habilita a la corte para que deje de lado los otros expedientes y se ocupe exclusivamente de emitir veredicto sobre las disposiciones para la paz. Es así como las próximas semanas son cruciales para el propósito de superar el conflicto armado.

Sobre acceso a Tierras, sustitución de cultivos y desarrollo rural

El presidente ordenó la implementación de una serie de componentes con los que allanará el camino hacia lareforma rural integral que contempla el acuerdo de paz.

Decreto 902
Acceso y formalización

de tierrasPartiendo del principio de respeto absoluto por la propiedad privada legal, se impulsan medidas para superar la informalidad del campo y se crea una ruta expedita para que víctimas y campesinos accedan a parcelas. Se crea el Fondo de Tierras como la instancia que debe aclarar la situación legal de las tierras y definir adjudicaciones.

Decreto 896
Sustitución de cultivos ilícitos

Se crea el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito –PNIS–, a cargo de la Presidencia y con vigencia por diez años. El gobierno se compromete a perdonar judicialmente a pequeños agricultores que se monten en el bus de la sustitución. Se trata de una fórmula para neutralizar una de las causas que nutre el conflicto. La iniciativa se basa en el compromiso de los sembradores de abandonar los cultivos ilegales, pero el gobierno podrá erradicar en casos de incumplimiento.

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Decreto 893
Programas de desarrollo con enfoque territorial

Los PDET tendrán vigencia de 10 años y serán un mecanismo de ejecución que prioriza 16 territorios como los más afectados por el conflicto, la miseria y el abandono. Las zonas seleccionadas comprenden 170 municipios de la Colombia históricamente excluida o sometida.

Decreto 892
Educación rural

Se le otorga una gabela de 32 meses a los programas de licenciatura que operen en las zonas PDET para que alcancen su acreditación de alta calidad ante el Ministerio de Educación. De no aplicarse la gabela, 9.200 estudiantes en las zonas más marginadas no podrían acceder a su única opción de educación superior.

Decreto 884
Plan Nacional de Electrificación Rural

Las zonas rurales no interconectadas serán objeto de este plan a cargo del Ministerio de Minas y Energía, cuya primera fase debe ejecutarse en el término de un año y renovarse cada dos hasta solucionar la electrificación de todo el campo.Decreto 890Vivienda social ruralEn 30 días el Ministerio de Agricultura debe implementar un plan para la construcción o mejora de casas y un programa de subsidios para que las familias campesinas accedan a un techo digno. No se define cuántas viviendas rurales deben impulsarse.

Decreto 882
Docencia en zonas golpeadas por el conflicto

El incremento de la planta docente en las zonas más afectadas por el conflicto ha sido de apenas 10 por ciento (2.436 maestros) entre 2009 y 2015, en tanto que en las otras zonas rurales este ha sido de 65 por ciento. Para atacar ese déficit se proveerán cerca de 1.840 empleos docentes para laborar en las zonas priorizadas, beneficiando a unos 50.000 niños.

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Sobre reincorporación

Este paquete de decretos ofrece garantías para que los excombatientes de las Farc puedan integrarse a la sociedad.

Decreto 671
Desvinculación de menores

de grupos armadosSe reafirma que los menores inmersos en el conflicto son víctimas, y por tanto deben ser reparados y sus derechos restituidos. Todas las entidades del Estado a las que corresponda deben trabajar ágilmente para tal fin. Cuando la desmovilización es posterior al cumplimento de la mayoría de edad no se pierde la condición de víctima. Otro decreto, el 891, garantiza que quienes ya tengan 18 años o más vayan a los refugios del ICBF y queden al amparo de la entidad.

Decreto 899
Reincorporación económica y social de las Farc

Se hará un gran censo social entre los reincorporados que será hoja de ruta para programas y proyectos. La guerrilla podrá crear una organización de economía solidaria (Ecomún) que articulará los proyectos colectivos que formulen los reincorporados. Habrá tres tipos de desembolsos económicos: una asignación única de normalización (2 millones de pesos), proyectos productivos (8 millones) y renta básica mensual (90 por ciento de un salario mínimo por dos años). El Estado asume el pago de la seguridad social de los reincorporados desempleados por dos años. Y aquellos al cabo de ese tiempo que demuestren que continúan en su “ruta educativa” podrán prolongar el beneficio de la renta básica.

Decreto 901
Prórroga de las zonas veredales

Se ordena extender las 26 zonas por otros dos meses, es decir, hasta el 31 de julio, a fin de llevar a buen término la dejación de armas y emprender la reincorporación.

Decreto 897
Agencia de Reincorporación y Normalización (ARN)

Se le da un revolcón a la agencia que desde hace 14 años se ocupa de la reinserción, la cual pasa a llamarse ARN y su misión será organizar la reincorporación y coordinar las distintas entidades que concurren en ese propósito. No son lo mismo la ARN y el CNR (Consejo Nacional de Reincorporación). La primera ejecuta, la segunda imparte directrices.

Asuntos sociales e infraestructura

Con estos decretos se busca vincular a empresas, particulares y comunidades en el proceso de paz.

