Verificación de la ONU pero hecha a la medida

El proceso de paz cada vez tiene menos reversa. Las partes están decididas a encender los motores y acelerar la discusión de los puntos pendientes y así cumplir con el plazo fijado para firmar el acuerdo final, el próximo 23 de marzo.

No han pasado ocho días desde cuando el Gobierno y las FARC retomaron los diálogos y ya se conocen resultados concretos. Este martes, a través de un comunicado, los negociadores anunciaron que están de acuerdo con que sea el Consejo de Seguridad de la ONU el que verifique el cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo, además del proceso de dejación de armas.

Tener a Naciones Unidas jugando un papel de verificación es a todas luces una garantía de que lo que se va a acordar en La Habana se va a ejecutar en terreno. Como un tercero imparcial, la Comisión que delegue el Consejo de Seguridad, apoyado en algunos países miembros de la Celac (los países fronterizos no participarán), ayudará sin duda a superar los escollos que surjan en el momento en que se implementen los acuerdos.

Sin embargo, para muchos el Consejo de Seguridad -donde encuentran las naciones más potentes del planeta- será un toro difícil de lidiar. A pesar de que Colombia llegó ante ese organismo internacional por su propia voluntad, este tendrá cierta potestad para decidir.

En ese sentido, primero que todo el Gobierno y las FARC deberán diseñar un proyecto de resolución lo más limpio posible para presentar ante la ONU. Allí se excluirán los temas que no están vinculados en forma directa a los acuerdos de paz.

El problema es que, en la práctica, ese concepto es lo suficientemente amplio como para que se justifique la intervención en todos los temas de los que se ocupa Naciones Unidas. Y eso se hará en una instancia creada por los 15 miembros del consejo, que tienen intereses geopolíticos muy diversos y no necesariamente convergentes con los de Colombia.

Para la internacionalista Laura Gil, por ejemplo, el gran reto de cara al país es "negociar una Misión de Mantenimiento de Paz para un contexto específico. Que en vez de que nos apliquen la receta que llevan a uno y otro lado, consigan armar una misión que se ajuste a nuestras necesidades".

No es para menos la preocupación que tienen algunos sectores. A pesar de que un eventual guiño del organismo a la propuesta de los negociadores es un espaldarazo contundente de China, Francia, Rusia, Reino Unido y Estados Unidos a los acuerdos, al Gobierno y las FARC les espera otra negociación por librar.

Su acompañamiento tiene ventajas: la reconocida experiencia que tiene el organismo monitoreando procesos de verificación y el alto apoyo político. Además, no deja de sonar tentador que el organismo asuma todos los costos del despliegue.

"Es un mecanismo que garantiza la financiación de la Misión. Independientemente de su tamaño, una misión de verificación es algo muy costoso. Es mejor dedicar nuestros recursos a la implementación de los demás acuerdos", informó el presidente Juan Manuel Santos minutos después de que se conoció el acuerdo.

No cabe duda de que la eventual concentración de las FARC en varios puntos del país necesitará de la presencia de un personal amplio, con vehículos, recursos y capacidad de movilización. Y esto, dicen, sólo lo puede hacer el Consejo de Seguridad.

Para algunos analistas consultados por Semana.com, el punto en cuestión es la injerencia que pueda llegar a tener la ONU en el país una vez empiece la implementación de los acuerdos. Sin embargo, el abogado de la Universidad del Rosario Juan Ramón Martínez no lo ve grave en la medida que el Gobierno sepa qué es lo que va a quedar consignado en la resolución.

Pero también tiene contras. El gran problema es que los negociadores entran con desventaja, pues Colombia tiene voz y voto para el diseño de la resolución, pero la última palabra la tienen los miembros del organismo.

"Se necesita el consentimiento del país para el despliegue. En teoría Colombia tiene toda la capacidad de poder decir 'eso a mí no me gusta por eso no recibo esa misión'. Pero en la práctica le toca al país sentarse a negociar. No es lo que Colombia quiera. Es pactar cómo será ese proceso de verificación", manifestó Laura Gil a este portal.

Agregó: "Colombia tiene toda la capacidad de decir lo que quiere y si  no le gusta lo que le ofrecen entonces decir no y muchas gracias. No los recibimos. Hay países que han echado misiones de mantenimiento de paz porque no les gustaba como operaban, pero el tema es que políticamente eso es muy costoso".

Hablar de pérdida de soberanía o de injerencia indebida cuando no se tiene luz de lo que se pactará resulta, para algunos, un poco apresurado. Lo que no sobra son las advertencias que desde varios sectores se hacen a los negociadores para que se fijen bien cómo van a mover sus fichas. En sus manos está definir el alcance del mandato de los observadores.

"El Gobierno debe tener muy claro lo que quiere y hasta dónde va a ceder. Veo muy difícil una resolución del Consejo de Seguridad, por ejemplo, que contemple solamente la verificación del cese al fuego sin ningún elemento de derechos humanos. Es más, creo que sería errado", agregó Gil.

Lo importante, dice Juan Ramón Martínez es que se aclaren las funciones de la futura misión. "¿Qué va a solicitar Colombia? Esa es la gran pregunta", puntualizó.