El freno al fast-track en el Congreso

El 31 de enero era (y sigue siendo) una fecha crucial para la implementación de los acuerdos de paz. Para ese día se tenía previsto que todos los combatientes de las FARC se concentrarán en las zonas veredales como antesala a su efectiva desmovilización. También, el Gobierno (y cómo no, las FARC) esperaba que para ese día el Congreso ya le hubiera dado trámite a la reforma de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), que sin duda le daría un impulso añadido a las demás leyes de implementación, que en teoría tiene un término de seis meses.

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En diciembre, en los últimos días del 2016, la expresión fast track era sinónimo de eficiencia en el Congreso. Como estaba previsto, la Ley de amnistía e indulto fue aprobada, en los términos planeados y en sólo dos semanas. Pero en su trámite, el Gobierno supo que las cosas no serían tan fáciles. Cuando se suponía que esa ley era la más sencilla de la implementación, sus debates resultaron más complejos de lo previsto.

Esta semana, la Cámara de Representantes no pudo aprobar el segundo debate de la reforma de la JEP, como estaba previsto. Las siete sugerencias del fiscal Néstor Humberto Martínez, cuestionadas por las FARC, pusieron al Congreso a levantar el pie del acelerador y a tomar las decisiones con mayor tiempo de reflexión. Más aún cuando la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, magistrada Margarita Cabello, profundizará sobre las competencias de la justicia transicional frente a la ordinaria y preguntará sobre la financiación de la JEP. Fue el primer freno para un Congreso que parecía desbocado en el modo fast track.  

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Pero esas circunstancias, en apariencia, se advierten temas menores, o subsanables, frente a lo que sucede en las regiones, concretamente donde se vienen instalando las zonas veredales de normalización, en la que las unidades de las FARC deberán agruparse antes del proceso de dejación de armas.

Las fechas acordadas entre el Gobierno y las FARC tras la refrendación del nuevo acuerdo de paz hecha en el capitolio y no en las urnas, se acercan con la sensación de que no se van a cumplir. El jefe negociador del gobierno, Humberto de la Calle, fue el primero en reclamar a los jefes guerrilleros por la entrega de los menores de edad reclutados. Incluso insinuó que las FARC están “tomando del pelo” frente a la materia.

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Pablo Catatumbo utilizó una expresión parecida para responderle: “No se trata de mamar gallo”, y aclaró que el asunto está en manos de una comisión integrada por Pastor Alape, de parte de las FARC, y del comisionado Sergio Jaramillo, por el del Gobierno. “Esperemos sus resultados”, dijo Catatumbo con una paciencia que a muchos puso a darle la razón a De la Calle.

Quizá por eso, este miércoles, el Congreso amaneció sensible frente a la implementación de los acuerdos de paz. El senador Álvaro Uribe madrugó para exigir el aplazamiento de los debates hasta tanto las FARC devolvieran a los menores reclutados. Su propuesta tuvo en voceros de Cambio Radical sus primeros apoyos.

También la senadora Claudia López sugirió congelar el fast track por el incumplimiento de los compromisos de las FARC, pero también del Gobierno. Cuestionó que las zonas veredales de normalización no han sido instaladas.  

El ministro Juan Fernando Cristo dijo que el fast track no se ha congelado, ni se congelará. El presidente del Senado, Mauricio Lizcano, conformó una comisión de congresistas de todos los partidos que hará, incluso en el terreno, seguimiento al cumplimiento de los acuerdos.

El fast track, que prometía celeridad, ha sufrido un frenazo apenas en las primeras de cambio. El 31 de enero será una fecha decisiva para que el Congreso, a la espera de que su cumpla lo pactado entre el Gobierno y las FARC, vuelva a poner el pie en el acelerador.