Decreto 894
Acceso a los empleos públicos

Las poblaciones de los municipios priorizados dentro del acuerdo de paz tendrán acceso preferente a capacitación, que les permita ser parte de las plantas de personal necesarias para implementar programas y proyectos del acuerdo.

Decreto 883
Incentivos tributarios a empresas que construyan infraestructura rural

A fin de cerrar las brechas de desigualdad socioeconómica se ofrecen alivios tributarios para las compañías mineras y de actividad portuaria que ejecuten obras en materia de suministro de agua potable, alcantarillado, energía, salud pública e infraestructura vial en zonas azotadas por el conflicto.Decreto 870Incentivos a la conservación ambientalEl Ministerio de Ambiente en asocio con Planeación Nacional diseñará el Programa Nacional de Pago por Servicios Ambientales del que podrán participar particulares, colectivos y organizaciones mixtas, que ejecuten planes de preservación y recuperación de ecosistemas estratégicos, como bosques, nacimientos de agua y páramos.

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Sobre la justicia

Los nuevos decretos-leyes que implican a la Rama Judicial van mucho más allá del Ministerio de Justicia. Hay determinaciones que alcanzan a la Fiscalía, la Corte Constitucional y a los jueces.

Decreto 898
Unidad Especial de Investigación en la Fiscalía

Será el órgano judicial encargado de enfrentar a las organizaciones criminales que amenacen la implementación de los acuerdos. Se trata de evitar que los simpatizantes del partido político que surja de las Farc corran la misma suerte que la exterminada Unión Patriótica. Tendrá 1 director, 16 fiscales y 50 investigadores. La unidad tendrá relativa independencia, el fiscal general nombra al director de una terna que le presentarán y este escogerá a su equipo de trabajo. Una extensa parte del decreto se ocupa de reestructurar la planta laboral de la Fiscalía. ¿Qué relación tiene esto con los asuntos urgentes de la paz? Es una pregunta que revolotea por los pasillos de la entidad y que sin duda se hará la corte cuando analice el asunto.

Decreto 889
Corte Constitucional podrá concentrarse en la paz

Se le otorga a la corte la posibilidad de congelar los términos de su trabajo ordinario para priorizar la revisión de las normas de implementación del acuerdo. ¿Aceptarán los magistrados el mensaje de que la paz debe tener prelación en todas las instancias del Estado?

Decreto 900
Suspensión de órdenes de captura contra las Farc

Se congelan las detenciones y extradiciones contra integrantes de las Farc durante el tiempo en que estén en las zonas veredales, y tras la dejación de armas hasta que, según cada caso, sean amnistiados o entre en funcionamiento la justicia especial para la paz. El decreto también los amparará cuando salgan de las zonas por citas médicas o calamidad familiar.

Decreto 888
Unidad Delegada para el Posconflicto en la Contraloría

Se ordena la modificación de la planta de la entidad y su estructura, creando una sección especial. Dado que en los próximos 20 años el gobierno nacional debe implementar el Plan de Inversiones para la Paz, la entidad debe fiscalizar milimétricamente cada peso que se invierta en la paz. Decreto 775Defensa judicial para miembros de la fuerza públicaLos integrantes activos o retirados de la fuerza pública que concurran a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) podrán contar con asesoría y representación de abogados defensores del Fondo de Defensa Técnica Especializada (Fondetec).

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Sobre paz y seguridad

Las medidas para garantizar la reconciliación van desde los bienes que deben entregar las Farc hasta la creación de varias instancias que aporten a la verdad y a la protección de los actores políticos.

Decreto 903
Inventario definitivo de los bienes de las Farc

Los activos y bienes de la guerrilla serán empleados para la reparación material de las víctimas. Todo lo que no haya sido inventariado al momento de concluir la dejación de armas –20 de junio– recibirá el tratamiento que establece la ley ordinaria. Los bienes y recursos monetizados y no monetizados irán a un fondo controlado por Presidencia.

Decreto 154
Comisión Nacional de Garantías de Seguridad

Esta instancia interinstitucional se encargará de diseñar una política pública que enfrente la actividad criminal contra los líderes sociales que participen en la implementación de la paz acordada. La comisión monitoreará las empresas de seguridad para evitar que muten en ejércitos privados, como pasó con las llamadas Convivir.

Decreto 885
Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia

Esta ley relanza el Consejo Nacional de Paz que existe de 1998, ahora con una participación más amplia, diversa y enfoque territorial. Su misión es promover la cultura de la reconciliación y frenar la estigmatización. Al consejo podrán concurrir “actores armados” con voluntad de paz, es decir, el ELN podría tener cabida.

Decreto 895
Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política

Se trata de un escudo de alto nivel que deberá blindar a los actores políticos que emerjan del acuerdo de paz, a los partidos en oposición y a líderes sociales, a fin de que la apertura democrática sea real. Tendrá cuatro ejes: adecuación institucional, prevención de la violencia política, protección y evaluación de las medidas adoptadas.Decreto 871Representante oficial en la CSIVIEl exministro Juan Fernando Cristo es designado para representar al gobierno en la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del acuerdo final.